Panamá debe prohibir paso de desechos nucleares por su Canal
Sería lamentable en extremo que, por no renunciar a los altos peajes que sin duda pagan los barcos que atraviesan el Canal de Panamá con desechos nucleares, o por temor a infringir normas marítimas internacionales relacionadas con el libre paso de buques o con la "neutralidad" de la vía acuática, nuestro país terminara negándose a dictar una ley que, haciendo valer nuestra absoluta soberanía y citando los peligros mortales que nos acechan si llegara a haber un accidente, prohiba terminantemente la continuación de esta temeraria práctica.
Nada puede ser más importante que la seguridad de Panamá frente a la posibilidad de catástrofes, que son perfectamente evitables. No hay acuerdo, norma o ley, de ninguna naturaleza, que obligue a un país a poner en peligro su sobrevivencia. Los efectos tóxicos, terribles y múltiples, que los escapes de substancias nucleares causan no sólo al medio ambiente (aguas, aire, tierras), sino a los seres humanos, es algo que está plenamente documentado. Los riesgos, por más serias que sean las medidas de seguridad que se tomen (en los buques mismos, en la manera de hacer su tránsito por el Canal), existen. Siempre existirán. Panamá, por su pequeñez geográfica, pero sobre todo por la concentración poblacional en la capital y en Colón, sufriría consencuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo. Lo ocurrido en 1986 en la planta nuclear de Chernobyl, cuyos efectos continúan haciéndose sentir hoy en los descendientes de quienes entonces eran inocentes habitantes de la flamante Unión Soviética, al fin ha obligado al gobierno de Ucrania a tomar la mejor decisión posible, la única: cerrar por completo este año dicha planta nuclear (lo cual se ha ido haciendo por etapas).
Los políticos panameños, tradicionales en el contagioso hábito de las corruptelas y siempre duchos en apagar a destiempo y mal los incendios causados por su propia imprevisión, difícilmente ponen a la patria por delante de sus propios intereses. Además, siguiendo a Maquiavelo, a veces se animan a cambiar ciertas prácticas, de tal forma que en realidad las cosas no cambien en lo fundamental. De ahí los parches y remiendos que todos conocemos en leyes, e incluso, en constituciones.
Pero ahora, más que un asunto de patriotismo, concepto que para muchos políticos, empresarios y tecnócratas cada día se vuelve más abstracto e intrascendente frente a los avances de la globalización, se trata de un peligro latente para el país concreto (su economía, sus habitantes, su continuidad misma como parcela real de vida). Y los legisladores, que por supuesto son políticos excesivamente remunerados y atendidos a sus personalísimos intereses, deben enfrentar este difícil tema tarde o temprano, ya que la seguridad del país está por encima de las normas que en este momento rigen al Canal de Panamá y a sus transitorias autoridades.
La formulación de una Ley que, previa documentación prolija y con el apoyo de asesoría científica, clara y contundentemente prohiba que por nuestro Canal pasen barcos de cualquier bandera con desechos nucleares, es tarea que no debe quedar indefinidamente pendiente. En algún momento, por alguna causa fortuita o inducida, un accidente fatal podría producirse. Entonces, por supuesto, sería demasiado tarde. Por otra parte, otra tarea pendiente, y de alguna manera relacionada con la anterior, tampoco debe dejarse diluir por las indefiniciones de una diplomacia poco aguerrida que busca no pisar callos a los intereses económicos norteamericanos, cuyas decisiones, a su vez, nos afectan siempre. Es la de ponerle un plazo a los Estados Unidos para que se decida a limpiar las áreas contaminadas en la ex-Zona del Canal.
Hasta ahora hemos tenido mucha suerte, porque ha habido pocos incidentes fatales conocidos, y también es cierto que ha pasado poco tiempo desde que las bases militares fueron desalojadas. Pero los explosivos, y tal vez lo que es peor, los desechos químicos empleados (sarín, agente naranja, mostaza, cloruro cianógeno y cianuro de hidrógeno, según Ricardo J. Bermúdez Dutari y Carlos Arellano Lennox, en "Contaminación y descontaminación en las áreas revertidas y otros sitios de la República de Panamá", U.T.P., 1999), "fueron almacenados, expuestos al medio ambiente tropical, detonados y abandonados aún activos en varios sitios de tierra y mar en la República de Panamá" (pág. 19). En algún momento podrían tener efectos mutilantes o mortales (en el caso de los explosivos) o residuales, con efectos graves sobre la salud por la contaminación de aguas, suelo y aire (en el caso de la substancias químicas), contra lo cual, probablemente, no sea mucho lo que se pueda hacer ya.
