Panamá y el tráfico de armas
Los escandalosos hechos dados a conocer por la prensa local e internacional sobre el presunto tráfico de armas a Colombia no tienen nombre. Se trata de un crimen de lesa patria, pues se ha puesto en peligro la seguridad del país por las represalias que grupos insurgentes colombianos pudieran adoptar contra Panamá, que no es ninguna iniciada en estos asuntos del tráfico ilegal de armas. Ya tenemos una tradición que, hasta donde tenemos registro, data desde la administración del ex presidente Endara gracias a la impunidad que siempre ha imperado.
1° En el año de 1993 recordamos el escandaloso incidente internacional que se produjo durante la administración del ex presidente Endara gracias a un millonario tráfico de armas checas hacia Bosnia-Herzegovina y en la que, de acuerdo con las publicaciones periodísticas del momento, tuvo la participación directa de, por lo menos, tres funcionarios gubernamentales panameños que desempeñaban los cargos de Cónsul de Panamá en Barcelona, el Vicecónsul y la encargada de asuntos consulares en Madrid, España. En aquél entonces se firmaron varios certificados correspondientes a compras realizadas por el gobierno de la República de Panamá que proyectaban al gobierno como destinatario de la compra de un cargamento multimillonario de armas que se comentó ascendía a más de 50 millones de dólares. No fue sino por gestiones del fabricante de armas checo, dado a reciente experiencia en la que había recibido un pedido de armas de Bolivia que había resultado falso, que decidió solicitar una certificación al gobierno panameño para que confirmara o negara la autenticidad de la transacción, lo que motivó una respuesta del gobierno panameño en el sentido de que las armas no habían sido adquiridas por Panamá. Un gran revuelo se suscitó y se dieron despidos y renuncias.
2° Otro tráfico ilegal de armas se dio en los casos de certificaciones de destino final de armas a Panamá en una aparente triangulación que se dio entre Argentina, Panamá y Croacia. Comenta el diario La Prensa, en una noticia de su Diario Digital, que un militar argentino, traficante de armas, que recorría el mundo con pasaporte panameño falsificado y que visitaba con mucha frecuencia las oficinas del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá en 1991, José Miguel Alemán, entonces viceministro del ramo, lo recibía. En ese cabildeo, el militar argentino obtuvo documentos que le permitieron, mediante falsificación o alteración, que las autoridades argentinas asumieran que el destino final de las armas era Panamá. Dentro del largo proceso sobre el caso, un ministro de Estado bonaerense mencionó al viceministro de Gobierno y Justicia panameño como la persona que expidió los pedidos de armas a Argentina. En el expediente judicial de la investigación sobre el tráfico de armas argentinas, comenta el diario en cuestión, existen copias del presunto certificado de pedido de armas avaladas por la sección consular de la embajada argentina en Panamá que culminó con el arresto de figuras cimeras argentinas como lo fueron Menem y Carballo, entre otros. En Panamá, como de costumbre, nada se investigó, todo ha quedado en el más absoluto misterio.
3° Ahora, nuevamente, Panamá anda embrollada en el tráfico ilegal de armas. Como en ocasiones anteriores se pone en disputa la autenticidad de los certificados de destino final que indican a Panamá como aparente comprador de las armas. Los representantes de la empresa guatemalteca GIR,S.A., que se menciona como la intermediaria en el trueque, ha afirmado que Panamá los contrató para comprar un lote de armas de fusiles de asalto AK-47, que luego fue desviado a Colombia y que con precisión no se ha determinado si era de diez, siete, cinco o tres mil fusiles. Según declaraciones formuladas por uno de los representantes de la empresa intermediaria, ellos pagaron por los fusiles a Nicaragua y luego "representantes de la Policía Nacional de Panamá les cancelaron el monto". Si eso fue así, es de suponer que la empresa en cuestión debe tener el cheque correspondiente que salda dicha presunta compra por parte de Panamá, sobre todo si como ellos dicen "se realizaron todos los trámites legales", porque es de presumir que un gobierno no cancela sus obligaciones en efectivo y menos tratándose de operaciones de esta índole.
Por otro lado, también extraña la actitud del gobierno nicaragüense que debió ponerse en contacto con el panameño a fin de confirmar o negar la autenticidad de la orden de compra en cuestión, sobre todo por los antecedentes existentes.
