Penas por violar orden público
En respuesta al anuncio hecho por el Ministerio de Gobierno y Justicia, que durante el próximo período legislativo que inicia en septiembre, presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que reforma ciertos artículos del Código Administrativo, con el fin de aumentar las sanciones para los que alteren el orden público o atenten contra éste, durante protestas o manifestaciones, el sector obrero ha manifestado su absoluto repudio.
La iniciativa del gobierno, de que aumentaría las penas a quien o quienes violen las normas del orden público existentes en el Código Administrativo, de 10 días a un año de prisión (o el equivalente en dinero), fue justificada en base a que considera que estas normas son "obsoletas". Las reformas buscan salvaguardar el derecho al libre tránsito de terceros, afectados por manifestaciones, así como evitar los daños a los vehículos, residencias e incluso, la integridad física de muchos ciudadanos que se encuentren, por accidente o curiosidad, frente a manifestantes que buscan crear zozobra para lograr audiencia en favor de su causa. Otra de las normas propuestas busca sancionar a quienes sean sorprendidos pintarrajeando caricaturas, dibujos o manuscritos en muros y paredes que sean propiedad pública o privada.
La respuesta del sector obrero no se hizo esperar. En general, la dirigencia de los trabajadores respondió a la iniciativa en forma defensiva, ya que la ven como una medida represiva contra su movimiento. Consideran que las reformas están dirigidas hacia ese gremio, ya que ellos son los que más utilizan las manifestaciones públicas como un mecanismo legítimo de expresar sus opiniones. Advirtieron que no se dejarán intimidar por este tipo de disposición. Por ejemplo, representantes del SUNTRACS, gremio de trabajadores de la construcción que no vacila en utilizar estrategias radicales para hacer conocer su posición sobre diversos temas (indistintamente de que sean sectoriales o nacionales), advirtieron al Gobierno que "agrande las cárceles del país, porque el movimiento obrero continuará protestando y manifestándose por la política neoliberal de las altas autoridades de este gobierno".
Lo que nadie ha dicho es que ni siquiera las normas vigentes las aplican en forma consistente. ¿Cuántos manifestantes que destruyen propiedad ajena, frente a autoridades policiales y ante las cámaras de televisión, hemos visto liberados horas después de ser apresados in fraganti? ¿Cuántos han sido siquiera arrestados formalmente por violación de estas normas?. En realidad, la nueva pena podría tener un efecto disuasivo en la medida en que los manifestantes conozcan su alcance y anticipan su aplicación. Sin embargo, de nada servirían, si ellos saben que las autoridades no las han impuesto ni las impondrán. Por ahora, sería mejor no crear un nuevo frente de confrontación entre sectores de la sociedad, y simplemente hacer cumplir las normas vigentes. Si después de seguir la ruta correcta, se considera que las penas no son lo suficientemente fuertes, entonces se podría hablar de reformarlas.
La iniciativa del gobierno, de que aumentaría las penas a quien o quienes violen las normas del orden público existentes en el Código Administrativo, de 10 días a un año de prisión (o el equivalente en dinero), fue justificada en base a que considera que estas normas son "obsoletas". Las reformas buscan salvaguardar el derecho al libre tránsito de terceros, afectados por manifestaciones, así como evitar los daños a los vehículos, residencias e incluso, la integridad física de muchos ciudadanos que se encuentren, por accidente o curiosidad, frente a manifestantes que buscan crear zozobra para lograr audiencia en favor de su causa. Otra de las normas propuestas busca sancionar a quienes sean sorprendidos pintarrajeando caricaturas, dibujos o manuscritos en muros y paredes que sean propiedad pública o privada.
La respuesta del sector obrero no se hizo esperar. En general, la dirigencia de los trabajadores respondió a la iniciativa en forma defensiva, ya que la ven como una medida represiva contra su movimiento. Consideran que las reformas están dirigidas hacia ese gremio, ya que ellos son los que más utilizan las manifestaciones públicas como un mecanismo legítimo de expresar sus opiniones. Advirtieron que no se dejarán intimidar por este tipo de disposición. Por ejemplo, representantes del SUNTRACS, gremio de trabajadores de la construcción que no vacila en utilizar estrategias radicales para hacer conocer su posición sobre diversos temas (indistintamente de que sean sectoriales o nacionales), advirtieron al Gobierno que "agrande las cárceles del país, porque el movimiento obrero continuará protestando y manifestándose por la política neoliberal de las altas autoridades de este gobierno".
Lo que nadie ha dicho es que ni siquiera las normas vigentes las aplican en forma consistente. ¿Cuántos manifestantes que destruyen propiedad ajena, frente a autoridades policiales y ante las cámaras de televisión, hemos visto liberados horas después de ser apresados in fraganti? ¿Cuántos han sido siquiera arrestados formalmente por violación de estas normas?. En realidad, la nueva pena podría tener un efecto disuasivo en la medida en que los manifestantes conozcan su alcance y anticipan su aplicación. Sin embargo, de nada servirían, si ellos saben que las autoridades no las han impuesto ni las impondrán. Por ahora, sería mejor no crear un nuevo frente de confrontación entre sectores de la sociedad, y simplemente hacer cumplir las normas vigentes. Si después de seguir la ruta correcta, se considera que las penas no son lo suficientemente fuertes, entonces se podría hablar de reformarlas.
