Papeleta y Constituyente
La falta de originalidad es una de las características de la vida social panameña, sobre todo en lo político. No porque reclamemos que se hubiera descubierto un sistema de gobierno inédito en los países más civilizados y orgánicos, ni tampoco soluciones eleccionarias nunca vistas antes en lo que algunos llaman, tal vez pretendiendo adelantarse a la historia del mundo, “la aldea global”, que sólo existe en algunos aspectos. Una de las acciones colectivas más importantes de nuestro acontecer, de hace algo más de diez años, fue la ya olvidada “cruzada civilista”, cuando principalmente la clase media y algunos sectores populares expresaron masivamente su oposición a la narcodictadura norieguista, hija legítima de la dictadura policíaca torrijista. sin embargo, uno de los pocos recursos de gregarismo en aquellos días, fue la agitación de pañuelos blancos, recurso que algún tiempo atrás había sido utilizado en otros países latinoamericanos, en parecidas circunstancias. Sabemos copiar, pero no crear.
Luego de las frustradas experiencias de nuevas Constituciones en Colombia, Perú, Venezuela, para limitar esta referencia, hace tiempo (más de 20 años, o sea desde 1990) que algunas personas y grupos pequeños han venido insistiendo, como fórmula salvadora frente a fallas y males bien notorios que tienen postrado el país, en confrontarnos con la elección de una Constituyente. No somos ni partidarios ni adversarios de una Constituyente panameña, porque bien sabemos que ese fenómeno político es resultado de una serie de factores que se conjugan para producirlo en el seno social, y no hay argumentos más o menos dialécticos para determinar su nacimiento o para impedirlo. En el tema, lo único que osamos exponer es lo relativo a las conveniencias o riesgos negativos que se plantean en su vigencia. Y lo hacemos, simplemente, para expresar una opinión personal.
En las condiciones actuales de nuestra República, no creemos que existan las situaciones productoras de una Constituyente, que casi siempre rompe un orden constitucional, aceptable o no. También puede darse una Constituyente paralela, con el riesgo de que desafíe y hasta derogue a su creador. Desde hace meses, en algunas ocasiones, hemos podido tratar el tema desde la perspectiva señalada. Y lo primero que anotamos ahora, es que hay un factor político que parece ser indispensable y que en el momento presente no existe: un grupo que tiene en sus manos una cuota de poder y que la utiliza para poner en marcha la idea o la necesidad inmediata de la célebre Constituyente. Así lo prueba la historia política panameña del siglo XX.
La Constitución de 1904 fue producto de la voluntad del grupo que se lanzó a separarnos de Colombia, porque esa Independencia, de modo ineludible, pasaba por una Constituyente y una Constitución para la nueva República. Los llamados próceres, bien o mal, tuvieron en sus manos un poder de facto que necesariamente se concretó en la primera Carta Nacional del siglo pasado. En 1941, la voluntad de un presidente autoritario le impuso al país la orden de una Constitución, que encomendó fuera aprobada por la Asamblea Legislativa, y tuvimos nuestra segunda Constitución, que sólo duró cinco años, incluso con la defenestración de tal Presidente, a un año de Gobierno.
La crisis parlamentaria del Gobierno del Sr. Ricardo Adolfo de la Guardia, a fines de 1944, obliga a éste a darse un “golpe de Estado”, para salir del poder seis meses después, mediante la fórmula de una Constituyente (con la ayuda jurídica de la Comisión Alfaro, Moscote y Chiari, redactores del proyecto de Constitución), lo que abrió las compuertas a la tercera y la mejor Carta política que tuvimos en el siglo XX. Obsérvese que en los tres casos hubo un resorte de poder político, en manos de los “constituyentistas”. La cuarta Constitución, la de 1972, se produjo como constitucionalización tardía de la dictadura policíaca torrijista, que tras cuatro años de un poder muy personalista y despótico, optó por revestirlo de juridicidad simplemente formal, echando mano de un verdadero adefesio constitucional.
