Política y narcotráfico
Esta semana, en vísperas de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), los precandidatos presidenciales Hugo Torrijos y Pablo Arosemena plantearon a través de este diario la obligación política y moral de divulgar los nombres de las empresas y personas que contribuyen económicamente a los costos publicitarios y organizativos de las campañas de los aspirantes a las primarias del PRD. La falta premeditada de transparencia en los donativos económicos a los candidatos y partidos enturbia nuevamente el panorama nacional al tejerse especulaciones sobre presuntas conexiones entre narcotraficantes y figuras políticas.
La propuesta parece haber alcanzado buena acogida entre los demás precandidatos y las bases del PRD. Pero, en realidad, esto no debiera limitarse a una iniciativa personal o a la acción unilateral de un partido, sino que debe tener el refrendo de la ley. Cuando se discutió en comisiones las nuevas normas adicionadas al Código Electoral, se perdió una inapreciable oportunidad de abordar este espinoso problema. Los partidos de gobierno y oposición se opusieron a que se estableciera la obligatoriedad de que los partidos entregaran la relación de donantes de campaña al Tribunal Electoral. Se arguyó en la discusión que a los donantes les incomoda la revelación de su identidad, porque algunos no apoyan sólo a una tienda política sino a varias a veces de gobierno y de oposición y ello podría prestarse a interpretaciones impropias.
Dicho argumento, basado a un cierto derecho a la privacidad o reserva de movimientos económicos, no resiste el peso jurídico de los principios que, por un lado, concurren a reforzar la transparencia de los procesos democráticos y que, por otro lado, persiguen cerrarle el paso a infiltraciones ilícitas de dinero procedente del narcotráfico o dinero limpio que persigue fines oscuros, vale decir garantizar contratos públicos, privilegios tributarios o cualquier otra modalidad de transacciones al margen de la ley.
En algunos países, como Alemania, las leyes electorales no solamente obligan a la divulgación de los donantes sino que fijan topes a los gastos publicitarios de los partidos para contrarrestar desigualdades interpartidarias. En Estados Unidos, no obstante la identificación de los donantes, se llega a investigar el origen de los recursos y la legalidad de las fortunas de los supuestos filántropos.
Quizás la próxima Asamblea Legislativa pueda asumir la revisión de la legislación electoral vigente y discutir la posible incorporación de salvaguardas normativas de las donaciones políticas. Existen pruebas de la infiltración del narcotráfico en la vida política y en la actividad seudoempresarial. No hay que vocear que el lobo se está arcercando porque ya llegó.
La propuesta parece haber alcanzado buena acogida entre los demás precandidatos y las bases del PRD. Pero, en realidad, esto no debiera limitarse a una iniciativa personal o a la acción unilateral de un partido, sino que debe tener el refrendo de la ley. Cuando se discutió en comisiones las nuevas normas adicionadas al Código Electoral, se perdió una inapreciable oportunidad de abordar este espinoso problema. Los partidos de gobierno y oposición se opusieron a que se estableciera la obligatoriedad de que los partidos entregaran la relación de donantes de campaña al Tribunal Electoral. Se arguyó en la discusión que a los donantes les incomoda la revelación de su identidad, porque algunos no apoyan sólo a una tienda política sino a varias a veces de gobierno y de oposición y ello podría prestarse a interpretaciones impropias.
Dicho argumento, basado a un cierto derecho a la privacidad o reserva de movimientos económicos, no resiste el peso jurídico de los principios que, por un lado, concurren a reforzar la transparencia de los procesos democráticos y que, por otro lado, persiguen cerrarle el paso a infiltraciones ilícitas de dinero procedente del narcotráfico o dinero limpio que persigue fines oscuros, vale decir garantizar contratos públicos, privilegios tributarios o cualquier otra modalidad de transacciones al margen de la ley.
En algunos países, como Alemania, las leyes electorales no solamente obligan a la divulgación de los donantes sino que fijan topes a los gastos publicitarios de los partidos para contrarrestar desigualdades interpartidarias. En Estados Unidos, no obstante la identificación de los donantes, se llega a investigar el origen de los recursos y la legalidad de las fortunas de los supuestos filántropos.
Quizás la próxima Asamblea Legislativa pueda asumir la revisión de la legislación electoral vigente y discutir la posible incorporación de salvaguardas normativas de las donaciones políticas. Existen pruebas de la infiltración del narcotráfico en la vida política y en la actividad seudoempresarial. No hay que vocear que el lobo se está arcercando porque ya llegó.
