Plan nacional anticorrupción
Sería de desear que en Panamá, como lo hizo recientemente el Presidente del Consejo de Ministros en Perú, se formalizara la elaboración y concreción de un Plan Nacional Anticorrupción, como una medida saludable para nuestro sistema democrático.
De materializarse la propuesta sugerida, estamos seguros que suscitaría el interés de la sociedad civil y de los diversos sectores del Estado, toda vez que evidenciaría una firme voluntad política para desterrar el flagelo de la corrupción de nuestro medio.
Se hace indispensable un plan que supere esquemas agotados, como el del "zar" o "zarina" anticorrupción y la Secretaría Nacional Anticorrupción, que han resultado solo escapes mediáticos de crisis coyunturales, pero sin solidez ni visos de permanencia, y, por lo mismo, también han sido blanco de innumerables cuestionamientos.
El referido plan sería fructuoso en la medida en que fuera concebido y ejecutado como un "compromiso de todos". Debería involucrarse de una manera mucho más visible y comprometida, además del Ejecutivo, a la Asamblea Nacional y, sobre todo, al ?"rgano Judicial, que son parte principal del problema, y, por tanto, les atañe ser parte de la solución. Porque, si bien es cierto que la lacra de la corrupción permea y carcome el aparato estatal, mediante coimas o maniobras oscuras, también lo es que sus tentáculos tocan todos los órganos del Estado y las diversas capas de la sociedad.
Correspondería al Ejecutivo, entonces, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, convocar a los responsables de dichos órganos, los cuales deberían sumarse prontamente al plan con una actitud autocrítica y emprendedora.
El referido plan debería basarse en un diagnóstico acertado que identifique los tres factores conocidos que favorecen la corrupción, a saber: la falta de transparencia y las limitaciones de la información pública; la ineficiencia en los mecanismos de control y sanción; y la limitada educación sobre derechos y obligaciones ciudadanas. No obstante, hay que ir más allá todavía: obligar a toda la burocracia a publicar y actualizar toda la información relevante en páginas web. Y, si no lo hicieren, los responsables deberían ser denunciados y castigados.
El plan sería, sin duda, un buen primer paso que pudiera perfeccionarse con el concurso de los órganos del Estado y la sociedad civil, todo ello bajo el liderazgo del Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia, a quienes correspondería deslindar las facetas de la corrupción y monitorear el desarrollo del plan. A la ciudadanía y los medios de comunicación social les correspondería permanecer vigilantes y alerta en todo momento, no sólo para hacer sugerencias y abrir debates públicos sobre tan crucial tema, sino también para denunciar eventuales retrasos, desvíos o falencias. No olvidemos que de por medio están la gobernabilidad del Estado, el desarrollo económico y el saneamiento ético de la Nación panameña.
