Para qué un Ministerio de Asuntos Indígenas
La cuestión indígena en este tercer milenio, no debe ser tarea únicamente de algunas instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Gobierno y Justicia con su dependencia, la Dirección de la Política Indigenista, sino que debe ser preocupación y responsabilidad del Estado en su conjunto, si se desea superar el actual tipo de relación desarrollista, integradora y paternalista que existe en la actualidad, con respecto a los pueblos indígenas.
La nueva relación del Estado panameño y los pueblos indígenas implica asumir que la cuestión indígena ha dejado de ser un asunto exclusivamente cultural y folclorista, para transformarse en uno de carácter político, desarrollo integral, y la libertad del fortalecimiento de sus Congresos y organizaciones indígenas, en autonomía.
En este sentido, debemos avanzar en la formulación y construcción de una política de Estado, que es coyuntural, donde el indígena tenga acceso a sus recursos, no sólo naturales, económicos y territoriales, sino políticos, linguísticos, filosóficos, educativos, etc. Mucho se ha hablado de la transformación y modernización del Estado, sin embargo la perspectiva indígena está ausente en quienes hegemonizan hoy esa modernización, en unos por ignorancia, en otros porque no encaja en su fines y otros por apatía, indiferencia e interés.
La historia de la política indigenista de Panamá con respecto a los pueblos indígenas, demuestra clara intensión de manipulación, control e intentos de paralizar a los Congresos Generales indígenas y a sus organizaciones, pero poco interés en resolver de raíz el problema de exclusión, participación y empobrecimiento. Sin embargo, la constitución y las leyes resaltan la importancia de los pueblos indígenas y el interés que participen en la realidad social del país, no obstante, las cuatro comarcas indígenas legales, sin delimitación física real, con muchas agendas políticas, sociales y económicas incumplidas; la demora de la legalización de la Comarca de Wargandí; de las tierras colectivas de los Embera-Waunan fuera de la Comarca y la protección del territorio de los Bri Bris y los Naso, muestran todo lo contrario.
De esta manera, el proceso de modernización del Estado debe garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas desde su especificidad y promover el derecho a la diferencia en la práctica política, económica y desarrollo integral. Esto debe ser así, ya que la importancia del desarrollo de los pueblos indígenas desde su identidad no sólo radica en su conocimiento y prácticas tradicionales, sino que los recursos materiales, minerales, espirituales, vegetales, humanos son su vida, identidad y su Madre. En este contexto, cabe hablar de una instancia superior que ubique a los pueblos indígenas frente al reto de solucionar la agenda de la educación intercultural, participación política, salud integral, economía solidaria y desarrollo integral. Para desarrollar todas estas precauciones, necesidades sentidas y objetivas se plantea la necesidad de un Ministerio de Asuntos Indígenas, donde la causa indígenas y sus necesidades sentidas sean la preocupación del Estado.
Para eso, el Estado debe propiciar, a través del Ministerio, la participación y decisión de los pueblos indígenas acorde a las expectativas de vida, que garantice la satisfacción de sus necesidades básicas, las formas organizativas ancestrales de los pueblos y su desarrollo.
Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, si están en desacuerdo con las prácticas del Estado que reducen su autonomía y refuerzan la monopolización del poder. Un desarrollo indígena que fortalezca su identidad, consultado y concertado con los pueblos no causaría muchos problemas.
La preocupación de los pueblos indígenas surge cuando las instituciones que en su nombre son creadas, recrean prácticas viciadas y lacras históricas del sistema tradicional: la burocratización, botín electoral, desvío de recursos y la corrupción.
En este sentido, un Ministerio de Asuntos Indígenas debe, por principio, esforzarse por escuchar y comprender las voces de los pueblos, sentir, abrirse hacia sus esperanzas y promover solidaridad con los otros con el conjunto de la sociedad, dando prioridad al crecimiento de la persona comunitariamente, participación democrática y económica desde la diferencia, sin menoscabar la autonomía y libertad de sus organizaciones.
