Pena de muerte en Panamá
Pero la ola de violencia no se limita a los transportistas; afecta también al resto de la sociedad, cuyo sentimiento de inseguridad se extiende a sus hogares, sitios de trabajo y vida social. Crímenes violentos se reportan a diario en todas partes del país. En la capital, los asaltos a restaurantes, controlados después de varios años de regulares atracos, han recrudecido durante los últimos meses. Lo peor es que los recientes robos, que en ocasiones han cobrando vidas, inclusive de agentes de seguridad y policías en cumplimiento de su deber, continuarán aumentando si la economía no genera suficientes oportunidades para los más necesitados.
Dicha ola de violencia amerita un análisis profundo y una discusión abierta sobre el sistema criminal nacional y, en especial, de las penas vigentes y del proceso de juzgamiento. Históricamente Panamá no ha tenido penas severas contra los criminales. El Código Penal actual contempla como pena máxima 20 años de prisión, la cual no es impuesta con suficiente regularidad, a pesar de los graves crímenes que se cometen.
El problema principal es que ni la penalización vigente, ni el estado decrépito y condiciones infrahumanas de nuestras cárceles, disuade a los criminales de sus aventuras antisociales. Las leves penas contempladas en nuestro régimen jurídico y las regulares liberaciones presidenciales de reos, fomentan la impunidad entre quienes abusan regularmente del sistema para continuar cometiendo sus fechorías. Coincidimos en que hay que adoptar penas más severas e incluir la pena de muerte como consecuencia excepcional de crímenes horrendos.
Es cierto que esas medidas agravarían el problema de congestionamiento de las cárceles y probablemente empeoraría su decrépito estado. Pero no se puede permitir que el problema de la criminalidad aumente y continúe agobiando a la sociedad. Se pueden adoptar los mecanismos jurídicos que garanticen que las penas extremas no sean utilizadas sin pleno fundamento. De modo alguno abogamos por que la pena de muerte sea impuesta a la ligera. Muchos países la contemplan, incluyendo varios estados de la Unión Americana, Chile, El Salvador y China. En la última, incluso, se impone por delitos de narcotráfico y corrupción. En todo caso, la elevación de penas debe estar acompañada con inversión para mejorar el sistema penitenciario y para mejorar los programas de resocialización de reos.
Dicha ola de violencia amerita un análisis profundo y una discusión abierta sobre el sistema criminal nacional y, en especial, de las penas vigentes y del proceso de juzgamiento. Históricamente Panamá no ha tenido penas severas contra los criminales. El Código Penal actual contempla como pena máxima 20 años de prisión, la cual no es impuesta con suficiente regularidad, a pesar de los graves crímenes que se cometen.
El problema principal es que ni la penalización vigente, ni el estado decrépito y condiciones infrahumanas de nuestras cárceles, disuade a los criminales de sus aventuras antisociales. Las leves penas contempladas en nuestro régimen jurídico y las regulares liberaciones presidenciales de reos, fomentan la impunidad entre quienes abusan regularmente del sistema para continuar cometiendo sus fechorías. Coincidimos en que hay que adoptar penas más severas e incluir la pena de muerte como consecuencia excepcional de crímenes horrendos.
Es cierto que esas medidas agravarían el problema de congestionamiento de las cárceles y probablemente empeoraría su decrépito estado. Pero no se puede permitir que el problema de la criminalidad aumente y continúe agobiando a la sociedad. Se pueden adoptar los mecanismos jurídicos que garanticen que las penas extremas no sean utilizadas sin pleno fundamento. De modo alguno abogamos por que la pena de muerte sea impuesta a la ligera. Muchos países la contemplan, incluyendo varios estados de la Unión Americana, Chile, El Salvador y China. En la última, incluso, se impone por delitos de narcotráfico y corrupción. En todo caso, la elevación de penas debe estar acompañada con inversión para mejorar el sistema penitenciario y para mejorar los programas de resocialización de reos.
