Políticas anticorrupción
LOS PRINCIPIOS, bases y pilares de la política anticorrupción son los valores morales y éticos y de allí debe desarrollarse la Constitución, leyes, regulaciones, decretos y políticas. Las autoridades y funcionarios en puestos de mando y, sobre todo, aquellos encargados de las unidades anticorrupción, deben comprometerse al juego limpio, primero como personas y luego como funcionarios.
La Auditoría Forense es la fórmula idónea para prevenir, disuadir, detectar, investigar y combatir a tiempo este flagelo que afecta a individuos, empresas y gobiernos; y viene a reivindicar el rol histórico del auditor.
La delincuencia organizada utiliza métodos y tecnología de punta para perpetrar sus crímenes e igualmente los individuos son propensos a cometer un fraude o acto de corrupción cuando existen dos de los siguientes tres elementos: Oportunidad, Actitud y Necesidad. Muchas veces el origen del flagelo se ubica en la pobreza, exceso de impuestos, leyes permisivas e insuficientes y en el ejemplo que dan las autoridades.
Es imposible detectar todos los mecanismos utilizados para defraudar a la empresa privada o el gobierno. Los funcionarios de control no poseen las herramientas adecuadas ni actualizadas para estos fines; el personal encargado de estas tareas no recibe el entrenamiento profesional antifraude y emplea métodos empíricos y tradicionales que no corresponden con la sofisticación de los posibles hechos punibles.
La impunidad es el resultado de la carencia de profesionalismo, informes y evidencias contundentes, convirtiendo al demandante en demandado, lo cual hace que las pérdidas sean significativas. El fraude es una enfermedad social contable y su antídoto o cura es la Auditoría Forense, que requiere la participación efectiva del Contador Público entrenado en asuntos antifraudes, legales, policiales, investigativos y de criminalística.
La Auditoría Forense es la nueva tendencia de Auditoría Gubernamental e Interna que contribuye con un mejor control, gestión y rendición de cuentas para que gobernantes y empresarios cumplan cabalmente con sus obligaciones y que hagan un uso eficiente de los recursos públicos y privados puestos a su disposición por mandato del pueblo o de los accionistas y
o acreedores. Hay más fraude en lo privado que en lo público.
Qué puede hacer un funcionario anticorrupción legalmente en cuanto a la prevención, disuasión, investigación y combate del fraude. El tiene límites en la práctica, ya que no tiene poder de mando y no puede inmiscuirse e investigar actos de corrupción que provengan de sus superiores y/o similares en línea, para luego denunciarlo ante la autoridad competente.
Debido a la modernización de los modelos democráticos en el mundo y a la competencia e incidencia de la corrupción y el fraude, lo mejor sería que hacia el futuro esta función anticorrupción sea elevada a rango constitucional tal como ocurre con las funciones del Defensor del Pueblo, a quien no se le puede adjudicar toda esta responsabilidad y modalidad tan técnica, especializada y abarcadora.
La prevención representa el 80% de la solución del problema de la corrupción y en la Institución Antifraude que la rige, deben adoptarse o deben prevalecer los siguientes valores morales y éticos fundamentales: transparencia, independencia, idoneidad, respeto, responsabilidad, paz, honestidad, agradecimiento, solidaridad, justicia, lealtad, laboriosidad, humildad, prudencia, libertad, perseverancia, dignidad y fortaleza. Los antivalores son precisamente los actos de corrupción y fraude que se cometen en la sociedad y desarrollan los individuos consciente e inconscientemente, debido a la forma como fueron educados desde pequeños en el seno familiar. Estos anti-valores inciden en la creación de constituciones, leyes, regulaciones y normas ambiguas, permisivas e insuficientes.
Las prácticas comunes de corrupción que hay que evitar y/o erradicar son: política del juega vivo, tráfico de influencia, nepotismo, cultura de encubrimiento o secreto, modelo autoritario de democracia descansando en las formas delegativas donde hay poderes no fiscalizados, maquiavelismo político, pasividad, omisión, complicidad, lentitud y disimulo de funcionarios de regulación, control y fiscalización. Las políticas anticorrupción, antifraude y antilavado de activos, no requieren ser inventadas, ya existen. Sólo se requiere la voluntad política de la máxima autoridad, cuyos jefes sean los valores morales y éticos, y cuyo funcionario asignado a velar por esta tarea sea competente, asociado a las instituciones internacionales que estudian estos flagelos y emiten sus políticas, manuales y técnicas.
