Panamá: Estado social y solidario de Derecho...¿Utopía?
A inicios del siglo XVI, Sir Tomás Moro, terciario franciscano, fungió como Lord Canciller del Rey Enrique VIII de Inglaterra. El hoy santo de la Iglesia católica, que tiene el patronato de todos los políticos y estadistas, escribió en 1516 la obra "Utopía", en la que describía una sociedad ideal en una tierra lejana. El término acuñado ha pasado para la Real Academia Española de la Lengua, como un plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. Quizás para los pesimistas, "utopía" sea sinónimo de "sueño imposible". Pero, precisamente, porque es un sueño, es un ideal de la humanidad, significa que es posible.
A más de cinco siglos de la vida de santo Tomás Moro, nos encontramos en el marco de las celebraciones del Centenario de la República. Existe un ambiente cada vez más favorable en la sociedad panameña para discutir la posibilidad de efectuar cambios sustanciales a la Carta Fundamental que hoy rige a Panamá. Algunos proyectos que circulan definen a la nación panameña como Estado Social de Derecho. Esto significa un avance en cuanto a la visión que tiene el Constituyente Primario o el Derivado sobre la forma de enfocar la filosofía primaria o causa primera del Estado. Pero, ¿por qué como sociedad, no consideramos además la necesidad de definir al Estado panameño como una entidad social de Derecho, agregando el adjetivo de "solidario?"
El próximo 20 de enero de 2004 se cumplen cien años de la entrada en vigor de la primera Constitución panameña de la era republicana. Desde el nacimiento de la República, han regido al país cuatro constituciones políticas (1904, 1941, 1946 y 1972), cada una presentando su propia visión del Estado. No obstante, en cuanto a la definición de Estado que cada una de ellas tenía, repetían palabras más, palabras menos, lo mismo: Que la Nación panameña se organiza en Estado soberano e independiente, con un sistema de gobierno unitario, republicano, democrático y representativo. Ello significa que la Constitución panameña vigente (de 1972) aún mantiene la concepción tradicional de Estado neoliberal.
El Derecho Constitucional desde hace poco más de tres décadas, ha concebido la idea del Estado Social y democrático de Derecho, entendiendo el adjetivo de "social", como el predominio de los intereses de la sociedad sobre los del grupo. A éste se vincula el adjetivo "democrático", que se refiere a la aspiración de que siempre prevalezca la decisión del pueblo.
La propuesta típica del sistema neoliberal implica reducir al mínimo las funciones del Estado, es decir, dejar bajo su ingerencia los asuntos relacionados a la defensa y seguridad (externa e interna), educación, salud y obras de infraestructura. Algunos radicales, sostienen que el Estado debe reducir al mínimo y, si es preciso, eliminar toda actividad en materia de salud y de educación. Igualmente debe incentivar la privatización; es decir, vender o transferir al sector privado empresas y/o servicios públicos. Se considera que el Estado no debe tener ninguna injerencia en el área económica en razón de su ineficacia e ineficiencia administrativa (política del "laisse faire-laisser passe"), permitiendo así el libre mercado. Se busca sobre todo, la eliminación de las políticas sociales y de seguridad social porque constituyen una de las cargas más pesadas para el Estado.
Desde hace varios años, la Iglesia ha insistido en la necesidad de humanizar la economía panameña. No podemos soslayar que se ha producido un crecimiento económico durante la época de los años "90, luego de afrontar la crisis política y social más importante de la historia panameña, como lo fue el derrumbe del militarismo. Debemos reconocer que los beneficios de este crecimiento no ha llegado de manera equitativa a todos los sectores del país.
