Perspectivas de la aviación en Panamá
Panamá se verá en los próximos años sometida a rigurosas auditorías de parte de la OACI.
Pocas actividades en los últimos años han tomado un giro tan dramático como la aviación. Con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte aéreo cada día más seguro y ordenado, la aviación no es la misma a la de hace tan sólo unos 5 años. Esta realidad se hace más patética a partir del 11 de septiembre de 2001 cuando la seguridad, ya no de la aviación sino del mundo, se vio alterada por los atentados efectivos contra las torres del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington.
A partir de esa fecha, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y autoridades aeronáuticas de varios países (FAA) tomaron un papel más activo para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y las personas asociadas a las mismas.
Como resultado, las normas que regulan la aviación civil han dejado de ser meras recomendaciones, para convertirse en firmes compromisos internacionales de Estado, con estrictos mecanismos de evaluación y seguimiento, donde corresponde a los gobiernos, a través de sus instituciones aeronáuticas, desarrollar y aplicar las regulaciones que aseguren un sector aeronáutico controlado y transparente, con un claro mandato para regular, inspeccionar y sancionar a quienes no cumplan las normas.
Hoy la OACI realiza auditorías para verificar el grado o nivel de cumplimiento de los Estados a todas las normas y métodos contemplados en los 18 anexos a la Convención de Chicago de 1944 que regula la aviación civil internacional, con el propósito de asegurar un transporte aéreo seguro, eficiente y económico. Estas auditorías abarcan los aspectos aeronáuticos contenidos en las regulaciones existentes, obligando a los Estados a diseñar y mantener estructuras administrativas, operativas y presupuestarias que permitan cubrir las áreas con igualdad de importancia y dotar de los recursos necesarios para garantizar los resultados esperados. Panamá no escapa a este contexto internacional.
En 1997, la Agencia Federal de Aviación (FAA) otorgó a Panamá la clasificación de Categoría I, por considerar que cumplía un mínimo de normas y regulaciones que permitía la existencia y el desarrollo de un sector aeronáutico seguro. Sin embargo, como resultado de la incapacidad administrativa y presupuestaria de la Dirección de Aeronáutica Civil, Panamá perdió la Categoría I en el 2001, la cual recuperó en el 2004, después de un proceso arduo, largo y costoso, gracias al esfuerzo de muchos funcionarios de la AAC y empresas que requieren de dicha clasificación para operar y crecer en el mundo de la aviación.
A finales del 2002, la aviación civil del país se vio forzada a un proceso de reestructuración que dieron como resultado en enero de 2003 la aprobación de 3 leyes, mediante las cuales se reguló la aviación civil, se creó la Autoridad Aeronáutica y se creó el marco regulatorio para la administración de aeropuertos.
Este proceso de reestructuración, a nuestro juicio con objetivos confusos y contradictorios para el sector en su conjunto, aún está inconcluso y requiere, en el corto plazo, de esfuerzos adicionales para revisarlo, ya más bien desde los resultados obtenidos en la práctica, sobre todo si en realidad queremos y estamos comprometidos a que Panamá ofrezca al mundo un sector aeronáutico seguro, eficiente y económico.
El crecimiento vertiginoso y las proyecciones ambiciosas de empresas como COPA, la presencia de una mayor cantidad de líneas aéreas y de vuelos internacionales llegando a nuestro país, muchas de ellas como resultado de la Categoría I, y las razones de seguridad internacional antes expuestas, han aumentado la necesidad de cumplir la normativa existente, pero también, desarrollar y aplicar nuevas regulaciones emergentes.
El futuro exitoso y sostenido de la aviación civil en Panamá, está en función directa de la capacidad para afrontar nuestros compromisos internacionales y nacionales en materia de seguridad operacional, en lograr inversiones para mejorar nuestros aeropuertos, en adquirir equipos de ayuda a la navegación y comunicaciones, en mejorar la seguridad aeroportuaria y la certificación de aeródromos, en la protección del medio ambiente, y por último, en aquellos aspectos relacionados con la reestructuración interna de la Autoridad Aeronáutica, para hacer de ella una organización eficiente y ágil, capaz de responder a las necesidades del sector, incluyendo el manejo profesional de sus recursos humanos y la capacitación que requiere su personal y el sector.
Panamá se verá en los próximos años sometida a rigurosas auditorías de parte de la OACI para asegurar el cumplimiento de las normas para la aviación. Sin embargo, la estructura que apuntala los esfuerzos de preparación y mantenimiento de los niveles de calidad requeridos, tiene un costo que hay que afrontar a tiempo. Mucho más costoso resultaría en el corto plazo la pérdida de imagen y de confianza de los inversionistas, líneas aéreas y pasajeros que ven en Panamá una alternativa para traer divisas y generar empleos. Los retos y compromisos para la ACC enmarcan responsabilidades internacionales que requieren del decidido apoyo del Estado y de la sociedad en general.
