Partidas discrecionales
Que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, se niegue a rendir cuentas del uso que ha dado a las partidas discrecionales es por sí solo tan irritante, que no hacía falta que añadiera ni una pizca de los abundantes toques de sorna, prepotencia y burla de que ha hecho gala, para que la comunidad panameña alcance los niveles actuales de repulsa frente a su reticencia. Empezó negándose a contestar, a través de la ministra de su despacho, un oficio del Fiscal Electoral, que le requería detallar el manejo de los fondos para atender una denuncia de uso indebido en asuntos partidistas. Luego, con tono de ironía, insinuó que respondería el oficio, mas no daría información alguna.
En otro momento, llegó al borde de la intimidación, cuando hizo comparecer a su despacho al propio Fiscal, tratando obviamente de persuadirle de no insistir en sus requerimientos. El funcionario, no obstante, persistió. Poco después, declaró que no revelaría dato alguno, salvo en el 2009, tal cual acaba parcialmente de hacerlo el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares. Un par de días después, dijo en el curso de un evento en el interior del país, que no revelaría información alguna. Y luego, esbozó por vez primera el único sustento legal a su negativa cuando dijo que el único a quien rendiría cuentas sería al Contralor General de la República.
El viernes, sin embargo, retomó el camino de la prepotencia cuando desafió al defensor del Pueblo, Juan Tejada Espino, que acudiera a la Corte Suprema de Justicia para ver si existía o no una autoridad capaz de obligarla a rendir las cuentas que se le requerían. Su sugerencia resultó desagradable, habida consideración de que cuenta con una mayoría de allegados en el seno del máximo tribunal.
Desde que el presidente Guillermo Endara manejó una cuenta similar cercana al millón de balboas, sus sucesores, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, aumentaron su monto hasta llevarlo a cerca de 30 millones de balboas. Inicialmente, se le llamaba "partida secreta", luego "partida discrecional", el hecho es que el fondo presidencial, destinado a hacer frente a imprevistos o necesidades urgentes o inmediatas, es dinero ajeno, de los contribuyentes, sobre quienes los gobernantes deben rendir cuentas públicas al soberano. Y la poca información revelada denota la necesidad de sujetarla a normas o criterios de buen uso y total transparencia.
Hay que tomar buenas dosis de tolerancia y respeto por la dignidad de los seres humanos y colocarlos en el centro de la acción política. Cuando tenga alguna duda sobre el buen gobierno de los recursos y bienes del Estado, exija que se practique un buen examen de transparencia y rendición de cuentas.
Con la constancia y la perseverancia de los buenos ciudadanos tendremos un país libre del síndrome de la mala praxis política, sin tener que esperar cada cinco años para practicar una cirugía de alto riesgo y poder sacarse el clavo.
En otro momento, llegó al borde de la intimidación, cuando hizo comparecer a su despacho al propio Fiscal, tratando obviamente de persuadirle de no insistir en sus requerimientos. El funcionario, no obstante, persistió. Poco después, declaró que no revelaría dato alguno, salvo en el 2009, tal cual acaba parcialmente de hacerlo el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares. Un par de días después, dijo en el curso de un evento en el interior del país, que no revelaría información alguna. Y luego, esbozó por vez primera el único sustento legal a su negativa cuando dijo que el único a quien rendiría cuentas sería al Contralor General de la República.
El viernes, sin embargo, retomó el camino de la prepotencia cuando desafió al defensor del Pueblo, Juan Tejada Espino, que acudiera a la Corte Suprema de Justicia para ver si existía o no una autoridad capaz de obligarla a rendir las cuentas que se le requerían. Su sugerencia resultó desagradable, habida consideración de que cuenta con una mayoría de allegados en el seno del máximo tribunal.
Desde que el presidente Guillermo Endara manejó una cuenta similar cercana al millón de balboas, sus sucesores, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, aumentaron su monto hasta llevarlo a cerca de 30 millones de balboas. Inicialmente, se le llamaba "partida secreta", luego "partida discrecional", el hecho es que el fondo presidencial, destinado a hacer frente a imprevistos o necesidades urgentes o inmediatas, es dinero ajeno, de los contribuyentes, sobre quienes los gobernantes deben rendir cuentas públicas al soberano. Y la poca información revelada denota la necesidad de sujetarla a normas o criterios de buen uso y total transparencia.
Hay que tomar buenas dosis de tolerancia y respeto por la dignidad de los seres humanos y colocarlos en el centro de la acción política. Cuando tenga alguna duda sobre el buen gobierno de los recursos y bienes del Estado, exija que se practique un buen examen de transparencia y rendición de cuentas.
Con la constancia y la perseverancia de los buenos ciudadanos tendremos un país libre del síndrome de la mala praxis política, sin tener que esperar cada cinco años para practicar una cirugía de alto riesgo y poder sacarse el clavo.
