Para un gobierno retrógrado
Los planteamientos críticos que, en buena hora, quienes honestamente nos atrevemos a hacer públicos frente a los desmanes de este desgobierno, acusan con toda claridad que existe en la agitación del pueblo panameño una serie de aspiraciones progresivas y justas, por una parte, y una serie de acciones gubernamentales retrógradas, ética y políticamente reaccionarias, por otra parte. Por lo tanto, la actitud que nos parece obligada -la que apoyaremos en todo momento- será aquella que acepte sin equívocos y con creador entusiasmo las aspiraciones progresivas de nuestro pueblo, y se oponga, también sin equívocos y pertrechada de severa resolución, a las acciones retrógradas del gobierno actual. ¿Qué es lo progresivo para el pueblo panameño, y qué es lo retrógrado del gobierno arnulfista de la señora Moscoso?
El criterio para distinguir lo uno de lo otro es bien claro: toda doctrina y acción que tienden a aumentar el volumen de la justicia social es progresiva; toda doctrina y acción que tiendan a menguarlo es retrógrada. Todavía más: los que, anhelosos de implantar la justicia económica en su exclusivo beneficio (como lamentablemente actúan las señoras y señores del gobierno), aniquilan el resto de la justicia pública, aplastan las libertades individuales, arrancan el poder público de la comunidad y lo enfeudan a un grupo o una clase, son sin duda alguna, unos retrógrados.
Las acusaciones de ineficiencia, de corrupción y despilfarro de que está siendo objeto el actual gobierno reclaman, necesariamente, reformas que apuesten por una mayor eficiencia en la gestión de la administración pública, pero conviene aplicar bien este discurso de la eficiencia y no acabar tirando al niño con el agua de la tina.
En realidad, la gestión de la administración pública sólo será verdaderamente eficiente si se encuadra dentro de un marco de justicia social que se comprometa a cumplir al menos dos requisitos: cubrir unos mínimos universales de justicia social a los que no puede renunciar un Estado de Derecho y una sociedad que se pretende justa, y percatarse que para satisfacerlos no bastan las reformas constitucionales en su sentido estricto, no bastan las medidas económicas-políticas, sino que es también necesario que la sociedad en su conjunto apueste por nuevas formas de vida y exija a sus gobernantes respeto y cumplimiento de los principios democráticos en todas sus manifestaciones.
Así como la educación es asunto de la sociedad toda, de igual modo que puede hablarse de una "educación formal" transmitida a través de la escuela y de una "educación informal", propiciada por la familia, los medios de comunicación y el entorno social, también el carácter de la gestión pública de un determinado gobierno, en democracia, es cuestión de la sociedad en su conjunto, por eso el discurso de la eficiencia, verdaderamente ineludible en lo que atañe al desempeño gubernamental, debe cobrar todo su sentido en un marco de "justicia", igual para todos" que reclama la satisfacción de unos mínimos irrenunciables y la transformación de la vida social en función del bien común.
Es verdaderamente lamentable que el gobierno de la señora Moscoso haya desperdiciado el tiempo de su mandato en nimiedades (en tratar de justificar lo injustificable: ineficiencia, nepotismo, corrupción, favoritismo, etc.). Las señoras y señores del gobierno no han sido capaces siquiera de atender la advertencia de Maquiavelo, cuando nos dice que el uso del tiempo requiere mucha precisión, porque el tiempo es un arma de doble filo: "Lo arrastra todo consigo en su curso y puede comportar tanto lo bueno como lo malo, pero igualmente tanto lo malo como lo bueno".
Este gobierno se caracteriza por no atender ni solucionar los problemas medulares del pueblo, confiándolo todo al "beneficio del tiempo". No obstante, en gesto de correspondencia docente, le decimos al tristemente "Gobierno de los pobres": Dejar pasar el tiempo cierra heridas y desactiva problemas, pero también puede alimentar resentimientos y magnificar nostalgias. ¡Y en este punto nos encontramos hoy día la mayoría de los panameños!. Presidenta Moscoso: ¡Los panameños queremos que en Panamá habite la inteligencia y reine la justicia!
El criterio para distinguir lo uno de lo otro es bien claro: toda doctrina y acción que tienden a aumentar el volumen de la justicia social es progresiva; toda doctrina y acción que tiendan a menguarlo es retrógrada. Todavía más: los que, anhelosos de implantar la justicia económica en su exclusivo beneficio (como lamentablemente actúan las señoras y señores del gobierno), aniquilan el resto de la justicia pública, aplastan las libertades individuales, arrancan el poder público de la comunidad y lo enfeudan a un grupo o una clase, son sin duda alguna, unos retrógrados.
Las acusaciones de ineficiencia, de corrupción y despilfarro de que está siendo objeto el actual gobierno reclaman, necesariamente, reformas que apuesten por una mayor eficiencia en la gestión de la administración pública, pero conviene aplicar bien este discurso de la eficiencia y no acabar tirando al niño con el agua de la tina.
En realidad, la gestión de la administración pública sólo será verdaderamente eficiente si se encuadra dentro de un marco de justicia social que se comprometa a cumplir al menos dos requisitos: cubrir unos mínimos universales de justicia social a los que no puede renunciar un Estado de Derecho y una sociedad que se pretende justa, y percatarse que para satisfacerlos no bastan las reformas constitucionales en su sentido estricto, no bastan las medidas económicas-políticas, sino que es también necesario que la sociedad en su conjunto apueste por nuevas formas de vida y exija a sus gobernantes respeto y cumplimiento de los principios democráticos en todas sus manifestaciones.
Así como la educación es asunto de la sociedad toda, de igual modo que puede hablarse de una "educación formal" transmitida a través de la escuela y de una "educación informal", propiciada por la familia, los medios de comunicación y el entorno social, también el carácter de la gestión pública de un determinado gobierno, en democracia, es cuestión de la sociedad en su conjunto, por eso el discurso de la eficiencia, verdaderamente ineludible en lo que atañe al desempeño gubernamental, debe cobrar todo su sentido en un marco de "justicia", igual para todos" que reclama la satisfacción de unos mínimos irrenunciables y la transformación de la vida social en función del bien común.
Es verdaderamente lamentable que el gobierno de la señora Moscoso haya desperdiciado el tiempo de su mandato en nimiedades (en tratar de justificar lo injustificable: ineficiencia, nepotismo, corrupción, favoritismo, etc.). Las señoras y señores del gobierno no han sido capaces siquiera de atender la advertencia de Maquiavelo, cuando nos dice que el uso del tiempo requiere mucha precisión, porque el tiempo es un arma de doble filo: "Lo arrastra todo consigo en su curso y puede comportar tanto lo bueno como lo malo, pero igualmente tanto lo malo como lo bueno".
Este gobierno se caracteriza por no atender ni solucionar los problemas medulares del pueblo, confiándolo todo al "beneficio del tiempo". No obstante, en gesto de correspondencia docente, le decimos al tristemente "Gobierno de los pobres": Dejar pasar el tiempo cierra heridas y desactiva problemas, pero también puede alimentar resentimientos y magnificar nostalgias. ¡Y en este punto nos encontramos hoy día la mayoría de los panameños!. Presidenta Moscoso: ¡Los panameños queremos que en Panamá habite la inteligencia y reine la justicia!