La Auditoría Forense es la fórmula idónea para prevenir, disuadir, detectar, investigar y combatir a tiempo este flagelo que afecta a individuos, empresas y gobiernos; y viene a reivindicar el rol histórico del auditor.
La delincuencia organizada utiliza métodos y tecnología de punta para perpetrar sus crímenes e igualmente los individuos son propensos a cometer un fraude o acto de corrupción cuando existen dos de los siguientes tres elementos: Oportunidad, Actitud y Necesidad. Muchas veces el origen del flagelo se ubica en la pobreza, exceso de impuestos, leyes permisivas e insuficientes y en el ejemplo que dan las autoridades.
Es imposible detectar todos los mecanismos utilizados para defraudar a la empresa privada o el gobierno. Los funcionarios de control no poseen las herramientas adecuadas ni actualizadas para estos fines; el personal encargado de estas tareas no recibe el entrenamiento profesional antifraude y emplea métodos empíricos y tradicionales que no corresponden con la sofisticación de los posibles hechos punibles.
La impunidad es el resultado de la carencia de profesionalismo, informes y evidencias contundentes, convirtiendo al demandante en demandado, lo cual hace que las pérdidas sean significativas. El fraude es una enfermedad social contable y su antídoto o cura es la Auditoría Forense, que requiere la participación efectiva del Contador Público entrenado en asuntos antifraudes, legales, policiales, investigativos y de criminalística.
La Auditoría Forense es la nueva tendencia de Auditoría Gubernamental e Interna que contribuye con un mejor control, gestión y rendición de cuentas para que gobernantes y empresarios cumplan cabalmente con sus obligaciones y que hagan un uso eficiente de los recursos públicos y privados puestos a su disposición por mandato del pueblo o de los accionistas y
o acreedores. Hay más fraude en lo privado que en lo público.
Qué puede hacer un funcionario anticorrupción legalmente en cuanto a la prevención, disuasión, investigación y combate del fraude. El tiene límites en la práctica, ya que no tiene poder de mando y no puede inmiscuirse e investigar actos de corrupción que provengan de sus superiores y/o similares en línea, para luego denunciarlo ante la autoridad competente.
Debido a la modernización de los modelos democráticos en el mundo y a la competencia e incidencia de la corrupción y el fraude, lo mejor sería que hacia el futuro esta función anticorrupción sea elevada a rango constitucional tal como ocurre con las funciones del Defensor del Pueblo, a quien no se le puede adjudicar toda esta responsabilidad y modalidad tan técnica, especializada y abarcadora.
La prevención representa el 80% de la solución del problema de la corrupción y en la Institución Antifraude que la rige, deben adoptarse o deben prevalecer los siguientes valores morales y éticos fundamentales: transparencia, independencia, idoneidad, respeto, responsabilidad, paz, honestidad, agradecimiento, solidaridad, justicia, lealtad, laboriosidad, humildad, prudencia, libertad, perseverancia, dignidad y fortaleza. Los antivalores son precisamente los actos de corrupción y fraude que se cometen en la sociedad y desarrollan los individuos consciente e inconscientemente, debido a la forma como fueron educados desde pequeños en el seno familiar. Estos anti-valores inciden en la creación de constituciones, leyes, regulaciones y normas ambiguas, permisivas e insuficientes.
Las prácticas comunes de corrupción que hay que evitar y/o erradicar son: política del juega vivo, tráfico de influencia, nepotismo, cultura de encubrimiento o secreto, modelo autoritario de democracia descansando en las formas delegativas donde hay poderes no fiscalizados, maquiavelismo político, pasividad, omisión, complicidad, lentitud y disimulo de funcionarios de regulación, control y fiscalización. Las políticas anticorrupción, antifraude y antilavado de activos, no requieren ser inventadas, ya existen. Sólo se requiere la voluntad política de la máxima autoridad, cuyos jefes sean los valores morales y éticos, y cuyo funcionario asignado a velar por esta tarea sea competente, asociado a las instituciones internacionales que estudian estos flagelos y emiten sus políticas, manuales y técnicas.