Panamá, ante la indiferencia de los Estados Unidos, puede y debe denunciar esta contaminación ominosa ante los organismos internacionales pertinentes, ya que no sólo fuimos por casi un siglo "conejillos de indias", sino que ahora que los norteamericanos se han ido pretenden que, como buenos "congos", nos crucemos de brazos y además demos las gracias. Pues no, mil veces no. Como lo señala atinada y responsablemente Bermúdez Dutari en la publicación antes citada, "el asunto de la limpieza de materiales bélicos en la República de Panamá va mucho más allá de simples actitudes políticas o protestas caprichosas para aupar un nacionalismo falso y desfasado. Es un tema delicado y que merece la atención de todos los panameños, tanto para fincar nuestras relaciones internacionales sobre una sólida estructura de respeto por las leyes y convenios existentes, como para aprovechar al máximo la riqueza latente en nuestros mares y tierras". (pág. 22).
Al respecto, existen dos documentos que obligan a los Estados Unidos a limpiar su letal basura dejada en nuestro país: el conjunto de disposiciones que conforman los Tratados Torrijos-Carter (de 1977) y la Convención de Armamentos Químicos (firmada en París en 1993), de la cual Panamá y otras 168 naciones son signatarios.
Es muy preocupante, que la nueva administración de la ARI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la mismísima Presidencia de la República, que sin duda conocen los señalamientos hechos Bermúdez Dutari y Arellano Lennox en la obra multicitada, no hayan formulado comentarios públicos sobre los mismos, ni puesto un plazo claro a las poco convincentes gestiones diplomáticas que supuestamente se realizan. Así como Omar Torrijos hizo un "lobby" internacional incansable que concluyó en los tratados que llevan su nombre y nos devolvieron nuestro territorio y su soberanía, Mireya Moscoso debe empezar, bien asesorada, una enérgica y sostenida campaña mundial, en todos los foros posibles, para que los sitios contaminados se limpien realmente hasta el máximo de la capacidad técnica y humana.
Nada puede ser más importante que la seguridad de Panamá frente a la posibilidad de catástrofes, que son perfectamente evitables. No hay acuerdo, norma o ley, de ninguna naturaleza, que obligue a un país a poner en peligro su sobrevivencia. Los efectos tóxicos, terribles y múltiples, que los escapes de substancias nucleares causan no sólo al medio ambiente (aguas, aire, tierras), sino a los seres humanos, es algo que está plenamente documentado. Los riesgos, por más serias que sean las medidas de seguridad que se tomen (en los buques mismos, en la manera de hacer su tránsito por el Canal), existen. Siempre existirán. Panamá, por su pequeñez geográfica, pero sobre todo por la concentración poblacional en la capital y en Colón, sufriría consencuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo. Lo ocurrido en 1986 en la planta nuclear de Chernobyl, cuyos efectos continúan haciéndose sentir hoy en los descendientes de quienes entonces eran inocentes habitantes de la flamante Unión Soviética, al fin ha obligado al gobierno de Ucrania a tomar la mejor decisión posible, la única: cerrar por completo este año dicha planta nuclear (lo cual se ha ido haciendo por etapas).
Los políticos panameños, tradicionales en el contagioso hábito de las corruptelas y siempre duchos en apagar a destiempo y mal los incendios causados por su propia imprevisión, difícilmente ponen a la patria por delante de sus propios intereses. Además, siguiendo a Maquiavelo, a veces se animan a cambiar ciertas prácticas, de tal forma que en realidad las cosas no cambien en lo fundamental. De ahí los parches y remiendos que todos conocemos en leyes, e incluso, en constituciones.
