Patria Nueva y la justicia
Al escribir la presente entrega han transcurrido varias semanas de la gestión del nuevo gobierno. Quise esperar para expresar algunos conceptos.
Como en todos mis artículos políticos, parto siempre de algunas premisas basadas en principios que siempre he respetado y profesado; primero, que el país es de todos los panameños y no de el grupo gobernante, por lo tanto, pasada la contienda político electoral, todos debemos de trabajar según nuestras posibilidades, para lograr construir el Panamá que queremos. Segundo, el tiempo es el mejor juez y testigo de las actuaciones de los hombres.
Lo primero que quise analizar fue la opinión de los críticos clásicos sobre los nombramientos anunciados por el nuevo mandatario, crítica que puedo resumir como positiva, luego de conocer la opinión de voceros de diferentes grupos de presión, quienes consideran que salvo contadas excepciones, están de acuerdo con dicho equipo de gobierno.
Ya algunos ministros del nuevo gabinete han aceptado como principal problema el desempleo; es el fenómeno que sustenta el nivel de pobreza en el que vive, según las estadísticas, la mayoría de los panameños. También sabemos que a base de los puestos de trabajo del sector público, no es posible satisfacer la demanda laboral. Tampoco la inversión nacional puede solucionar el problema del desempleo; la solución con mejor opción, entonces, es la inversión de capital extranjero que el gobierno pueda atraer para el desarrollo de diferentes tipos de rubros que dentro del sistema capitalista de economía genere más cantidad de puestos de trabajo. He sostenido que la seguridad jurídica es la columna vertebral de los sistemas democráticos de gobierno, con economías capitalistas y precisamente, la falta de dicha seguridad en el sistema judicial es el principal obstáculo para atraer la inversión extranjera, necesaria para nuestro desarrollo económico sostenible.
Sr. Presidente, usted podrá nombrar a los hombres y mujeres más capaces y mejor intencionados del país, usted y dicho grupo pueden tener las mejores intenciones para encontrar las soluciones a las necesidades más apremiantes de l nación, pero mientras no haya una reestructuración absoluta del sistema judicial, incluyendo la depuración, reforma y modernización de las instituciones mediante las cuales se logra la seguridad jurídica, como el Organo Judicial, Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, no será posible el logro de los objetivos de ningún gobierno de turno.
Y cómo comenzar. Próximamente, usted tendrá que anunciar los nombramientos de importantes posiciones en instituciones relacionadas con el logro de la seguridad jurídica. Me refiero a la designación de los funcionarios que ocuparán la Procuraduría de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Contraloría y nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los artículos 209 y 220 de la Constitución establecen que los cargos del Organo Judicial y el Ministerio Público son incompatibles con toda participación en la política y no puede interpretarse como hasta ahora irresponsablemente se ha hecho, que aquellos funcionarios que un día antes de su designación pertenecieron a un partido político al cual renunciaron para ocupar el cargo, no se les considere inhábiles para ocupar los mismos, por no cumplir con el requisito expuesto en los artículos. Las personas escogidas para los cargos que hemos mencionado, no deben haber pertenecido a ningún colectivo político en, por lo menos, los últimos cinco años. Los próximos magistrados de la Corte bien pueden ser escogidos de entre los actuales magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y no abogados legos en el arte de administrar justicia, como ha sucedido en los últimos años.
De nada sirve el control previo tan ponderado de la Contraloría, si el funcionario a cargo pude ser, incluso, un miembro reconocido del partido gobernante, para la muestra un botón. También, debe ser incompatible con la participación en política, el cargo de subcontralor general de la Republica, por lo menos en los cinco años anteriores a su designación.
(hyasoc@yahoo.com)
Como en todos mis artículos políticos, parto siempre de algunas premisas basadas en principios que siempre he respetado y profesado; primero, que el país es de todos los panameños y no de el grupo gobernante, por lo tanto, pasada la contienda político electoral, todos debemos de trabajar según nuestras posibilidades, para lograr construir el Panamá que queremos. Segundo, el tiempo es el mejor juez y testigo de las actuaciones de los hombres.
Lo primero que quise analizar fue la opinión de los críticos clásicos sobre los nombramientos anunciados por el nuevo mandatario, crítica que puedo resumir como positiva, luego de conocer la opinión de voceros de diferentes grupos de presión, quienes consideran que salvo contadas excepciones, están de acuerdo con dicho equipo de gobierno.
Ya algunos ministros del nuevo gabinete han aceptado como principal problema el desempleo; es el fenómeno que sustenta el nivel de pobreza en el que vive, según las estadísticas, la mayoría de los panameños. También sabemos que a base de los puestos de trabajo del sector público, no es posible satisfacer la demanda laboral. Tampoco la inversión nacional puede solucionar el problema del desempleo; la solución con mejor opción, entonces, es la inversión de capital extranjero que el gobierno pueda atraer para el desarrollo de diferentes tipos de rubros que dentro del sistema capitalista de economía genere más cantidad de puestos de trabajo. He sostenido que la seguridad jurídica es la columna vertebral de los sistemas democráticos de gobierno, con economías capitalistas y precisamente, la falta de dicha seguridad en el sistema judicial es el principal obstáculo para atraer la inversión extranjera, necesaria para nuestro desarrollo económico sostenible.
Sr. Presidente, usted podrá nombrar a los hombres y mujeres más capaces y mejor intencionados del país, usted y dicho grupo pueden tener las mejores intenciones para encontrar las soluciones a las necesidades más apremiantes de l nación, pero mientras no haya una reestructuración absoluta del sistema judicial, incluyendo la depuración, reforma y modernización de las instituciones mediante las cuales se logra la seguridad jurídica, como el Organo Judicial, Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, no será posible el logro de los objetivos de ningún gobierno de turno.
Y cómo comenzar. Próximamente, usted tendrá que anunciar los nombramientos de importantes posiciones en instituciones relacionadas con el logro de la seguridad jurídica. Me refiero a la designación de los funcionarios que ocuparán la Procuraduría de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Contraloría y nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los artículos 209 y 220 de la Constitución establecen que los cargos del Organo Judicial y el Ministerio Público son incompatibles con toda participación en la política y no puede interpretarse como hasta ahora irresponsablemente se ha hecho, que aquellos funcionarios que un día antes de su designación pertenecieron a un partido político al cual renunciaron para ocupar el cargo, no se les considere inhábiles para ocupar los mismos, por no cumplir con el requisito expuesto en los artículos. Las personas escogidas para los cargos que hemos mencionado, no deben haber pertenecido a ningún colectivo político en, por lo menos, los últimos cinco años. Los próximos magistrados de la Corte bien pueden ser escogidos de entre los actuales magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y no abogados legos en el arte de administrar justicia, como ha sucedido en los últimos años.
De nada sirve el control previo tan ponderado de la Contraloría, si el funcionario a cargo pude ser, incluso, un miembro reconocido del partido gobernante, para la muestra un botón. También, debe ser incompatible con la participación en política, el cargo de subcontralor general de la Republica, por lo menos en los cinco años anteriores a su designación.
(hyasoc@yahoo.com)
