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Hace un par de semanas preguntaba, refiriéndome al propuesto "gran diálogo nacional" "¿con quiénes y para qué? Entonces, compartía con los lectores mis dudas sobre los resultados de un ejercicio que no esté precedido de un ánimo sincero de aportar positivamente para buscar soluciones desprovistas de motivaciones politiqueras o de cálculos electorales. Mis temores de ese momento, confieso que han aumentado después de conocer el comportamiento, absolutamente desprovisto de sentido de solidaridad de que hicieron despliegue con profusión los representantes de las fuerzas políticas que perdieron las pasadas elecciones.
El tiempo que ha transcurrido, desde cuando el gobierno anterior trataba de imponer, a marcha forzada, la privatización del IDAAN es muy poco y está fresco en la memoria colectiva. Si sus planes no se concretaron fue porque, como ya señalé anteriormente, el pueblo sepultó con una avalancha de votos las pretensiones imperiales del aspirante a la reelección y, para complemento, les repitió las dosis al cerrarles el paso en las pasadas elecciones.
En el torneo electoral de 1999, entre otros temas de gran importancia, pesó para decidir la orientación del electorado en favor de la presidenta Mireya Moscoso el desastroso resultado de las privatizaciones que han encarecido el costo de los servicios públicos, castigando principalmente a los sectores más necesitados del país. También contó que el gobierno anterior, a pesar de haber recibido la administración del Estado en condiciones inmejorables y diametralmente opuestas al desastre financiero que imperaba cuando asumió el poder la ADO-Civilista en diciembre de 1989, sólo pudiera exhibir como resultado de su gestión un programa de construcción de carreteras, cuyos recursos, íntegros, heredó del gobierno Endara.
Las privatizaciones empujadas a rompe y rasga por el gobierno Pérez Balladares no son, precisamente, para vanagloriarse. Bastaría preguntarle a los usuarios de los servicios públicos privatizados si ellos han recibido algún beneficio.
El Fondo Fiduciario, no es necesario repetirlo, porque lo sabemos todos, se constituyó con los dineros obtenidos como producto de las privatizaciones. Si las deudas monumentales que arrastra nuestro país, en gran medida están relacionadas con las inversiones, todavía no bien aclaradas, que durante los años setentas y ochentas se hicieron en las empresas públicas, creo que nadie puede disputar que el derecho prioritario a beneficiarse de esos recursos lo tiene el pueblo de base, que es el que sufre, en primer lugar, la deficiencia de los servicios públicos privatizados y es, además, el que soporta los efectos más negativos del enorme endeudamiento público que pesa sobre nuestro país, que nos obliga a destinar una enorme porción del presupuesto público a su pago y que nos priva de los recursos que se requieren para inversiones públicas esenciales, como el servicio de agua potable que no existe en amplias zonas del país.
Si pensamos sobre todo lo anterior, es inaceptable, que quienes son los responsables del endeudamiento público y de las privatizaciones que castigan al pueblo, ahora se hayan convertido en defensores, entre comillas, del mejor interés popular. Esa pantalla demagógica persigue otros propósitos que ya el pueblo ha visto con claridad, a pesar de todas las arandelas que le pongan y que son, uno, evitar que el gobierno de la señora Moscoso resuelva por una vía distinta a la de la privatización el problema del suministro de agua potable y, dos, reservarse, confiando en que volverán al poder en el 2004, los recursos del Fondo Fiduciario.
¿Con qué autoridad, cabría preguntar, puede el PRD acusar al actual gobierno de intenciones de malversar el Fondo Fiduciario cuando ellos se llevaron todos las medallas de la corrupción? ¿Con qué moral, puede el PRD disputarle al pueblo su derecho a unos fondos que le pertenecen, porque se los ganó con su sacrificio, cuando su actitud sólo responde al cálculo político que les permitiría tenerlos disponibles por si vuelvan al poder?.
