Políticas de salud en tiempos de huelga
En octubre de 2000, el Ministerio de Salud, asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Japonés, publicó los Instrumentos de Políticas de Salud. Acoté que "la formulación de la política del Gobierno Nacional en materia de salud está basada en el principio de conocer la realidad, un requisito indispensable para iniciar cualquier proceso de cambios... su publicación representa, sin duda alguna, el mayor esfuerzo hecho en Panamá por evaluar, con base en metodologías e indicadores ampliamente reconocidos, la evolución de nuestro sistema de salud, haciendo posible establecer comparaciones con benchmarks internacionales. Se establece así un necesario y útil punto de referencia para entablar un amplio debate nacional sobre las opciones que se demarcan en el horizonte de la salud panameña, alternativas estas que garanticen una mayor racionalidad y aprovechamiento de los recursos, así como una más efectiva satisfacción de las expectativas de la comunidad".
La huelga planteada por el gremio médico es clara alusión a la necesidad de modificar el modelo de gestión existente, donde el Estado invierte gran parte del presupuesto nacional en gasto social, gasto que no es eficiente, no es de calidad y no es sostenible en el tiempo.
El sistema de salud panameño ha sufrido modificaciones. En 1941, bajo la administración del Dr. Arnulfo Arias Madrid, se fundó la seguridad social que, en sus inicios, contrataba servicios médicos a ambulatorios y hospitales privados, e incluso pagó por el uso de salas y servicios en hospitales del gobierno central.
La Constitución de 1946 consignó que la salud de los panameños era responsabilidad del Estado, reforzando la posición de quienes consideraban que debía extenderse y fortalecerse una red pública de servicios médicos.
A partir de los años 50 se hizo evidente que se estaban desarrollando tres sistemas de atención médica: el de la Caja de Seguro Social, el del Ministerio de Salud y el privado.
En la década del 90 se planteó que el Estado dejaría de ser interventor, proteccionista, ni inversor; dejando la vida económica en manos de la iniciativa privada y los sectores sociales, entre ellos el sector salud, bajo responsabilidad del Estado.
111Alternativas para compensar a los médicos que hacen turnos no retribuidos en sus contratos de ocho horas laborales, deberán considerarse ya que es de justicia social hacerlo.
En tiempos de crisis no se pueden establecer condiciones previas para conversar; más aún cuando no se tiene claro las diferencias de conceptos como privatización y externalización de servicios, donde la primera traspasa la empresa al sector privado y la segunda aplica el concepto concebido por el Dr. Arnulfo Arias en 1941 para la CSS; sobre todo en momentos de severas limitaciones operativas impuestas por las leyes e instituciones que rigen el presupuesto nacional.
Recientemente se aprobó, bajo consenso político y de la sociedad civil, una ley que limita el endeudamiento público. Con estas restricciones de orden legal, sería inconveniente quitarle al pueblo panameño los exiguos beneficios en atención de salud para traspasar esos dineros a aumentar la planilla estatal. Mientras la Ley no sea modificada, el Gobierno funcionará bajo el principio de la cucarachita mandinga: si lo invierto en salarios se me gasta para... comprar medicamentos, mejores equipos y materiales, mayor cobertura, etc., y eso no sería moral, mucho menos humano.
Los médicos tienen contratos de trabajo con el Estado por ocho horas diarias, cuarenta semanales, eso es un hecho. Alternativas para compensar a los médicos que hacen turnos no retribuidos en sus contratos de ocho horas laborales, deberán considerarse, ya que es de justicia social hacerlo. Una de ellas sería establecer la educación médica continuada (CME) como parte de las exigencias del sistema en la actualización de los médicos y esto debe ser cubierto con fondos estatales. Ello daría paso a valorar independientemente el rendimiento de cada servidor público, su calidad de atención y la satisfacción por parte del usuario por la prestación recibida. Cada año fiscal contemplaría o no los beneficios económicos a los que cada funcionario se haga acreedor en función de méritos.
