Panorama 2009: Sistema electoral secuestrado
COMO, EN TÉRMINOS generales, la crisis de los partidos ha sido ampliamente comentada, me concentraré en la situación de los partidos panameños, que es la que particularmente nos afecta.
En Panamá, a pesar de que la mayoría del país coincide en que nuestros partidos son organizaciones electoreras, ineficaces y anquilosadas; que contribuyen muy poco, o casi nada, a la formación y orientación de la ciudadanía o al fortalecimiento de nuestra incipiente democracia, éstos disfrutan de enormes y absurdos privilegios y prebendas, que no tienen en otros países del continente, gracias a la complicidad de una legislación electoral que ellos acomodan a su antojo y conveniencia, y a la connivencia del Tribunal Electoral. Nuestra Carta Magna consagra, exalta y privilegia el sistema de partidos políticos; y la ley (el Código Electoral) todavía va más lejos, rodeándoles de condiciones que, de hecho, les han permitido secuestrar el sistema electoral.
El artículo 138 de la Constitución, expresamente dice: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la Ley. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos". La segunda parte del artículo se refiere al reconocimiento y subsistencia de los partidos, aspecto del que no me ocuparé en esta ocasión.
El artículo 138 de la Constitución estuvo pensado para reafirmar el papel que corresponde a los partidos en el desarrollo de la democracia, pero nunca fue su intención otorgarles el monopolio de la actividad política y, por ello, a la par de reconocerles como instrumentos fundamentales para la participación política, aclaró que ese papel deben cumplirlo, "sin perjuicio de la libre postulación". Y, también, les impuso la función de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular.
Sin embargo, la posibilidad de la libre postulación fue cercenada por la propia Constitución y, posteriormente, por el Código Electoral. En contradicción con el artículo 138, en el artículo 141 de la misma Constitución, que estuvo vigente hasta la aprobación de las últimas reformas, por el numeral 7, se reservó a los partidos políticos el derecho, exclusivo, de postular candidatos a Legisladores. Y, aunque en la Constitución no se establecía igual exclusividad sobre las postulaciones para presidente de la República, el Código Electoral, expresamente, dispuso que únicamente los partidos pueden postular candidatos presidenciales. Esta norma sigue vigente.
En el artículo que, bajo el título: "Panorama 2009: Los primeros codazos", publiqué en el Panamá América, el martes 9 de agosto de 2005, concluía señalando que, el monopolio que por mandato del Código Electoral tienen los partidos políticos sobre las candidaturas presidenciales, es la razón de las constantes y bochornosas guerras entre sus miembros para hacerse con el control del partido, por ser ésta la única vía legal que habilita para escalar a la jefatura del Estado.
Si bien el monopolio de los partidos sobre las candidaturas para diputados fue eliminado, ello no significa que ha desaparecido el control que, con la complicidad del Tribunal Electoral, ellos tienen del sistema electoral panameño. Mientras se mantenga el monopolio de las postulaciones presidenciales y los absurdos, escandalosos y aberrantes subsidios con fondos públicos de que disfrutan los partidos políticos, éstos continuarán siendo los dueños y administradores, para su ventaja, del sistema electoral.
Nuestra historia republicana está saturada de ejemplos, nada edificantes, de los juegos y rejuegos de los partidos, con la única finalidad de alcanzar el poder o una parte de él. Y, tradicionalmente, también hemos visto cómo siempre, al final, terminaban constituyéndose dos bloques, alrededor de las dos candidaturas de mayor opción. El sistema electoral actual, de hecho, impone esa polarización. Y los electores siempre han terminado atrapados entre la disyuntiva de votar por uno de los dos candidatos de mayor opción o "botar su voto", dándoselo a un tercer o cuarto candidatos, sin posibilidades de triunfar.
Por efecto de la polarización, los dos partidos principales siempre han terminado "haciéndose" con el mayor número de diputados y controlando el Órgano Legislativo. Como consecuencia, las llamadas "terceras fuerzas", sólo logran representaciones muy magras.
La polarización, por el efecto que tiene sobre los votos para presidente, también se proyecta sobre el subsidio electoral y, en consecuencia, los dos partidos principales se llevan la mayor tajada. Y una mayor cuota del subsidio, también les permite financiar y realizar más proselitismo. En síntesis, el sistema es un círculo perverso diseñado para consolidar el secuestro del sistema electoral.
Romper el monopolio de los partidos es esencial para democratizar el sistema electoral panameño, pero no será fácil, pues los partidos, valiéndose de las normas legales vigentes, tienen la capacidad, como hasta ahora lo han hecho, para neutralizar los intentos encaminados a ese fin. Por ello, será necesaria una acción concertada, organizada y enérgica de parte de los otros sectores de la sociedad panameña, para obligarles a ceder. La vía de la Comisión de Reformas Electorales que se reúne por convocatoria del Tribunal Electoral ha probado ser ineficaz. Por consiguiente, se requerirá de una mayor presión de la ciudadanía no partidista, agrupada en las organizaciones gremiales, sindicales y empresariales y de la sociedad civil para imponer los cambios.
Estoy convencido de que no transcurrirá mucho tiempo para que se impongan las reformas a nuestro sistema electoral que son necesarias para acabar con el monopolio de los partidos y propiciar su democratización. La demora depende de que los partidos entiendan, de una vez por todas, primero, que esos cambios se darán con su concurso o a pesar de su resistencia y, segundo, que la apertura del sistema, a la larga les sería beneficiosa. La competencia de candidatos independientes serviría para motivarles a modernizarse; pero si no la aceptan, con seguridad, aumentará su desprestigio.