El IDAAN tiene, eso es indudable, una serie de problemas de funcionamiento que hay que resolver, pero eso tomará algún tiempo. Esos problemas se agravaron durante el gobierno anterior que no les prestó atención, porque estaba empecinado en su privatización. Y, por la misma razón, tampoco se hicieron inversiones para llevar agua potable a los sectores que no la tienen. Esperar para dotar de agua potable a aquellas poblaciones donde no existe no puede condicionarse a que se resuelvan los problemas de funcionamiento de la institución y, mucho menos puede acomodarse a los cálculos electorales de la oposición política.
El tiempo que ha transcurrido, desde cuando el gobierno anterior trataba de imponer, a marcha forzada, la privatización del IDAAN es muy poco y está fresco en la memoria colectiva. Si sus planes no se concretaron fue porque, como ya señalé anteriormente, el pueblo sepultó con una avalancha de votos las pretensiones imperiales del aspirante a la reelección y, para complemento, les repitió las dosis al cerrarles el paso en las pasadas elecciones.
En el torneo electoral de 1999, entre otros temas de gran importancia, pesó para decidir la orientación del electorado en favor de la presidenta Mireya Moscoso el desastroso resultado de las privatizaciones que han encarecido el costo de los servicios públicos, castigando principalmente a los sectores más necesitados del país. También contó que el gobierno anterior, a pesar de haber recibido la administración del Estado en condiciones inmejorables y diametralmente opuestas al desastre financiero que imperaba cuando asumió el poder la ADO-Civilista en diciembre de 1989, sólo pudiera exhibir como resultado de su gestión un programa de construcción de carreteras, cuyos recursos, íntegros, heredó del gobierno Endara.
Las privatizaciones empujadas a rompe y rasga por el gobierno Pérez Balladares no son, precisamente, para vanagloriarse. Bastaría preguntarle a los usuarios de los servicios públicos privatizados si ellos han recibido algún beneficio.
El Fondo Fiduciario, no es necesario repetirlo, porque lo sabemos todos, se constituyó con los dineros obtenidos como producto de las privatizaciones. Si las deudas monumentales que arrastra nuestro país, en gran medida están relacionadas con las inversiones, todavía no bien aclaradas, que durante los años setentas y ochentas se hicieron en las empresas públicas, creo que nadie puede disputar que el derecho prioritario a beneficiarse de esos recursos lo tiene el pueblo de base, que es el que sufre, en primer lugar, la deficiencia de los servicios públicos privatizados y es, además, el que soporta los efectos más negativos del enorme endeudamiento público que pesa sobre nuestro país, que nos obliga a destinar una enorme porción del presupuesto público a su pago y que nos priva de los recursos que se requieren para inversiones públicas esenciales, como el servicio de agua potable que no existe en amplias zonas del país.
Si pensamos sobre todo lo anterior, es inaceptable, que quienes son los responsables del endeudamiento público y de las privatizaciones que castigan al pueblo, ahora se hayan convertido en defensores, entre comillas, del mejor interés popular. Esa pantalla demagógica persigue otros propósitos que ya el pueblo ha visto con claridad, a pesar de todas las arandelas que le pongan y que son, uno, evitar que el gobierno de la señora Moscoso resuelva por una vía distinta a la de la privatización el problema del suministro de agua potable y, dos, reservarse, confiando en que volverán al poder en el 2004, los recursos del Fondo Fiduciario.
¿Con qué autoridad, cabría preguntar, puede el PRD acusar al actual gobierno de intenciones de malversar el Fondo Fiduciario cuando ellos se llevaron todos las medallas de la corrupción? ¿Con qué moral, puede el PRD disputarle al pueblo su derecho a unos fondos que le pertenecen, porque se los ganó con su sacrificio, cuando su actitud sólo responde al cálculo político que les permitiría tenerlos disponibles por si vuelvan al poder?.
El IDAAN tiene, eso es indudable, una serie de problemas de funcionamiento que hay que resolver, pero eso tomará algún tiempo. Esos problemas se agravaron durante el gobierno anterior que no les prestó atención, porque estaba empecinado en su privatización. Y, por la misma razón, tampoco se hicieron inversiones para llevar agua potable a los sectores que no la tienen. Esperar para dotar de agua potable a aquellas poblaciones donde no existe no puede condicionarse a que se resuelvan los problemas de funcionamiento de la institución y, mucho menos puede acomodarse a los cálculos electorales de la oposición política.