En una sociedad opuesta a la privatización de las instituciones públicas, la necesidad de salirse de un sistema de financiamiento público con limitaciones, sin dejar de ser una institución pública, será el mayor reto de la Administración Moscoso. Mientras nuestro país no tenga visión ni misión claramente definidas seguirá de tumbo en tumbo, limitando el desarrollo de futuras generaciones y condenándolas a la pobreza.
(teranjm@sinfo.net)
La huelga planteada por el gremio médico es clara alusión a la necesidad de modificar el modelo de gestión existente, donde el Estado invierte gran parte del presupuesto nacional en gasto social, gasto que no es eficiente, no es de calidad y no es sostenible en el tiempo.
El sistema de salud panameño ha sufrido modificaciones. En 1941, bajo la administración del Dr. Arnulfo Arias Madrid, se fundó la seguridad social que, en sus inicios, contrataba servicios médicos a ambulatorios y hospitales privados, e incluso pagó por el uso de salas y servicios en hospitales del gobierno central.
La Constitución de 1946 consignó que la salud de los panameños era responsabilidad del Estado, reforzando la posición de quienes consideraban que debía extenderse y fortalecerse una red pública de servicios médicos.
A partir de los años 50 se hizo evidente que se estaban desarrollando tres sistemas de atención médica: el de la Caja de Seguro Social, el del Ministerio de Salud y el privado.
En la década del 90 se planteó que el Estado dejaría de ser interventor, proteccionista, ni inversor; dejando la vida económica en manos de la iniciativa privada y los sectores sociales, entre ellos el sector salud, bajo responsabilidad del Estado.
111Alternativas para compensar a los médicos que hacen turnos no retribuidos en sus contratos de ocho horas laborales, deberán considerarse ya que es de justicia social hacerlo.
En tiempos de crisis no se pueden establecer condiciones previas para conversar; más aún cuando no se tiene claro las diferencias de conceptos como privatización y externalización de servicios, donde la primera traspasa la empresa al sector privado y la segunda aplica el concepto concebido por el Dr. Arnulfo Arias en 1941 para la CSS; sobre todo en momentos de severas limitaciones operativas impuestas por las leyes e instituciones que rigen el presupuesto nacional.
Recientemente se aprobó, bajo consenso político y de la sociedad civil, una ley que limita el endeudamiento público. Con estas restricciones de orden legal, sería inconveniente quitarle al pueblo panameño los exiguos beneficios en atención de salud para traspasar esos dineros a aumentar la planilla estatal. Mientras la Ley no sea modificada, el Gobierno funcionará bajo el principio de la cucarachita mandinga: si lo invierto en salarios se me gasta para... comprar medicamentos, mejores equipos y materiales, mayor cobertura, etc., y eso no sería moral, mucho menos humano.
Los médicos tienen contratos de trabajo con el Estado por ocho horas diarias, cuarenta semanales, eso es un hecho. Alternativas para compensar a los médicos que hacen turnos no retribuidos en sus contratos de ocho horas laborales, deberán considerarse, ya que es de justicia social hacerlo. Una de ellas sería establecer la educación médica continuada (CME) como parte de las exigencias del sistema en la actualización de los médicos y esto debe ser cubierto con fondos estatales. Ello daría paso a valorar independientemente el rendimiento de cada servidor público, su calidad de atención y la satisfacción por parte del usuario por la prestación recibida. Cada año fiscal contemplaría o no los beneficios económicos a los que cada funcionario se haga acreedor en función de méritos.
En una sociedad opuesta a la privatización de las instituciones públicas, la necesidad de salirse de un sistema de financiamiento público con limitaciones, sin dejar de ser una institución pública, será el mayor reto de la Administración Moscoso. Mientras nuestro país no tenga visión ni misión claramente definidas seguirá de tumbo en tumbo, limitando el desarrollo de futuras generaciones y condenándolas a la pobreza.
(teranjm@sinfo.net)