La muerte de Torrijos (aún no sabemos bien si fue asesinato) en 1981, trajo una atmósfera de repudio al régimen torrijista, que difícilmente podía subsistir sin Torrijos; y el presidente Ricardo de la Espriella, con el apoyo de los partidos políticos, designó una Comisión de Reformas Constitucionales que fue autorizada para modificar, sin limitaciones de artículos, la Carta Magna aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos (los 505), hecho que nos abocó a la quinta Constitución, la de 1983, de la que fueron responsables principales los partidos políticos de ese año, que tenían el 95% de los “reformadores”. La convocatoria de esa “nueva” Constitución (es muy difícil que una sea nueva, en su contenido, y sólo lo es, casi siempre, por la señal del año de su inicio) determinó que la quinta Carta debía ser aprobada por un plebiscito popular, que en verdad fue objetivo en cuanto a su votación. Desaparecido Torrijos era previsible que desaparecería “su” Constitución, la que fue reemplazada por una Carta inspirada en la de 1946, con una normativa que no tenía nada de “torrijista” o “militarista”, salvo que la mayoría de la Comisión dejó subsistente los célebres Representantes de Corregimientos. Una de sus principales fallas fue la de introducir una partidocracia que aún estamos padeciendo, problema que parece difícil suscite una Constituyente, pero que sí debe, con otras normas de esa Carta, hoy vigentes, promover una reforma constitucional.
Ahora mismo, la última “fórmula” que han adoptado los partidarios de una Constituyente inmediata, no les ha hecho ningún favor: la quinta papeleta en las elecciones generales de mayo. Más que una fórmula es una especie de nebulosa, porque deja en pie muchos aspectos que se desconocen. Y sobre todo, no ha habido ningún elemento o factor de poder que la haya apoyado. Algunos legisladores no son suficientes ni “brujos” para convertir una papeleta en Constituyente. Y las firmas recogidas (casi llegan a las 100 mil, nada más) negaron las encuestas que, por matemática encuentista, o cuentista, lanzaron el alegre, feliz e irreal resultado de que “más de un 90% de los ciudadanos panameños (incluyendo las ciudadanas, que no están excluidas de ese masculino idiomático incluyente, porque no se trata de un problema de “machismo”) quiere la nueva Constitución, por la vía de una Constituyente”. Fuerzas políticas poderosas, es decir, con poder político formal (Tribunal Electoral, la mitad de la Asamblea y el Ejecutivo, por ahora) se les oponen.
Lo cierto es que la República vive, desde 1968, una progresiva crisis institucional ya generalizada, que potencialmente es un factor desencadenante de cualquier clase de intentona subversiva, tal como ocurrió en 1968, aunque nunca un fenómeno político se repite con uniformidad matemática.
Luego de las frustradas experiencias de nuevas Constituciones en Colombia, Perú, Venezuela, para limitar esta referencia, hace tiempo (más de 20 años, o sea desde 1990) que algunas personas y grupos pequeños han venido insistiendo, como fórmula salvadora frente a fallas y males bien notorios que tienen postrado el país, en confrontarnos con la elección de una Constituyente. No somos ni partidarios ni adversarios de una Constituyente panameña, porque bien sabemos que ese fenómeno político es resultado de una serie de factores que se conjugan para producirlo en el seno social, y no hay argumentos más o menos dialécticos para determinar su nacimiento o para impedirlo. En el tema, lo único que osamos exponer es lo relativo a las conveniencias o riesgos negativos que se plantean en su vigencia. Y lo hacemos, simplemente, para expresar una opinión personal.
En las condiciones actuales de nuestra República, no creemos que existan las situaciones productoras de una Constituyente, que casi siempre rompe un orden constitucional, aceptable o no. También puede darse una Constituyente paralela, con el riesgo de que desafíe y hasta derogue a su creador. Desde hace meses, en algunas ocasiones, hemos podido tratar el tema desde la perspectiva señalada. Y lo primero que anotamos ahora, es que hay un factor político que parece ser indispensable y que en el momento presente no existe: un grupo que tiene en sus manos una cuota de poder y que la utiliza para poner en marcha la idea o la necesidad inmediata de la célebre Constituyente. Así lo prueba la historia política panameña del siglo XX.
