Policías, golpes y constituyentes
Las declaraciones de Martín Torrijos sobre el nombramiento del Jefe de la Policía Nacional y las reacciones que han generado las mismas son profundamente aleccionadoras. Parecieran revelar que el país no ha superado aún las traumáticas circunstancias que llevaron, hace 14 años, a desmantelar a las Fuerzas de Defensa, a la abolición constitucional del ejercicio hace casi 10 años y a la aprobación de la nueva ley de la Policía Nacional en 1997. Es como si, virtualmente, hubiéramos entrado en un estado de hibernación en materia de seguridad y como que viviéramos en una urna de cristal, y a espaldas de lo que ocurre regional y mundialmente en materia de defensa nacional y de seguridad ciudadana.
Tenemos que admitir que todavía se insiste tercamente en reactivar un antimilitarismo desusado y de viejo cuño que lejos de reforzar nuestra civilidad y el proceso de democratización de nuestras instituciones, lo que hace es desmoralizar a los estamentos de seguridad, enviando un mensaje de incertidumbre, en medio de crecientes signos de descomposición social y de violencia.
Se pierde de vista que los golpes palaciegos y tradicionales, así como las dictaduras totalitarias convencionales, tan frecuentes en nuestra reciente historia latinoamericana, son virtualmente una especie en extinción. Los peligros y amenazas reales a la seguridad y la paz ciudadana son de una naturaleza totalmente inédita, difíciles de predecir e imposibles de desligar de las reglas de juego impuestas por el nuevo orden mundial globalizador.
En la historia reciente de América Latina, ni los escandalosos casos de corrupción gubernamental, ni la crónica inestabilidad de gobiernos elegidos democráticamente, y mucho menos, los sangrientos episodios de masacre de decenas de ciudadanos en las calles, han sido argumentos políticos o ideológicos suficientemente sólidos como para justificar golpes de estado militaristas en la región. Esto es precisamente lo que nos enseñan los sonados y documentados casos de corrupción escenificados por mandatarios y altos funcionarios en Nicaragua, Guatemala y Honduras; la sucesión de cuatro presidentes en cuatro años en Ecuador; la dificultad para derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a pesar de numerosas asonadas, intentos de golpe cuartelarios y movimientos de masa; o la sangrienta represión en Bolivia, que culminó no sólo con la caída del presidente Sánchez de Lozada, sino también con la muerte de más de 80 ciudadanos. Hace apenas menos de dos décadas, y por razones aún menos graves que las antes señaladas, se estuvieron derrocando militarmente, gobiernos civiles plenamente constituidos.
Curiosamente, en este momento, distinguidas y respetadas organizaciones civiles de nuestro país, con el aval de la Iglesia, se encuentran empeñadas en la convocatoria de una Asamblea Constituyente; pero a través de la invocación de métodos contrarios a los permitidos por la Constitución, lo que significaría, para muchos, un virtual llamado a la sedición o a un golpe de Estado. Si bien consideramos que nuestra Carta Magna, sin lugar a dudas, requiere de una seria revisión que la adapte a las nuevas demandas de democratización y moralidad que exigen las nuevas reglas de convivencia, no deja de ser un contrasentido que, invocando la “soberanía popular”, se violen normas legalmente establecidas. El siguiente paso sería la anarquía y el asalto al poder.
De todas maneras, como ya lo demuestra la folclórica historia política de nuestra región, si el caos y la arbitrariedad se imponen, lo más seguro es que no ocurra nada (por lo menos en términos de conmoción militar), dada la subordinación de las fuerzas de seguridad al estatuto civil. Lo realmente preocupante aquí sería, sin embargo, la incapacidad para imponer el orden después del caos. Esta es una de las grandes paradojas de una democracia civil mal entendida.
Pero por esta misma vía, recordemos que los golpes militares no son la única forma de cambio social violento y traumático en una sociedad. En realidad, ni siquiera es la más importante ahora mismo. De hecho, la misma sociedad civil, cual monstruo de mil cabezas, tiene muchas formas no civilizadas de transformar la realidad social (y éstas no excluyen la violencia).