Todo está muy confuso y no existe la voluntad real de indagar a profundidad qué fue lo que aconteció con el fin de determinar quiénes fueron los responsables y les caiga todo el peso de la ley. Esta puede también ser una operación encubierta de la CIA que se ha valido de una serie de artificios para armar a facciones de extrema derecha que participan en el conflicto armado de Colombia.
1° En el año de 1993 recordamos el escandaloso incidente internacional que se produjo durante la administración del ex presidente Endara gracias a un millonario tráfico de armas checas hacia Bosnia-Herzegovina y en la que, de acuerdo con las publicaciones periodísticas del momento, tuvo la participación directa de, por lo menos, tres funcionarios gubernamentales panameños que desempeñaban los cargos de Cónsul de Panamá en Barcelona, el Vicecónsul y la encargada de asuntos consulares en Madrid, España. En aquél entonces se firmaron varios certificados correspondientes a compras realizadas por el gobierno de la República de Panamá que proyectaban al gobierno como destinatario de la compra de un cargamento multimillonario de armas que se comentó ascendía a más de 50 millones de dólares. No fue sino por gestiones del fabricante de armas checo, dado a reciente experiencia en la que había recibido un pedido de armas de Bolivia que había resultado falso, que decidió solicitar una certificación al gobierno panameño para que confirmara o negara la autenticidad de la transacción, lo que motivó una respuesta del gobierno panameño en el sentido de que las armas no habían sido adquiridas por Panamá. Un gran revuelo se suscitó y se dieron despidos y renuncias.
2° Otro tráfico ilegal de armas se dio en los casos de certificaciones de destino final de armas a Panamá en una aparente triangulación que se dio entre Argentina, Panamá y Croacia. Comenta el diario La Prensa, en una noticia de su Diario Digital, que un militar argentino, traficante de armas, que recorría el mundo con pasaporte panameño falsificado y que visitaba con mucha frecuencia las oficinas del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá en 1991, José Miguel Alemán, entonces viceministro del ramo, lo recibía. En ese cabildeo, el militar argentino obtuvo documentos que le permitieron, mediante falsificación o alteración, que las autoridades argentinas asumieran que el destino final de las armas era Panamá. Dentro del largo proceso sobre el caso, un ministro de Estado bonaerense mencionó al viceministro de Gobierno y Justicia panameño como la persona que expidió los pedidos de armas a Argentina. En el expediente judicial de la investigación sobre el tráfico de armas argentinas, comenta el diario en cuestión, existen copias del presunto certificado de pedido de armas avaladas por la sección consular de la embajada argentina en Panamá que culminó con el arresto de figuras cimeras argentinas como lo fueron Menem y Carballo, entre otros. En Panamá, como de costumbre, nada se investigó, todo ha quedado en el más absoluto misterio.
3° Ahora, nuevamente, Panamá anda embrollada en el tráfico ilegal de armas. Como en ocasiones anteriores se pone en disputa la autenticidad de los certificados de destino final que indican a Panamá como aparente comprador de las armas. Los representantes de la empresa guatemalteca GIR,S.A., que se menciona como la intermediaria en el trueque, ha afirmado que Panamá los contrató para comprar un lote de armas de fusiles de asalto AK-47, que luego fue desviado a Colombia y que con precisión no se ha determinado si era de diez, siete, cinco o tres mil fusiles. Según declaraciones formuladas por uno de los representantes de la empresa intermediaria, ellos pagaron por los fusiles a Nicaragua y luego "representantes de la Policía Nacional de Panamá les cancelaron el monto". Si eso fue así, es de suponer que la empresa en cuestión debe tener el cheque correspondiente que salda dicha presunta compra por parte de Panamá, sobre todo si como ellos dicen "se realizaron todos los trámites legales", porque es de presumir que un gobierno no cancela sus obligaciones en efectivo y menos tratándose de operaciones de esta índole.
Por otro lado, también extraña la actitud del gobierno nicaragüense que debió ponerse en contacto con el panameño a fin de confirmar o negar la autenticidad de la orden de compra en cuestión, sobre todo por los antecedentes existentes.
Todo está muy confuso y no existe la voluntad real de indagar a profundidad qué fue lo que aconteció con el fin de determinar quiénes fueron los responsables y les caiga todo el peso de la ley. Esta puede también ser una operación encubierta de la CIA que se ha valido de una serie de artificios para armar a facciones de extrema derecha que participan en el conflicto armado de Colombia.