Pero ahora, más que un asunto de patriotismo, concepto que para muchos políticos, empresarios y tecnócratas cada día se vuelve más abstracto e intrascendente frente a los avances de la globalización, se trata de un peligro latente para el país concreto (su economía, sus habitantes, su continuidad misma como parcela real de vida). Y los legisladores, que por supuesto son políticos excesivamente remunerados y atendidos a sus personalísimos intereses, deben enfrentar este difícil tema tarde o temprano, ya que la seguridad del país está por encima de las normas que en este momento rigen al Canal de Panamá y a sus transitorias autoridades.
La formulación de una Ley que, previa documentación prolija y con el apoyo de asesoría científica, clara y contundentemente prohiba que por nuestro Canal pasen barcos de cualquier bandera con desechos nucleares, es tarea que no debe quedar indefinidamente pendiente. En algún momento, por alguna causa fortuita o inducida, un accidente fatal podría producirse. Entonces, por supuesto, sería demasiado tarde. Por otra parte, otra tarea pendiente, y de alguna manera relacionada con la anterior, tampoco debe dejarse diluir por las indefiniciones de una diplomacia poco aguerrida que busca no pisar callos a los intereses económicos norteamericanos, cuyas decisiones, a su vez, nos afectan siempre. Es la de ponerle un plazo a los Estados Unidos para que se decida a limpiar las áreas contaminadas en la ex-Zona del Canal.
Hasta ahora hemos tenido mucha suerte, porque ha habido pocos incidentes fatales conocidos, y también es cierto que ha pasado poco tiempo desde que las bases militares fueron desalojadas. Pero los explosivos, y tal vez lo que es peor, los desechos químicos empleados (sarín, agente naranja, mostaza, cloruro cianógeno y cianuro de hidrógeno, según Ricardo J. Bermúdez Dutari y Carlos Arellano Lennox, en "Contaminación y descontaminación en las áreas revertidas y otros sitios de la República de Panamá", U.T.P., 1999), "fueron almacenados, expuestos al medio ambiente tropical, detonados y abandonados aún activos en varios sitios de tierra y mar en la República de Panamá" (pág. 19). En algún momento podrían tener efectos mutilantes o mortales (en el caso de los explosivos) o residuales, con efectos graves sobre la salud por la contaminación de aguas, suelo y aire (en el caso de la substancias químicas), contra lo cual, probablemente, no sea mucho lo que se pueda hacer ya.
Panamá, ante la indiferencia de los Estados Unidos, puede y debe denunciar esta contaminación ominosa ante los organismos internacionales pertinentes, ya que no sólo fuimos por casi un siglo "conejillos de indias", sino que ahora que los norteamericanos se han ido pretenden que, como buenos "congos", nos crucemos de brazos y además demos las gracias. Pues no, mil veces no. Como lo señala atinada y responsablemente Bermúdez Dutari en la publicación antes citada, "el asunto de la limpieza de materiales bélicos en la República de Panamá va mucho más allá de simples actitudes políticas o protestas caprichosas para aupar un nacionalismo falso y desfasado. Es un tema delicado y que merece la atención de todos los panameños, tanto para fincar nuestras relaciones internacionales sobre una sólida estructura de respeto por las leyes y convenios existentes, como para aprovechar al máximo la riqueza latente en nuestros mares y tierras". (pág. 22).
Al respecto, existen dos documentos que obligan a los Estados Unidos a limpiar su letal basura dejada en nuestro país: el conjunto de disposiciones que conforman los Tratados Torrijos-Carter (de 1977) y la Convención de Armamentos Químicos (firmada en París en 1993), de la cual Panamá y otras 168 naciones son signatarios.
Es muy preocupante, que la nueva administración de la ARI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la mismísima Presidencia de la República, que sin duda conocen los señalamientos hechos Bermúdez Dutari y Arellano Lennox en la obra multicitada, no hayan formulado comentarios públicos sobre los mismos, ni puesto un plazo claro a las poco convincentes gestiones diplomáticas que supuestamente se realizan. Así como Omar Torrijos hizo un "lobby" internacional incansable que concluyó en los tratados que llevan su nombre y nos devolvieron nuestro territorio y su soberanía, Mireya Moscoso debe empezar, bien asesorada, una enérgica y sostenida campaña mundial, en todos los foros posibles, para que los sitios contaminados se limpien realmente hasta el máximo de la capacidad técnica y humana.
