¡Peligro!
El anuncio del gobierno de Moscoso del posible ingreso a la carrera administrativa de 15,000 empleados ha puesto de cabezas a varios sectores del país. FENASEP y los empleados de la CSS representados por Priscilla Vásquez, son uno de ellos.
Berrocal (FENASEP) lo llama "entuerto político", pues significaría ubicar a "la clientela política de la administración actual. No habría transparencia y claridad en el proceso", mientras Vásquez tilda la acción, de efectuarse, como "escandalosa y antojadiza" alejada del mecanismo requerido.
¡Cuidado!, dice Berrocal. Panamá ya está viviendo una situación delicada luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara a favor de 270 trabajadores del Estado despedidos durante el gobierno de Endara.
Un primer desembolso en concepto de prestaciones significó pagos por el orden de los 11 millones de dólares, pero faltaba más.
El Estado panameño se declaró en rebeldía tiempo después, al considerar improcedente las nuevas cifras planteadas por el sector.
La CIDH vuelve a pronunciarse al respecto y ahora el monto, que tocaría al gobierno entrante resolver a los demandantes oscila por los 45 a 50 millones.
La junta de conciliación de la Dirección General de Carrera Administrativa debe manejar los reclamos presentados y a la fecha, según FENASEP, suman unos 2 mil.
Sin embargo, datos obtenidos por El Panamá América revelan que la paralización de funciones de este estamento mantiene archivados más de 600 solicitudes de reconsideraciones por destituciones y desacreditación desde hace tres años, lo que significa que los demandantes ya han ganado el proceso por mora. ¿Se repetirá entonces la historia de los 270 empleados ante la CIDH
Berrocal (FENASEP) lo llama "entuerto político", pues significaría ubicar a "la clientela política de la administración actual. No habría transparencia y claridad en el proceso", mientras Vásquez tilda la acción, de efectuarse, como "escandalosa y antojadiza" alejada del mecanismo requerido.
¡Cuidado!, dice Berrocal. Panamá ya está viviendo una situación delicada luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara a favor de 270 trabajadores del Estado despedidos durante el gobierno de Endara.
Un primer desembolso en concepto de prestaciones significó pagos por el orden de los 11 millones de dólares, pero faltaba más.
El Estado panameño se declaró en rebeldía tiempo después, al considerar improcedente las nuevas cifras planteadas por el sector.
La CIDH vuelve a pronunciarse al respecto y ahora el monto, que tocaría al gobierno entrante resolver a los demandantes oscila por los 45 a 50 millones.
La junta de conciliación de la Dirección General de Carrera Administrativa debe manejar los reclamos presentados y a la fecha, según FENASEP, suman unos 2 mil.
Sin embargo, datos obtenidos por El Panamá América revelan que la paralización de funciones de este estamento mantiene archivados más de 600 solicitudes de reconsideraciones por destituciones y desacreditación desde hace tres años, lo que significa que los demandantes ya han ganado el proceso por mora. ¿Se repetirá entonces la historia de los 270 empleados ante la CIDH