En Panamá, a pesar de que la mayoría del país coincide en que nuestros partidos son organizaciones electoreras, ineficaces y anquilosadas; que contribuyen muy poco, o casi nada, a la formación y orientación de la ciudadanía o al fortalecimiento de nuestra incipiente democracia, éstos disfrutan de enormes y absurdos privilegios y prebendas, que no tienen en otros países del continente, gracias a la complicidad de una legislación electoral que ellos acomodan a su antojo y conveniencia, y a la connivencia del Tribunal Electoral. Nuestra Carta Magna consagra, exalta y privilegia el sistema de partidos políticos; y la ley (el Código Electoral) todavía va más lejos, rodeándoles de condiciones que, de hecho, les han permitido secuestrar el sistema electoral.
El artículo 138 de la Constitución, expresamente dice: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la Ley. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos". La segunda parte del artículo se refiere al reconocimiento y subsistencia de los partidos, aspecto del que no me ocuparé en esta ocasión.
El artículo 138 de la Constitución estuvo pensado para reafirmar el papel que corresponde a los partidos en el desarrollo de la democracia, pero nunca fue su intención otorgarles el monopolio de la actividad política y, por ello, a la par de reconocerles como instrumentos fundamentales para la participación política, aclaró que ese papel deben cumplirlo, "sin perjuicio de la libre postulación". Y, también, les impuso la función de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular.
Sin embargo, la posibilidad de la libre postulación fue cercenada por la propia Constitución y, posteriormente, por el Código Electoral. En contradicción con el artículo 138, en el artículo 141 de la misma Constitución, que estuvo vigente hasta la aprobación de las últimas reformas, por el numeral 7, se reservó a los partidos políticos el derecho, exclusivo, de postular candidatos a Legisladores. Y, aunque en la Constitución no se establecía igual exclusividad sobre las postulaciones para presidente de la República, el Código Electoral, expresamente, dispuso que únicamente los partidos pueden postular candidatos presidenciales. Esta norma sigue vigente.
En el artículo que, bajo el título: "Panorama 2009: Los primeros codazos", publiqué en el Panamá América, el martes 9 de agosto de 2005, concluía señalando que, el monopolio que por mandato del Código Electoral tienen los partidos políticos sobre las candidaturas presidenciales, es la razón de las constantes y bochornosas guerras entre sus miembros para hacerse con el control del partido, por ser ésta la única vía legal que habilita para escalar a la jefatura del Estado.
Si bien el monopolio de los partidos sobre las candidaturas para diputados fue eliminado, ello no significa que ha desaparecido el control que, con la complicidad del Tribunal Electoral, ellos tienen del sistema electoral panameño. Mientras se mantenga el monopolio de las postulaciones presidenciales y los absurdos, escandalosos y aberrantes subsidios con fondos públicos de que disfrutan los partidos políticos, éstos continuarán siendo los dueños y administradores, para su ventaja, del sistema electoral.
Nuestra historia republicana está saturada de ejemplos, nada edificantes, de los juegos y rejuegos de los partidos, con la única finalidad de alcanzar el poder o una parte de él. Y, tradicionalmente, también hemos visto cómo siempre, al final, terminaban constituyéndose dos bloques, alrededor de las dos candidaturas de mayor opción. El sistema electoral actual, de hecho, impone esa polarización. Y los electores siempre han terminado atrapados entre la disyuntiva de votar por uno de los dos candidatos de mayor opción o "botar su voto", dándoselo a un tercer o cuarto candidatos, sin posibilidades de triunfar.
Por efecto de la polarización, los dos partidos principales siempre han terminado "haciéndose" con el mayor número de diputados y controlando el Órgano Legislativo. Como consecuencia, las llamadas "terceras fuerzas", sólo logran representaciones muy magras.
La polarización, por el efecto que tiene sobre los votos para presidente, también se proyecta sobre el subsidio electoral y, en consecuencia, los dos partidos principales se llevan la mayor tajada. Y una mayor cuota del subsidio, también les permite financiar y realizar más proselitismo. En síntesis, el sistema es un círculo perverso diseñado para consolidar el secuestro del sistema electoral.
Romper el monopolio de los partidos es esencial para democratizar el sistema electoral panameño, pero no será fácil, pues los partidos, valiéndose de las normas legales vigentes, tienen la capacidad, como hasta ahora lo han hecho, para neutralizar los intentos encaminados a ese fin. Por ello, será necesaria una acción concertada, organizada y enérgica de parte de los otros sectores de la sociedad panameña, para obligarles a ceder. La vía de la Comisión de Reformas Electorales que se reúne por convocatoria del Tribunal Electoral ha probado ser ineficaz. Por consiguiente, se requerirá de una mayor presión de la ciudadanía no partidista, agrupada en las organizaciones gremiales, sindicales y empresariales y de la sociedad civil para imponer los cambios.
Estoy convencido de que no transcurrirá mucho tiempo para que se impongan las reformas a nuestro sistema electoral que son necesarias para acabar con el monopolio de los partidos y propiciar su democratización. La demora depende de que los partidos entiendan, de una vez por todas, primero, que esos cambios se darán con su concurso o a pesar de su resistencia y, segundo, que la apertura del sistema, a la larga les sería beneficiosa. La competencia de candidatos independientes serviría para motivarles a modernizarse; pero si no la aceptan, con seguridad, aumentará su desprestigio.
Hemos visto cómo siempre, al final, terminaban constituyéndose dos bloques, alrededor de las dos candidaturas de mayor opción.
El sistema electoral actual, de hecho, impone esa polarización.