Por eso, es necesario, justo, oportuno, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, no sólo porque constituye una instancia de planificación superior, sino estrategia de relación dialogal y aporte de los pueblos indígenas al Estado panameño para su real democratización.
La nueva relación del Estado panameño y los pueblos indígenas implica asumir que la cuestión indígena ha dejado de ser un asunto exclusivamente cultural y folclorista, para transformarse en uno de carácter político, desarrollo integral, y la libertad del fortalecimiento de sus Congresos y organizaciones indígenas, en autonomía.
En este sentido, debemos avanzar en la formulación y construcción de una política de Estado, que es coyuntural, donde el indígena tenga acceso a sus recursos, no sólo naturales, económicos y territoriales, sino políticos, linguísticos, filosóficos, educativos, etc. Mucho se ha hablado de la transformación y modernización del Estado, sin embargo la perspectiva indígena está ausente en quienes hegemonizan hoy esa modernización, en unos por ignorancia, en otros porque no encaja en su fines y otros por apatía, indiferencia e interés.
La historia de la política indigenista de Panamá con respecto a los pueblos indígenas, demuestra clara intensión de manipulación, control e intentos de paralizar a los Congresos Generales indígenas y a sus organizaciones, pero poco interés en resolver de raíz el problema de exclusión, participación y empobrecimiento. Sin embargo, la constitución y las leyes resaltan la importancia de los pueblos indígenas y el interés que participen en la realidad social del país, no obstante, las cuatro comarcas indígenas legales, sin delimitación física real, con muchas agendas políticas, sociales y económicas incumplidas; la demora de la legalización de la Comarca de Wargandí; de las tierras colectivas de los Embera-Waunan fuera de la Comarca y la protección del territorio de los Bri Bris y los Naso, muestran todo lo contrario.
De esta manera, el proceso de modernización del Estado debe garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas desde su especificidad y promover el derecho a la diferencia en la práctica política, económica y desarrollo integral. Esto debe ser así, ya que la importancia del desarrollo de los pueblos indígenas desde su identidad no sólo radica en su conocimiento y prácticas tradicionales, sino que los recursos materiales, minerales, espirituales, vegetales, humanos son su vida, identidad y su Madre. En este contexto, cabe hablar de una instancia superior que ubique a los pueblos indígenas frente al reto de solucionar la agenda de la educación intercultural, participación política, salud integral, economía solidaria y desarrollo integral. Para desarrollar todas estas precauciones, necesidades sentidas y objetivas se plantea la necesidad de un Ministerio de Asuntos Indígenas, donde la causa indígenas y sus necesidades sentidas sean la preocupación del Estado.
Para eso, el Estado debe propiciar, a través del Ministerio, la participación y decisión de los pueblos indígenas acorde a las expectativas de vida, que garantice la satisfacción de sus necesidades básicas, las formas organizativas ancestrales de los pueblos y su desarrollo.
Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, si están en desacuerdo con las prácticas del Estado que reducen su autonomía y refuerzan la monopolización del poder. Un desarrollo indígena que fortalezca su identidad, consultado y concertado con los pueblos no causaría muchos problemas.
La preocupación de los pueblos indígenas surge cuando las instituciones que en su nombre son creadas, recrean prácticas viciadas y lacras históricas del sistema tradicional: la burocratización, botín electoral, desvío de recursos y la corrupción.
En este sentido, un Ministerio de Asuntos Indígenas debe, por principio, esforzarse por escuchar y comprender las voces de los pueblos, sentir, abrirse hacia sus esperanzas y promover solidaridad con los otros con el conjunto de la sociedad, dando prioridad al crecimiento de la persona comunitariamente, participación democrática y económica desde la diferencia, sin menoscabar la autonomía y libertad de sus organizaciones.
Por eso, es necesario, justo, oportuno, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, no sólo porque constituye una instancia de planificación superior, sino estrategia de relación dialogal y aporte de los pueblos indígenas al Estado panameño para su real democratización.
