¿Podremos ganar el lustro perdido?
LA MAYORÍA de los panameños consideramos que la tarea principal de este lustro es iniciar la ampliación del Canal de Panamá. La obra, si se aprobase este año y se iniciase para principios del 2007, se culminaría a más tardar en el 2017.
Creo que nadie medianamente sensato podría negar el impacto positivo que sobre la economía ejercería esta importante obra en el corto y mediano plazo, ya que aumentaría significativamente el empleo y el crecimiento económico para ese periodo, y podría sentar las bases de un despegue realmente estratégico para la nación. Además, Panamá consolidaría su importancia en el creciente y pujante comercio internacional, fortaleciéndose significativamente su ventaja comparativa mundial como país de tránsito y de servicios.
Por eso, a pesar de que se pueda argumentar que los estudios sobre la ampliación no estén listos, no es menos cierto que lo que falta es poco, según información suministrada a este servidor por altos directivos de la autoridad del canal, razón por la cual pensé que la primera acción del gobierno de Martín Torrijos, aprovechando el capital político de su imponente victoria, sería buscar la aprobación del pueblo panameño.
No dejo de reconocer la importancia de los otros asuntos que forman parte del paquete que debe atender el Gobierno Nacional, ya que la administración de la Sra. Moscoso, que se caracterizó por corrupta, incapaz y entreguista -y poco dado a enfrentar los retos fundamentales de la Nación- sumió el país en un estado realmente deplorable en lo material y espiritual.
El legado de Mireya Moscoso de mil 300 millones de dólares de déficit, mayormente consecuencia de la contratación de cerca de 50 mil botellas para convertirlas en votos, ha desviado peligrosamente la atención del gobierno de Martín Torrijos de lo que debió ser el objetivo central de su gestión. Al paquete de medidas fiscales le seguirá, en orden de ejecución, el espinoso asunto de la Caja de Seguro Social y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, afectándose, irremediablemente, con estas legislaciones a la clase media, al sector empresarial y a la mayoría de los sectores populares.
Enfrentar estas tareas, priorizarlas y ordenarlas, constituye una decisión de estrategia política, lo que comúnmente llamamos un plan para gobernar, mismo que debe contemplar los tiempos, el ritmo de implementación, el capital político disponible, las políticas de alianzas que sumen a la causa a sectores políticos y sociales importantes del país, y otros elementos que son imprescindibles para llevar el barco del Estado a puerto seguro.
Los trabajos de ampliación del Canal debieron ser la tarea prioritaria, el eje principal sobre el cual gravitarían todas la demás acciones del Gobierno Nacional. ¿Por qué se invirtieron los términos y por qué el gobierno no inició su gestión con el referéndum sobre la ampliación del Canal, siendo lo más importante para la nación? Es algo que no nos podemos explicar. No puedo pensar que se haya dejado de último porque aún no se ha culminado el tratado de libre comercio con los norteamericanos, en el que sus contratistas aspiran lograr ventajas como nación más favorecida para la realización de la obra.
Lo que sí se puede prever es que si el calendario pasa por aprobar las reformas tributaria, las reformas a la Caja de Seguro Social y el tratado de libre comercio, se pasará por un alto desgaste del capital político; y la posibilidad de aprobar después la ampliación del Canal resultará más difícil, pues sabemos por experiencia que en estos referéndum los pueblos, más que votar sobre un tema específico, lo convierten en un acto de condena a los gobiernos que han implementado leyes que, aunque impopulares, son inevitables para cualquier gobierno que se precie de ser responsable.
De allí que los estrategas políticos del gobierno podrían haber equivocado el orden de prioridades y confundido el contundente triunfo electoral, que es una cosa, con el arte de gobernar que es otra, poniéndose en peligro la estratégica ampliación del Canal, la que sin duda contaría con el apoyo de la inmensa mayoría nacional, si ésta fuese antecedida por una campaña publicitaria para sumar adeptos. Pues, para lograr el apoyo de la gran mayoría de los panameños, hubiese sido necesario hacer conciencia de la trascendencia de las obras del canal, sus beneficios directos e indirectos y sus efectos en la economía en los próximos diez años.
Considerando que ése es aún el gran eje sobre el cual debe centrarse el plan de gobernar para, a partir de él, ir creando la gran alianza nacional -que incluso hubiese permitido apoyos para implementar las otras ineludibles tareas- se pierde oportunidad de hacer todo esto saliendo más fortalecidos, tanto el gobierno como el país.
Haber invertido el orden de prioridades y no haber ganado desde un inicio a favor de la causa del plan de gobernar a vastos sectores sociales y políticos del país, podría elevar peligrosamente los costos políticos. Así, quizás, se podrá ganar el lustro perdido a causa de la mediocridad arnulfista, pero el costo político a pagar sería innecesariamente inmenso, abriéndoseles amplias posibilidades a los lagartos de la neo oligarquía nacional, que desde ya apuestan al desgaste del gobierno, lo que se convierte en oportunidad de retomar el poder, esta vez de manera directa, es decir sin arnulfistas ni torrijistas. He allí la esencia -y el real peligro- de la inversión de las prioridades.