La Constitución de 1904 fue producto de la voluntad del grupo que se lanzó a separarnos de Colombia, porque esa Independencia, de modo ineludible, pasaba por una Constituyente y una Constitución para la nueva República. Los llamados próceres, bien o mal, tuvieron en sus manos un poder de facto que necesariamente se concretó en la primera Carta Nacional del siglo pasado. En 1941, la voluntad de un presidente autoritario le impuso al país la orden de una Constitución, que encomendó fuera aprobada por la Asamblea Legislativa, y tuvimos nuestra segunda Constitución, que sólo duró cinco años, incluso con la defenestración de tal Presidente, a un año de Gobierno.
La crisis parlamentaria del Gobierno del Sr. Ricardo Adolfo de la Guardia, a fines de 1944, obliga a éste a darse un “golpe de Estado”, para salir del poder seis meses después, mediante la fórmula de una Constituyente (con la ayuda jurídica de la Comisión Alfaro, Moscote y Chiari, redactores del proyecto de Constitución), lo que abrió las compuertas a la tercera y la mejor Carta política que tuvimos en el siglo XX. Obsérvese que en los tres casos hubo un resorte de poder político, en manos de los “constituyentistas”. La cuarta Constitución, la de 1972, se produjo como constitucionalización tardía de la dictadura policíaca torrijista, que tras cuatro años de un poder muy personalista y despótico, optó por revestirlo de juridicidad simplemente formal, echando mano de un verdadero adefesio constitucional.
La muerte de Torrijos (aún no sabemos bien si fue asesinato) en 1981, trajo una atmósfera de repudio al régimen torrijista, que difícilmente podía subsistir sin Torrijos; y el presidente Ricardo de la Espriella, con el apoyo de los partidos políticos, designó una Comisión de Reformas Constitucionales que fue autorizada para modificar, sin limitaciones de artículos, la Carta Magna aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos (los 505), hecho que nos abocó a la quinta Constitución, la de 1983, de la que fueron responsables principales los partidos políticos de ese año, que tenían el 95% de los “reformadores”. La convocatoria de esa “nueva” Constitución (es muy difícil que una sea nueva, en su contenido, y sólo lo es, casi siempre, por la señal del año de su inicio) determinó que la quinta Carta debía ser aprobada por un plebiscito popular, que en verdad fue objetivo en cuanto a su votación. Desaparecido Torrijos era previsible que desaparecería “su” Constitución, la que fue reemplazada por una Carta inspirada en la de 1946, con una normativa que no tenía nada de “torrijista” o “militarista”, salvo que la mayoría de la Comisión dejó subsistente los célebres Representantes de Corregimientos. Una de sus principales fallas fue la de introducir una partidocracia que aún estamos padeciendo, problema que parece difícil suscite una Constituyente, pero que sí debe, con otras normas de esa Carta, hoy vigentes, promover una reforma constitucional.
Ahora mismo, la última “fórmula” que han adoptado los partidarios de una Constituyente inmediata, no les ha hecho ningún favor: la quinta papeleta en las elecciones generales de mayo. Más que una fórmula es una especie de nebulosa, porque deja en pie muchos aspectos que se desconocen. Y sobre todo, no ha habido ningún elemento o factor de poder que la haya apoyado. Algunos legisladores no son suficientes ni “brujos” para convertir una papeleta en Constituyente. Y las firmas recogidas (casi llegan a las 100 mil, nada más) negaron las encuestas que, por matemática encuentista, o cuentista, lanzaron el alegre, feliz e irreal resultado de que “más de un 90% de los ciudadanos panameños (incluyendo las ciudadanas, que no están excluidas de ese masculino idiomático incluyente, porque no se trata de un problema de “machismo”) quiere la nueva Constitución, por la vía de una Constituyente”. Fuerzas políticas poderosas, es decir, con poder político formal (Tribunal Electoral, la mitad de la Asamblea y el Ejecutivo, por ahora) se les oponen.
Lo cierto es que la República vive, desde 1968, una progresiva crisis institucional ya generalizada, que potencialmente es un factor desencadenante de cualquier clase de intentona subversiva, tal como ocurrió en 1968, aunque nunca un fenómeno político se repite con uniformidad matemática.
