Pinochet en víspera de su extradición
La extradición del general (r) y senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte a España, desde Inglaterra, empezó a adquirir corporeidad jurídica con la decisión del Ministro del Interior británico Jack Straw de entregar al anciano dictador chileno. Los abogados de Pinochet interpondrán recursos para apelar la decisión del ministro inglés. Sin embargo, por la consistencia legal de los pasos emprendidos en el proceso, todo indica que, en breve lapso, Pinochet será trasladado a Madrid para que responda por su responsabilidad penal en el asesinato de siete ciudadanos españoles que residían en Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende.
El Canciller chileno José Miguel Insulza reiteró la posición del gobierno demócrata-cristiano de considerar que el juzgamiento del senador Pinochet por tribunales europeos, viola la soberanía nacional chilena y el derecho a la inmunidad diplomática que, aparentemente, lo protegía por el otorgamiento de pasaporte diplomático. No cabe duda que la posición chilena es la misma de estadistas y juristas latinoamericanos y europeos, preocupados por la injerencia de procedimientos de extraterritorialidad judicial.
Sin embargo, la circunstancia manifiesta que durante 25 años ningún tribunal chileno ha acogido demandas judiciales de los parientes de millares de muertos y desaparecidos, debilita la consistencia de los alegatos de soberanía nacional, interpretada más bien en sentido contrario como una protección política al autor del golpe de estado contra el régimen de Allende. Hay quienes aseveran que si se hubiera tramitado siquiera un juicio contra Pinochet en tribunales chilenos, no habrían actuado los tribunales españoles, con el respaldo internacional que encuentran en numerosos países. Excepto sus apologistas de la extrema derecha, pocos se atreven a negar el muro de impunidad que rodeó un cuarto de siglo al hombre fuerte, otorgándole una controvertida amnistía y aceptando su nominación a dedo, sin elección, de senador de la república.
La posición de la justicia española se respalda en que existen tratados multilaterales que dan jurisdicción y competencia a la Audiencia Nacional, para incriminar al déspota sureño por supuestos delitos de genocidio, terrorismo de estado y torturas perpetrados contra siete ciudadanos hispanos, millares de ciudadanos chilenos y de otras nacionalidades. Asimismo la Audiencia Nacional sostiene que las leyes de amnistía política, dictadas en Chile, por razones de búsqueda de la reconciliación después del trauma sangriento de la dictadura, no enervan la acción de los tribunales españoles, pues la extraterritorialidad de la jurisdicción de España se ampara en principios universales de protección a los derechos humanos.
Todo parece indicar que Pinochet será juzgado en España con el derecho pleno a la defensa, es decir con las garantías procesales y doctrinarias que el régimen militar negó a sus víctimas, hostilidades y diezmadas con premeditada prescindencia de los derechos que la Constitución chilena concedía a ciudadanos y extranjeros residentes, condenando la tortura, la detención y el encarcelamiento ilegales, así como los juicios sumarios extrajudiciales. No sería sorprendente que Pinochet, después de ser juzgado y sentenciado, sea devuelto a su país, en razón de su edad avanzada. Si esto sucediera, quedaría demostrado que el imperio de la ley se ejerce hasta con los dictadores que la escarnecieron.
El Canciller chileno José Miguel Insulza reiteró la posición del gobierno demócrata-cristiano de considerar que el juzgamiento del senador Pinochet por tribunales europeos, viola la soberanía nacional chilena y el derecho a la inmunidad diplomática que, aparentemente, lo protegía por el otorgamiento de pasaporte diplomático. No cabe duda que la posición chilena es la misma de estadistas y juristas latinoamericanos y europeos, preocupados por la injerencia de procedimientos de extraterritorialidad judicial.
Sin embargo, la circunstancia manifiesta que durante 25 años ningún tribunal chileno ha acogido demandas judiciales de los parientes de millares de muertos y desaparecidos, debilita la consistencia de los alegatos de soberanía nacional, interpretada más bien en sentido contrario como una protección política al autor del golpe de estado contra el régimen de Allende. Hay quienes aseveran que si se hubiera tramitado siquiera un juicio contra Pinochet en tribunales chilenos, no habrían actuado los tribunales españoles, con el respaldo internacional que encuentran en numerosos países. Excepto sus apologistas de la extrema derecha, pocos se atreven a negar el muro de impunidad que rodeó un cuarto de siglo al hombre fuerte, otorgándole una controvertida amnistía y aceptando su nominación a dedo, sin elección, de senador de la república.
La posición de la justicia española se respalda en que existen tratados multilaterales que dan jurisdicción y competencia a la Audiencia Nacional, para incriminar al déspota sureño por supuestos delitos de genocidio, terrorismo de estado y torturas perpetrados contra siete ciudadanos hispanos, millares de ciudadanos chilenos y de otras nacionalidades. Asimismo la Audiencia Nacional sostiene que las leyes de amnistía política, dictadas en Chile, por razones de búsqueda de la reconciliación después del trauma sangriento de la dictadura, no enervan la acción de los tribunales españoles, pues la extraterritorialidad de la jurisdicción de España se ampara en principios universales de protección a los derechos humanos.
Todo parece indicar que Pinochet será juzgado en España con el derecho pleno a la defensa, es decir con las garantías procesales y doctrinarias que el régimen militar negó a sus víctimas, hostilidades y diezmadas con premeditada prescindencia de los derechos que la Constitución chilena concedía a ciudadanos y extranjeros residentes, condenando la tortura, la detención y el encarcelamiento ilegales, así como los juicios sumarios extrajudiciales. No sería sorprendente que Pinochet, después de ser juzgado y sentenciado, sea devuelto a su país, en razón de su edad avanzada. Si esto sucediera, quedaría demostrado que el imperio de la ley se ejerce hasta con los dictadores que la escarnecieron.
