Pagos atrasados en el Gobierno
Hace poco, el Gobierno Nacional aprobó tres créditos extraordinarios por un total de B/. 23.8 millones para cancelar cuentas impagas de la pasada administración, que por lo añejas son denominadas "de vigencia expirada". Como el trámite de su verificación, aprobación y refrendo por la Contraloría es dilatado, más la confección de los cheques, no sería de extrañar que venza el actual período presidencial, y las cuentas continúen sin cancelar.
¿Qué de los proveedores que tienen dos años esperando cobrar? Pues, quizás hayan quebrado o registren moras en sus propias cuentas con sus acreedores, con recargo de intereses y gastos, por no hablar de abogado, cosa que no le ocurre al Gobierno moroso, lo cual es injusto. Debería de pagar al menos los intereses.
La demora en los pagos a sus proveedores ha sido y es una fuente perenne de corrupción. Durante la pasada administración, y bien puede repetirse en ésta, se cobraba comisiones a quienes querían cobrar alguna cuenta a alguna entidad. Hubo un alto funcionario a quien le apodaban "quince por ciento" y otro a quien le cobraron por el pago de unos planos. Pero no sólo es eso. La misma demora encarece los precios de los bienes y servicios provistos al Estado. Un medicamento vendido al Seguro Social o al Ministerio de Salud es más caro que a una farmacia. Y por eso, en las licitaciones, los precios de oferta se inflan, para compensar la demora. Claro que, cuando se fija un precio base o límite, lo que se provoca es una declaratoria de desierto, quedando libre la vía para la contratación directa que es una oportunidad más para la corrupción.
La demora también se presta a desigualdad y trampa en las licitaciones. Basta con prometer a un concursante favorito que los pagos le saldrán a los 60 días, a cambio de una comisión, con tal que gane la subasta bajando los precios de su oferta, puesto que no es lo mismo cobrar en ese plazo que a los 180 días. Lo que se ahorra en intereses, con el pago expedito, sirve para ofrecer un precio menor al de sus competidores quienes trabajarán con base a los 180 días o más. En fin, debe procurarse, en primer término, dispensar un trato igual para todos los contratistas del Estado y, en segundo lugar, agilizarse los pagos. Es intolerable e incomprensible que la misma gente que, en el sector privado están acostumbrados a pagar o recibir el pago de sus cuentas a los 60 días, una vez sentados en las butacas estatales, paguen al doble de ese plazo.
¿Qué de los proveedores que tienen dos años esperando cobrar? Pues, quizás hayan quebrado o registren moras en sus propias cuentas con sus acreedores, con recargo de intereses y gastos, por no hablar de abogado, cosa que no le ocurre al Gobierno moroso, lo cual es injusto. Debería de pagar al menos los intereses.
La demora en los pagos a sus proveedores ha sido y es una fuente perenne de corrupción. Durante la pasada administración, y bien puede repetirse en ésta, se cobraba comisiones a quienes querían cobrar alguna cuenta a alguna entidad. Hubo un alto funcionario a quien le apodaban "quince por ciento" y otro a quien le cobraron por el pago de unos planos. Pero no sólo es eso. La misma demora encarece los precios de los bienes y servicios provistos al Estado. Un medicamento vendido al Seguro Social o al Ministerio de Salud es más caro que a una farmacia. Y por eso, en las licitaciones, los precios de oferta se inflan, para compensar la demora. Claro que, cuando se fija un precio base o límite, lo que se provoca es una declaratoria de desierto, quedando libre la vía para la contratación directa que es una oportunidad más para la corrupción.
La demora también se presta a desigualdad y trampa en las licitaciones. Basta con prometer a un concursante favorito que los pagos le saldrán a los 60 días, a cambio de una comisión, con tal que gane la subasta bajando los precios de su oferta, puesto que no es lo mismo cobrar en ese plazo que a los 180 días. Lo que se ahorra en intereses, con el pago expedito, sirve para ofrecer un precio menor al de sus competidores quienes trabajarán con base a los 180 días o más. En fin, debe procurarse, en primer término, dispensar un trato igual para todos los contratistas del Estado y, en segundo lugar, agilizarse los pagos. Es intolerable e incomprensible que la misma gente que, en el sector privado están acostumbrados a pagar o recibir el pago de sus cuentas a los 60 días, una vez sentados en las butacas estatales, paguen al doble de ese plazo.
