Periodistas extorsionadores
El subdirector de la Policía Técnica Judicial, Javier Chérigo, ha revelado que el arresto de los radiocomentaristas Blas Julio y Alonso Pinzón, se debió a que fueron sorprendidos en flagrante delito mientras extorsionaban al prominente empresario de Zona Libre de Colón, Abdul Waked.
Según las investigaciones, Julio y Pinzón habían sostenido una prolongada campaña periodística contra el empresario, a quien imputaban la comisión de negocios ilícitos. Ambos comunicadores habían propuesto a Waked cesar las publicaciones a cambio de un pago de B/300 mil, parte del cual les fue adelantado con billetes marcados a los que dieron fácil seguimiento las autoridades alertadas por el afectado.
Por si fuera poco, los agentes de investigación policial montaron un sofisticado aparato de pesquisa que incluso pudo grabar en video y sonido el momento en que el dinero de la supuesta extorsión era entregado a los comunicadores.
Al margen del derecho de defensa y la presunción de inocencia que corresponde a todo imputado de delito, los colegas Julio y Pinzón deben ser juzgados con máximo rigor sin atenuantes, como cualquier ciudadano sorprendido en similar circunstancia.
Si recordamos bien, fue básicamente lo mismo que ocurrió al legislador bocatoreño Mario Miller, aunque en aquella ocasión no se llegó al grado de perfección en el operativo que con Julio y Pinzón.
A juzgar por aquel precedente, la situación de ambos es sumamente comprometida, pues Miller fue encarcelado y destituido del cargo, hasta que la Corte Suprema anuló el procedimiento por razones de forma inherentes a la inmunidad de que gozaba el parlamentario.
El apresamiento de Julio y Pinzón llega en mal momento, precisamente cuando surgen voces deseosas de acallar la labor de los medios de comunicación contra la corrupción. En efecto, en las últimas semanas han sido presentados al menos dos proyectos de ley en ese sentido, los cuales están inspirados en supuestos abusos de los comunicadores en el ejercicio de su derecho de información.
En todas las profesiones y oficios hay condenables elementos. Mal actúan los periodistas que abusan de su oficio y lo convierten en instrumento de bajas pasiones y lucro ilícito -cualquiera sea su forma. Cierto que son una minoría, pero existen y los conocemos. Porque igual de condenable es la conducta de quien convierte esta noble profesión en herramienta de extorsión o chantaje como aquel que vende su pluma, su intelecto y nombre, para colmar de alabanzas injustificadas a funcionarios en abierto abuso de los medios donde laboran y de violar los caros principios éticos de libertad de expresión que un día juraron defender y ejercer con decoro.
Según las investigaciones, Julio y Pinzón habían sostenido una prolongada campaña periodística contra el empresario, a quien imputaban la comisión de negocios ilícitos. Ambos comunicadores habían propuesto a Waked cesar las publicaciones a cambio de un pago de B/300 mil, parte del cual les fue adelantado con billetes marcados a los que dieron fácil seguimiento las autoridades alertadas por el afectado.
Por si fuera poco, los agentes de investigación policial montaron un sofisticado aparato de pesquisa que incluso pudo grabar en video y sonido el momento en que el dinero de la supuesta extorsión era entregado a los comunicadores.
Al margen del derecho de defensa y la presunción de inocencia que corresponde a todo imputado de delito, los colegas Julio y Pinzón deben ser juzgados con máximo rigor sin atenuantes, como cualquier ciudadano sorprendido en similar circunstancia.
Si recordamos bien, fue básicamente lo mismo que ocurrió al legislador bocatoreño Mario Miller, aunque en aquella ocasión no se llegó al grado de perfección en el operativo que con Julio y Pinzón.
A juzgar por aquel precedente, la situación de ambos es sumamente comprometida, pues Miller fue encarcelado y destituido del cargo, hasta que la Corte Suprema anuló el procedimiento por razones de forma inherentes a la inmunidad de que gozaba el parlamentario.
El apresamiento de Julio y Pinzón llega en mal momento, precisamente cuando surgen voces deseosas de acallar la labor de los medios de comunicación contra la corrupción. En efecto, en las últimas semanas han sido presentados al menos dos proyectos de ley en ese sentido, los cuales están inspirados en supuestos abusos de los comunicadores en el ejercicio de su derecho de información.
En todas las profesiones y oficios hay condenables elementos. Mal actúan los periodistas que abusan de su oficio y lo convierten en instrumento de bajas pasiones y lucro ilícito -cualquiera sea su forma. Cierto que son una minoría, pero existen y los conocemos. Porque igual de condenable es la conducta de quien convierte esta noble profesión en herramienta de extorsión o chantaje como aquel que vende su pluma, su intelecto y nombre, para colmar de alabanzas injustificadas a funcionarios en abierto abuso de los medios donde laboran y de violar los caros principios éticos de libertad de expresión que un día juraron defender y ejercer con decoro.
