Política, pobreza y desigualdad
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo convocó recientemente a líderes sociales del área centroamericana para discutir sobre la pobreza y las desigualdades en la región, así como su impacto en los procesos de construcción democrática. Se trataba de complementar el informe publicado por el PNUD "Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas", presentando las dimensiones del problema social y las políticas de Estado para combatir la pobreza en las sociedades de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Es evidente que en los siete países de la subregión se ha experimentado un avance significativo en lo que se refiere a la existencia de gobiernos civiles electos mediante procesos competitivos, libres y limpios; y que esta situación se ha repetido por más de tres veces en los últimos veinticinco años lo que proyecta esperanzas sobre su permanencia.
Sin embargo, esta mejoría política ocurre junto con una extendida condición de pobreza y un creciente proceso de desigualdades. La mitad de la población de los siete países analizados en el informe no recibe ingresos suficientes para adquirir una canasta de bienes y servicios que permita satisfacer sus necesidades básicas, lo que se define como pobreza; y casi la cuarta parte no dispone de los ingresos para adquirir sus alimentos, definiéndose ello como pobreza extrema.
El caso de Panamá es dramático. Por una parte el porcentaje de pobreza casi duplica al de Costa Rica, y el de extrema pobreza es cuatro meces mayor, colocando a nuestro país en penúltimo lugar en la región, sólo superado por Honduras. Estas cifras, ya de por sí vergonzosas, se agravan cuando analizamos sectores como el indígena que alcanza en Panamá porcentajes de pobreza del orden del 90%.
La reunión no fue sólo para denunciar la situación actual sino también para proponer políticas que permitan sacar a la población de esta condición mediante estrategias de desarrollo focalizadas hacia los marginados del crecimiento. Los asistentes coincidieron en que para ello se necesita revalorizar el papel de la política descubriendo oportunidades mejores y menos desiguales, proponiendo opciones, agrupando voluntades y creando poder. Cuando esto sucede la democracia se fortalece y las oportunidades de crecimiento aumentan. Después de todo el valor de la democracia no es solamente intrínseco sino también instrumental en lo que se refiere a la oportunidad que brinda para demandar y exigir mejores condiciones de vida.
Por otra parte, la Constitución Nacional dispone, de modo excepcional, términos o períodos a ciertos cargos que son enunciados por la propia normativa constitucional, como lo son: Presidente y Vicepresidentes, Magistrados de la Corte, Procurador General de la Nación, Procuradora de la Administración, etc.
No puede, insistimos, sobrepasarse la normativa constitucional y excepcionar que la ley extiende sus ámbitos a los magistrados de la Corte. No podemos, en ese orden de ideas, trastocar el orden constitucional panameño y mucho menos el orden público nacional.
No se trata de alegar o argumentar por el mero afán de hacerlo, sino que hay que superar la lógica formal de la ley para incidir en la lógica material e insertar en ella el tenor constitucional como norma de normas.
Es evidente que en los siete países de la subregión se ha experimentado un avance significativo en lo que se refiere a la existencia de gobiernos civiles electos mediante procesos competitivos, libres y limpios; y que esta situación se ha repetido por más de tres veces en los últimos veinticinco años lo que proyecta esperanzas sobre su permanencia.
Sin embargo, esta mejoría política ocurre junto con una extendida condición de pobreza y un creciente proceso de desigualdades. La mitad de la población de los siete países analizados en el informe no recibe ingresos suficientes para adquirir una canasta de bienes y servicios que permita satisfacer sus necesidades básicas, lo que se define como pobreza; y casi la cuarta parte no dispone de los ingresos para adquirir sus alimentos, definiéndose ello como pobreza extrema.
El caso de Panamá es dramático. Por una parte el porcentaje de pobreza casi duplica al de Costa Rica, y el de extrema pobreza es cuatro meces mayor, colocando a nuestro país en penúltimo lugar en la región, sólo superado por Honduras. Estas cifras, ya de por sí vergonzosas, se agravan cuando analizamos sectores como el indígena que alcanza en Panamá porcentajes de pobreza del orden del 90%.
La reunión no fue sólo para denunciar la situación actual sino también para proponer políticas que permitan sacar a la población de esta condición mediante estrategias de desarrollo focalizadas hacia los marginados del crecimiento. Los asistentes coincidieron en que para ello se necesita revalorizar el papel de la política descubriendo oportunidades mejores y menos desiguales, proponiendo opciones, agrupando voluntades y creando poder. Cuando esto sucede la democracia se fortalece y las oportunidades de crecimiento aumentan. Después de todo el valor de la democracia no es solamente intrínseco sino también instrumental en lo que se refiere a la oportunidad que brinda para demandar y exigir mejores condiciones de vida.
Por otra parte, la Constitución Nacional dispone, de modo excepcional, términos o períodos a ciertos cargos que son enunciados por la propia normativa constitucional, como lo son: Presidente y Vicepresidentes, Magistrados de la Corte, Procurador General de la Nación, Procuradora de la Administración, etc.
No puede, insistimos, sobrepasarse la normativa constitucional y excepcionar que la ley extiende sus ámbitos a los magistrados de la Corte. No podemos, en ese orden de ideas, trastocar el orden constitucional panameño y mucho menos el orden público nacional.
No se trata de alegar o argumentar por el mero afán de hacerlo, sino que hay que superar la lógica formal de la ley para incidir en la lógica material e insertar en ella el tenor constitucional como norma de normas.
