Pasos cuidadosos

Sanear la justicia, poner en su lugar a los corruptos, devolverle al país la confianza en sus instituciones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con la administración de la justicia, han sido aspiraciones largamente esperadas por la ciudadanía. Cualquier medida aplicable con ese fin es válida, aceptable y debe ser aplaudida. Es importante, sin embargo, que tales medidas se apliquen con tanta transparencia, que la ciudadanía tenga la plena convicción de que se actúa en justo derecho y no para generar escenarios de transfondo político. Sobre todo después que en el último quinquenio la ciudadanía ha sido testigo, casi hasta la frustración, del alto porcentaje de casos perdidos por el ministerio público. El de la “ley patriótica”, por ejemplo, dejó un sabor amargo en la opinión pública, que ya en otros momentos ha debido mirar con desilusión como se escapan de las sanciones elementos comprometidos con ilícitos, o cómo quedan sin resolver casos de alto perfil como el del ejecutivo de la desaparecida Policía Técnica Judicial, asesinado en su propia oficina. Por la salud de la justicia y el bien del país, es de esperar que en las últimas acciones del Ministerio Público se esté actuando con estricto apego a la ley. Una acción contraria solo estaría sembrando el país de incertidumbre y acumulando deshechos peligrosos debajo de la cama.