Paren la agresión contra el agro
Cifras oficiales sitúan en 165 mil el número de personas que trabajan y devengan directamente su sustento de la actividad agropecuaria.
Sin embargo, la participación de 18 % sobre el total del mercado laboral del país ha ido en descenso, tendencia que este año se acentuará como consecuencia de los despidos producidos en el sector bananero de Armuelles, las adversas condiciones climáticas del fenómeno del Niño y la política arancelaria de apertura a la importación extranjera seguida por el gobierno.
Empero 165 mil, 125 mil o los que fueran persisten en el presente y en el futuro en la actividad, contribuyen con la causa de una política de pleno empleo que hasta ahora continúa ausente de la estrategia económica de la actual administración.
En efecto, si el total de los actuales trabajadores del campo se suman al 14% de desempleados que aquejan mayormente a los sectores urbanos, el porcentaje de desempleados superaría seguramente el 30%.
No creemos necesario abundar en detalles sobre el tremendo impacto que el súbito abandono de la actividad agropecuaria tendría en el aumento de los índices de pobreza, desnutrición y otros indicadores en Panamá los cuales hoy, sin tal desplazamieno, están situados a niveles vergonzosos, de los peores de América Latina, sólo comparables a los que padecen Haití y Nicaragua, en ambos casos por razones muy explicables no presentes en nuestro país, donde tenemos un Canal y condiciones más favorables.
El arroz, el azúcar, el maíz, el poroto, la carne de res y de aves, son puntales de generación de los 165 mil empleos y otras decenas de miles de medios de autosubsistencia no computables pero igual de importantes porque mientras se mantengan en el rubro quienes allí laboren, no son una carga social, ni crean condicionar de inestabilidad rural peligrosas, comunes en otros países hermanos.
Pero cada vez que el gobierno nacional permite la entrada masiva de productos agropecuarios foráneos con bajos aranceles, como hace hoy con los citados productos, provoca desaliento e impulsa el abandono del campo sin crear alternativas para los desplazados.
Y cuando así actúa, promueve la pobreza, el sufrimiento y la incertidumbre en regiones y sectores que hasta ese momento nada pedían, salvo más y mejores caminos de penetración, alternativas menos leoninas de financiamiento y condiciones más equitativas de mercadeo.
Se impone una inmediata rectificación, que a estas alturas no es costosa, antes de que los efectos sociales en el sector agropecuario se hagan irreversibles, con consecuencias devastadoras, que todos lamentaremos.
Sin embargo, la participación de 18 % sobre el total del mercado laboral del país ha ido en descenso, tendencia que este año se acentuará como consecuencia de los despidos producidos en el sector bananero de Armuelles, las adversas condiciones climáticas del fenómeno del Niño y la política arancelaria de apertura a la importación extranjera seguida por el gobierno.
Empero 165 mil, 125 mil o los que fueran persisten en el presente y en el futuro en la actividad, contribuyen con la causa de una política de pleno empleo que hasta ahora continúa ausente de la estrategia económica de la actual administración.
En efecto, si el total de los actuales trabajadores del campo se suman al 14% de desempleados que aquejan mayormente a los sectores urbanos, el porcentaje de desempleados superaría seguramente el 30%.
No creemos necesario abundar en detalles sobre el tremendo impacto que el súbito abandono de la actividad agropecuaria tendría en el aumento de los índices de pobreza, desnutrición y otros indicadores en Panamá los cuales hoy, sin tal desplazamieno, están situados a niveles vergonzosos, de los peores de América Latina, sólo comparables a los que padecen Haití y Nicaragua, en ambos casos por razones muy explicables no presentes en nuestro país, donde tenemos un Canal y condiciones más favorables.
El arroz, el azúcar, el maíz, el poroto, la carne de res y de aves, son puntales de generación de los 165 mil empleos y otras decenas de miles de medios de autosubsistencia no computables pero igual de importantes porque mientras se mantengan en el rubro quienes allí laboren, no son una carga social, ni crean condicionar de inestabilidad rural peligrosas, comunes en otros países hermanos.
Pero cada vez que el gobierno nacional permite la entrada masiva de productos agropecuarios foráneos con bajos aranceles, como hace hoy con los citados productos, provoca desaliento e impulsa el abandono del campo sin crear alternativas para los desplazados.
Y cuando así actúa, promueve la pobreza, el sufrimiento y la incertidumbre en regiones y sectores que hasta ese momento nada pedían, salvo más y mejores caminos de penetración, alternativas menos leoninas de financiamiento y condiciones más equitativas de mercadeo.
Se impone una inmediata rectificación, que a estas alturas no es costosa, antes de que los efectos sociales en el sector agropecuario se hagan irreversibles, con consecuencias devastadoras, que todos lamentaremos.