Revisemos una vez más la historia y complementemos este examen con una aguda mirada sobre lo que ocurre, actualmente, alrededor del mundo. Así, quizás podamos identificar dónde se encuentra realmente el peligro y quiénes lo representan, si de civilidad, seguridad y defensa de la democracia se trata.
Tenemos que admitir que todavía se insiste tercamente en reactivar un antimilitarismo desusado y de viejo cuño que lejos de reforzar nuestra civilidad y el proceso de democratización de nuestras instituciones, lo que hace es desmoralizar a los estamentos de seguridad, enviando un mensaje de incertidumbre, en medio de crecientes signos de descomposición social y de violencia.
Se pierde de vista que los golpes palaciegos y tradicionales, así como las dictaduras totalitarias convencionales, tan frecuentes en nuestra reciente historia latinoamericana, son virtualmente una especie en extinción. Los peligros y amenazas reales a la seguridad y la paz ciudadana son de una naturaleza totalmente inédita, difíciles de predecir e imposibles de desligar de las reglas de juego impuestas por el nuevo orden mundial globalizador.
En la historia reciente de América Latina, ni los escandalosos casos de corrupción gubernamental, ni la crónica inestabilidad de gobiernos elegidos democráticamente, y mucho menos, los sangrientos episodios de masacre de decenas de ciudadanos en las calles, han sido argumentos políticos o ideológicos suficientemente sólidos como para justificar golpes de estado militaristas en la región. Esto es precisamente lo que nos enseñan los sonados y documentados casos de corrupción escenificados por mandatarios y altos funcionarios en Nicaragua, Guatemala y Honduras; la sucesión de cuatro presidentes en cuatro años en Ecuador; la dificultad para derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a pesar de numerosas asonadas, intentos de golpe cuartelarios y movimientos de masa; o la sangrienta represión en Bolivia, que culminó no sólo con la caída del presidente Sánchez de Lozada, sino también con la muerte de más de 80 ciudadanos. Hace apenas menos de dos décadas, y por razones aún menos graves que las antes señaladas, se estuvieron derrocando militarmente, gobiernos civiles plenamente constituidos.
Curiosamente, en este momento, distinguidas y respetadas organizaciones civiles de nuestro país, con el aval de la Iglesia, se encuentran empeñadas en la convocatoria de una Asamblea Constituyente; pero a través de la invocación de métodos contrarios a los permitidos por la Constitución, lo que significaría, para muchos, un virtual llamado a la sedición o a un golpe de Estado. Si bien consideramos que nuestra Carta Magna, sin lugar a dudas, requiere de una seria revisión que la adapte a las nuevas demandas de democratización y moralidad que exigen las nuevas reglas de convivencia, no deja de ser un contrasentido que, invocando la “soberanía popular”, se violen normas legalmente establecidas. El siguiente paso sería la anarquía y el asalto al poder.
De todas maneras, como ya lo demuestra la folclórica historia política de nuestra región, si el caos y la arbitrariedad se imponen, lo más seguro es que no ocurra nada (por lo menos en términos de conmoción militar), dada la subordinación de las fuerzas de seguridad al estatuto civil. Lo realmente preocupante aquí sería, sin embargo, la incapacidad para imponer el orden después del caos. Esta es una de las grandes paradojas de una democracia civil mal entendida.
Pero por esta misma vía, recordemos que los golpes militares no son la única forma de cambio social violento y traumático en una sociedad. En realidad, ni siquiera es la más importante ahora mismo. De hecho, la misma sociedad civil, cual monstruo de mil cabezas, tiene muchas formas no civilizadas de transformar la realidad social (y éstas no excluyen la violencia).
Revisemos una vez más la historia y complementemos este examen con una aguda mirada sobre lo que ocurre, actualmente, alrededor del mundo. Así, quizás podamos identificar dónde se encuentra realmente el peligro y quiénes lo representan, si de civilidad, seguridad y defensa de la democracia se trata.