Cabe retomar el criterio expuestos por los Obispos de Panamá, que en la Carta Pastoral No.13 de 3 de noviembre de 1993, sobre la Nueva Evangelización y Sociedad Panameña, sostienen con relación a la economía: "A pesar de que, durante un buen tiempo, hubo crecimiento económico, el Estado, los empresarios y los grupos gremiales, no han hecho un esfuerzo coordinado y sostenido para incorporar a los sectores marginados en el desarrollo económico. Aun en los momentos de mayor crecimiento, gran parte de la población quedó fuera de toda atención: no hubo ni la capacitación humana, ni las inversiones, ni facilidad de crédito para que los sectores marginados participasen en la vida productiva del país" (No.66). En su reflexión doctrinal, sostiene el documento, que la Iglesia desde la perspectiva del Evangelio, se preocupa por la dignidad de la persona y servicios se realice con equidad y solidaridad, de manera que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y participar dignamente con su trabajo en el proceso mismo de la vida económica. De allí la necesidad, como línea pastoral, crear conciencia de solidaridad entre los panameños (No.76). A pesar que Panamá tiene lo necesario para afrontar sus principales problemas, la distribución del producto nacional no ha resultado equitativa. Surge aquí la denuncia que insiste la Conferencia Episcopal en la Carta No.14, firmada con motivo de la preparación al Gran Jubileo del 2000, cuando la Iglesia panameña denuncia insistentemente la creciente brecha entre ricos y pobres, donde la mitad de las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Parece que la realidad muestra que existen dos Panamá, separadas una de la otra. Un Panamá que se muestra en los certámenes de belleza internacionales, con un Canal Interoceánico, una economía de servicios floreciente, un sólido centro bancario, una Zona Libre abierta al mundo, un ecosistema que maravilla a las personas...Pero también existe el Panamá de la miseria y del olvido, de los campesinos sin tierra, de las víctimas de una posible inundación de sus tierras en "aras del progreso", de los indígenas que sobreviven a la diaria miseria, de los desempleados, de los pobladores de las barriadas marginales, en donde peligra incluso la salud. Con razón apuntan los Obispos: "...en nuestro país no existe una verdadera identidad y solidaridad como pueblo, que vaya más allá de una mera ideología nacionalista. Hasta ahora prevalecen más bien los intereses grupales" (No.15).
Proponemos la consideración de un sistema constitucional social dentro del contexto de la "cultura de la solidaridad", donde existe una eficaz justicia distributiva que impulse el bien común de los panameños.
La Iglesia exhorta a partir del Evangelio para promover una cultura de la solidaridad, que incentive oportunas iniciativas de ayuda a los pobres y a los marginados, como lo sugiere el Papa Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica Ecclesia in America (No.52), es deber de todos los hombres y mujeres, promover un nuevo orden económico, social y político, conforme a la dignidad de todas y cada una de las personas, impulsando la justicia y la solidaridad (cfr. Documento de Santo Domingo del CELAM de 1992, No. 296.2.1.) En realidad, la mejor respuesta a este problema resulta la promoción de la solidaridad y de la paz, a efectos de hacer realidad el criterio de justicia. Manifiesta el Papa Juan Pablo II en el documento: "El Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera democracia... En efecto, no hay una democracia verdadera y estable sin justicia social". Ha llegado la hora de hacer realidad la utopía... hacer de opción por una verdadera justicia social, que en sí debe ser solidaria.
Unica mujer miembro del Consejo Mundial para el programa del SIDA-OMS Ginebra.
Además ha realizado trabajos de investigación bioquímica para pacientes terminales de cáncer y SIDA.
Es la única panameña en ocupar una posición cimera por concursos de mérito.
A más de cinco siglos de la vida de santo Tomás Moro, nos encontramos en el marco de las celebraciones del Centenario de la República. Existe un ambiente cada vez más favorable en la sociedad panameña para discutir la posibilidad de efectuar cambios sustanciales a la Carta Fundamental que hoy rige a Panamá. Algunos proyectos que circulan definen a la nación panameña como Estado Social de Derecho. Esto significa un avance en cuanto a la visión que tiene el Constituyente Primario o el Derivado sobre la forma de enfocar la filosofía primaria o causa primera del Estado. Pero, ¿por qué como sociedad, no consideramos además la necesidad de definir al Estado panameño como una entidad social de Derecho, agregando el adjetivo de "solidario?"
El próximo 20 de enero de 2004 se cumplen cien años de la entrada en vigor de la primera Constitución panameña de la era republicana. Desde el nacimiento de la República, han regido al país cuatro constituciones políticas (1904, 1941, 1946 y 1972), cada una presentando su propia visión del Estado. No obstante, en cuanto a la definición de Estado que cada una de ellas tenía, repetían palabras más, palabras menos, lo mismo: Que la Nación panameña se organiza en Estado soberano e independiente, con un sistema de gobierno unitario, republicano, democrático y representativo. Ello significa que la Constitución panameña vigente (de 1972) aún mantiene la concepción tradicional de Estado neoliberal.
El Derecho Constitucional desde hace poco más de tres décadas, ha concebido la idea del Estado Social y democrático de Derecho, entendiendo el adjetivo de "social", como el predominio de los intereses de la sociedad sobre los del grupo. A éste se vincula el adjetivo "democrático", que se refiere a la aspiración de que siempre prevalezca la decisión del pueblo.