Pocas actividades en los últimos años han tomado un giro tan dramático como la aviación. Con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte aéreo cada día más seguro y ordenado, la aviación no es la misma a la de hace tan sólo unos 5 años. Esta realidad se hace más patética a partir del 11 de septiembre de 2001 cuando la seguridad, ya no de la aviación sino del mundo, se vio alterada por los atentados efectivos contra las torres del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington.
A partir de esa fecha, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y autoridades aeronáuticas de varios países (FAA) tomaron un papel más activo para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y las personas asociadas a las mismas.
Como resultado, las normas que regulan la aviación civil han dejado de ser meras recomendaciones, para convertirse en firmes compromisos internacionales de Estado, con estrictos mecanismos de evaluación y seguimiento, donde corresponde a los gobiernos, a través de sus instituciones aeronáuticas, desarrollar y aplicar las regulaciones que aseguren un sector aeronáutico controlado y transparente, con un claro mandato para regular, inspeccionar y sancionar a quienes no cumplan las normas.
Hoy la OACI realiza auditorías para verificar el grado o nivel de cumplimiento de los Estados a todas las normas y métodos contemplados en los 18 anexos a la Convención de Chicago de 1944 que regula la aviación civil internacional, con el propósito de asegurar un transporte aéreo seguro, eficiente y económico. Estas auditorías abarcan los aspectos aeronáuticos contenidos en las regulaciones existentes, obligando a los Estados a diseñar y mantener estructuras administrativas, operativas y presupuestarias que permitan cubrir las áreas con igualdad de importancia y dotar de los recursos necesarios para garantizar los resultados esperados. Panamá no escapa a este contexto internacional.
En 1997, la Agencia Federal de Aviación (FAA) otorgó a Panamá la clasificación de Categoría I, por considerar que cumplía un mínimo de normas y regulaciones que permitía la existencia y el desarrollo de un sector aeronáutico seguro. Sin embargo, como resultado de la incapacidad administrativa y presupuestaria de la Dirección de Aeronáutica Civil, Panamá perdió la Categoría I en el 2001, la cual recuperó en el 2004, después de un proceso arduo, largo y costoso, gracias al esfuerzo de muchos funcionarios de la AAC y empresas que requieren de dicha clasificación para operar y crecer en el mundo de la aviación.
A finales del 2002, la aviación civil del país se vio forzada a un proceso de reestructuración que dieron como resultado en enero de 2003 la aprobación de 3 leyes, mediante las cuales se reguló la aviación civil, se creó la Autoridad Aeronáutica y se creó el marco regulatorio para la administración de aeropuertos.
Este proceso de reestructuración, a nuestro juicio con objetivos confusos y contradictorios para el sector en su conjunto, aún está inconcluso y requiere, en el corto plazo, de esfuerzos adicionales para revisarlo, ya más bien desde los resultados obtenidos en la práctica, sobre todo si en realidad queremos y estamos comprometidos a que Panamá ofrezca al mundo un sector aeronáutico seguro, eficiente y económico.
El crecimiento vertiginoso y las proyecciones ambiciosas de empresas como COPA, la presencia de una mayor cantidad de líneas aéreas y de vuelos internacionales llegando a nuestro país, muchas de ellas como resultado de la Categoría I, y las razones de seguridad internacional antes expuestas, han aumentado la necesidad de cumplir la normativa existente, pero también, desarrollar y aplicar nuevas regulaciones emergentes.
El futuro exitoso y sostenido de la aviación civil en Panamá, está en función directa de la capacidad para afrontar nuestros compromisos internacionales y nacionales en materia de seguridad operacional, en lograr inversiones para mejorar nuestros aeropuertos, en adquirir equipos de ayuda a la navegación y comunicaciones, en mejorar la seguridad aeroportuaria y la certificación de aeródromos, en la protección del medio ambiente, y por último, en aquellos aspectos relacionados con la reestructuración interna de la Autoridad Aeronáutica, para hacer de ella una organización eficiente y ágil, capaz de responder a las necesidades del sector, incluyendo el manejo profesional de sus recursos humanos y la capacitación que requiere su personal y el sector.
Panamá se verá en los próximos años sometida a rigurosas auditorías de parte de la OACI para asegurar el cumplimiento de las normas para la aviación. Sin embargo, la estructura que apuntala los esfuerzos de preparación y mantenimiento de los niveles de calidad requeridos, tiene un costo que hay que afrontar a tiempo. Mucho más costoso resultaría en el corto plazo la pérdida de imagen y de confianza de los inversionistas, líneas aéreas y pasajeros que ven en Panamá una alternativa para traer divisas y generar empleos. Los retos y compromisos para la ACC enmarcan responsabilidades internacionales que requieren del decidido apoyo del Estado y de la sociedad en general.