Creo que nadie medianamente sensato podría negar el impacto positivo que sobre la economía ejercería esta importante obra en el corto y mediano plazo, ya que aumentaría significativamente el empleo y el crecimiento económico para ese periodo, y podría sentar las bases de un despegue realmente estratégico para la nación. Además, Panamá consolidaría su importancia en el creciente y pujante comercio internacional, fortaleciéndose significativamente su ventaja comparativa mundial como país de tránsito y de servicios.
Por eso, a pesar de que se pueda argumentar que los estudios sobre la ampliación no estén listos, no es menos cierto que lo que falta es poco, según información suministrada a este servidor por altos directivos de la autoridad del canal, razón por la cual pensé que la primera acción del gobierno de Martín Torrijos, aprovechando el capital político de su imponente victoria, sería buscar la aprobación del pueblo panameño.
No dejo de reconocer la importancia de los otros asuntos que forman parte del paquete que debe atender el Gobierno Nacional, ya que la administración de la Sra. Moscoso, que se caracterizó por corrupta, incapaz y entreguista -y poco dado a enfrentar los retos fundamentales de la Nación- sumió el país en un estado realmente deplorable en lo material y espiritual.
El legado de Mireya Moscoso de mil 300 millones de dólares de déficit, mayormente consecuencia de la contratación de cerca de 50 mil botellas para convertirlas en votos, ha desviado peligrosamente la atención del gobierno de Martín Torrijos de lo que debió ser el objetivo central de su gestión. Al paquete de medidas fiscales le seguirá, en orden de ejecución, el espinoso asunto de la Caja de Seguro Social y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, afectándose, irremediablemente, con estas legislaciones a la clase media, al sector empresarial y a la mayoría de los sectores populares.
Enfrentar estas tareas, priorizarlas y ordenarlas, constituye una decisión de estrategia política, lo que comúnmente llamamos un plan para gobernar, mismo que debe contemplar los tiempos, el ritmo de implementación, el capital político disponible, las políticas de alianzas que sumen a la causa a sectores políticos y sociales importantes del país, y otros elementos que son imprescindibles para llevar el barco del Estado a puerto seguro.
Los trabajos de ampliación del Canal debieron ser la tarea prioritaria, el eje principal sobre el cual gravitarían todas la demás acciones del Gobierno Nacional. ¿Por qué se invirtieron los términos y por qué el gobierno no inició su gestión con el referéndum sobre la ampliación del Canal, siendo lo más importante para la nación? Es algo que no nos podemos explicar. No puedo pensar que se haya dejado de último porque aún no se ha culminado el tratado de libre comercio con los norteamericanos, en el que sus contratistas aspiran lograr ventajas como nación más favorecida para la realización de la obra.
Lo que sí se puede prever es que si el calendario pasa por aprobar las reformas tributaria, las reformas a la Caja de Seguro Social y el tratado de libre comercio, se pasará por un alto desgaste del capital político; y la posibilidad de aprobar después la ampliación del Canal resultará más difícil, pues sabemos por experiencia que en estos referéndum los pueblos, más que votar sobre un tema específico, lo convierten en un acto de condena a los gobiernos que han implementado leyes que, aunque impopulares, son inevitables para cualquier gobierno que se precie de ser responsable.
De allí que los estrategas políticos del gobierno podrían haber equivocado el orden de prioridades y confundido el contundente triunfo electoral, que es una cosa, con el arte de gobernar que es otra, poniéndose en peligro la estratégica ampliación del Canal, la que sin duda contaría con el apoyo de la inmensa mayoría nacional, si ésta fuese antecedida por una campaña publicitaria para sumar adeptos. Pues, para lograr el apoyo de la gran mayoría de los panameños, hubiese sido necesario hacer conciencia de la trascendencia de las obras del canal, sus beneficios directos e indirectos y sus efectos en la economía en los próximos diez años.
Considerando que ése es aún el gran eje sobre el cual debe centrarse el plan de gobernar para, a partir de él, ir creando la gran alianza nacional -que incluso hubiese permitido apoyos para implementar las otras ineludibles tareas- se pierde oportunidad de hacer todo esto saliendo más fortalecidos, tanto el gobierno como el país.
Haber invertido el orden de prioridades y no haber ganado desde un inicio a favor de la causa del plan de gobernar a vastos sectores sociales y políticos del país, podría elevar peligrosamente los costos políticos. Así, quizás, se podrá ganar el lustro perdido a causa de la mediocridad arnulfista, pero el costo político a pagar sería innecesariamente inmenso, abriéndoseles amplias posibilidades a los lagartos de la neo oligarquía nacional, que desde ya apuestan al desgaste del gobierno, lo que se convierte en oportunidad de retomar el poder, esta vez de manera directa, es decir sin arnulfistas ni torrijistas. He allí la esencia -y el real peligro- de la inversión de las prioridades.