La propuesta típica del sistema neoliberal implica reducir al mínimo las funciones del Estado, es decir, dejar bajo su ingerencia los asuntos relacionados a la defensa y seguridad (externa e interna), educación, salud y obras de infraestructura. Algunos radicales, sostienen que el Estado debe reducir al mínimo y, si es preciso, eliminar toda actividad en materia de salud y de educación. Igualmente debe incentivar la privatización; es decir, vender o transferir al sector privado empresas y/o servicios públicos. Se considera que el Estado no debe tener ninguna injerencia en el área económica en razón de su ineficacia e ineficiencia administrativa (política del "laisse faire-laisser passe"), permitiendo así el libre mercado. Se busca sobre todo, la eliminación de las políticas sociales y de seguridad social porque constituyen una de las cargas más pesadas para el Estado.
Desde hace varios años, la Iglesia ha insistido en la necesidad de humanizar la economía panameña. No podemos soslayar que se ha producido un crecimiento económico durante la época de los años "90, luego de afrontar la crisis política y social más importante de la historia panameña, como lo fue el derrumbe del militarismo. Debemos reconocer que los beneficios de este crecimiento no ha llegado de manera equitativa a todos los sectores del país.
Cabe retomar el criterio expuestos por los Obispos de Panamá, que en la Carta Pastoral No.13 de 3 de noviembre de 1993, sobre la Nueva Evangelización y Sociedad Panameña, sostienen con relación a la economía: "A pesar de que, durante un buen tiempo, hubo crecimiento económico, el Estado, los empresarios y los grupos gremiales, no han hecho un esfuerzo coordinado y sostenido para incorporar a los sectores marginados en el desarrollo económico. Aun en los momentos de mayor crecimiento, gran parte de la población quedó fuera de toda atención: no hubo ni la capacitación humana, ni las inversiones, ni facilidad de crédito para que los sectores marginados participasen en la vida productiva del país" (No.66). En su reflexión doctrinal, sostiene el documento, que la Iglesia desde la perspectiva del Evangelio, se preocupa por la dignidad de la persona y servicios se realice con equidad y solidaridad, de manera que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y participar dignamente con su trabajo en el proceso mismo de la vida económica. De allí la necesidad, como línea pastoral, crear conciencia de solidaridad entre los panameños (No.76). A pesar que Panamá tiene lo necesario para afrontar sus principales problemas, la distribución del producto nacional no ha resultado equitativa. Surge aquí la denuncia que insiste la Conferencia Episcopal en la Carta No.14, firmada con motivo de la preparación al Gran Jubileo del 2000, cuando la Iglesia panameña denuncia insistentemente la creciente brecha entre ricos y pobres, donde la mitad de las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Parece que la realidad muestra que existen dos Panamá, separadas una de la otra. Un Panamá que se muestra en los certámenes de belleza internacionales, con un Canal Interoceánico, una economía de servicios floreciente, un sólido centro bancario, una Zona Libre abierta al mundo, un ecosistema que maravilla a las personas...Pero también existe el Panamá de la miseria y del olvido, de los campesinos sin tierra, de las víctimas de una posible inundación de sus tierras en "aras del progreso", de los indígenas que sobreviven a la diaria miseria, de los desempleados, de los pobladores de las barriadas marginales, en donde peligra incluso la salud. Con razón apuntan los Obispos: "...en nuestro país no existe una verdadera identidad y solidaridad como pueblo, que vaya más allá de una mera ideología nacionalista. Hasta ahora prevalecen más bien los intereses grupales" (No.15).
Proponemos la consideración de un sistema constitucional social dentro del contexto de la "cultura de la solidaridad", donde existe una eficaz justicia distributiva que impulse el bien común de los panameños.
La Iglesia exhorta a partir del Evangelio para promover una cultura de la solidaridad, que incentive oportunas iniciativas de ayuda a los pobres y a los marginados, como lo sugiere el Papa Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica Ecclesia in America (No.52), es deber de todos los hombres y mujeres, promover un nuevo orden económico, social y político, conforme a la dignidad de todas y cada una de las personas, impulsando la justicia y la solidaridad (cfr. Documento de Santo Domingo del CELAM de 1992, No. 296.2.1.) En realidad, la mejor respuesta a este problema resulta la promoción de la solidaridad y de la paz, a efectos de hacer realidad el criterio de justicia. Manifiesta el Papa Juan Pablo II en el documento: "El Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera democracia... En efecto, no hay una democracia verdadera y estable sin justicia social". Ha llegado la hora de hacer realidad la utopía... hacer de opción por una verdadera justicia social, que en sí debe ser solidaria.
Unica mujer miembro del Consejo Mundial para el programa del SIDA-OMS Ginebra.
Además ha realizado trabajos de investigación bioquímica para pacientes terminales de cáncer y SIDA.
Es la única panameña en ocupar una posición cimera por concursos de mérito.
