Por la Universidad
El 9 de diciembre de 1998, la Universidad de Panamá fue tomada por asalto por una tropa armada, que sin contemplaciones hirió, arrestó personas, hostigó a las autoridades académicas y provocó daños al patrimonio universitario. Pero lo peor de todo es el significado de estos hechos. Por primera vez, en décadas, que se producía la violentación de la autonomía universitaria. La decisión vino de las altas esferas gubernamentales y luego fue confirmada, avalada y respaldada por declaraciones del mismo Presidente de la República y funcionarios.
El hecho no fue un caso aislado, pues días antes diversas declaraciones presidenciales de entonces anunciaban que algo se preparaba, pues en forma ofensiva se reiteraba la animadversión contra nuestra primera casa de estudios y la intención de reducir drásticamente su presupuesto. Además en el país se expresaba la protesta contra la privatización del IDAAN y los días puente, que unificaron a sectores diversos de la ciudadanía. En ese momento, aquel gobierno privilegió la coerción (fuerza) sobre el consenso, cuando la democracia privilegia los mecanismos de consenso por encima de la coerción, contrario a los regímenes autoritarios, que hacen énfasis en la coerción con un mínimo de consenso.
Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, dejó abierta la puerta a la posibilidad de mermar el ya insuficiente presupuesto universitario, en el camino de la privatización neoliberal de la universidad. La decisión nuevamente unifica a los diversos estamentos universitarios, y de la sociedad civil entorno a la bandera de la autonomía, pues es una realidad que la casa de estudios superiores abre la posibilidad de estudios y superación a sectores sociales, que no cuentan con los recursos para aspirar a completar una profesión determinada.
La privatización de los entes públicos, es hoy una medida impopular como lo demuestra el amplio rechazo a la privatización del agua, lo que llevó a convertirse en promesa electoral por parte de todos las fuerzas partidarias en las elecciones generales de 1999.
Igual sucedería con la universidad, pues la mayoría del pueblo panameño entiende que de reducirse el presupuesto de esa institución educativa, intentando por esa vía la privatización, significará sacar del juego a muchas personas, especialmente jóvenes, que quedarían sin posibilidad de cursar estudios superiores. Por otra parte, también supondría la posibilidad de jugar el papel de conciencia crítica de la nación, y de búsqueda y creación libre del conocimiento.
El gobierno actual y los partidos que lo componen tienen el deber y responsabilidad de respetar íntegramente la autonomía universitaria, y por ende, de dotar los recursos necesarios para la correcta marcha de una educación de calidad al alcance de todos y todas. Claro que la universidad requiere profundos cambios para mejorar la calidad y efectividad de la enseñanza, tiene que responder a las demandas de capital humano que el país necesita, pero también formando personalidades democráticas, investigación, cultura, reflexión y conciencia nacional; pero la manera de lograrlo no es ni con el allanamiento de las instalaciones, ni con el recorte de los recursos vitales, sino por el contrario, construir democracia y desarrollo privilegiando el consenso. La defensa integral de la autonomía universitaria es un deber de todos y todas.
El hecho no fue un caso aislado, pues días antes diversas declaraciones presidenciales de entonces anunciaban que algo se preparaba, pues en forma ofensiva se reiteraba la animadversión contra nuestra primera casa de estudios y la intención de reducir drásticamente su presupuesto. Además en el país se expresaba la protesta contra la privatización del IDAAN y los días puente, que unificaron a sectores diversos de la ciudadanía. En ese momento, aquel gobierno privilegió la coerción (fuerza) sobre el consenso, cuando la democracia privilegia los mecanismos de consenso por encima de la coerción, contrario a los regímenes autoritarios, que hacen énfasis en la coerción con un mínimo de consenso.
Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, dejó abierta la puerta a la posibilidad de mermar el ya insuficiente presupuesto universitario, en el camino de la privatización neoliberal de la universidad. La decisión nuevamente unifica a los diversos estamentos universitarios, y de la sociedad civil entorno a la bandera de la autonomía, pues es una realidad que la casa de estudios superiores abre la posibilidad de estudios y superación a sectores sociales, que no cuentan con los recursos para aspirar a completar una profesión determinada.
La privatización de los entes públicos, es hoy una medida impopular como lo demuestra el amplio rechazo a la privatización del agua, lo que llevó a convertirse en promesa electoral por parte de todos las fuerzas partidarias en las elecciones generales de 1999.
Igual sucedería con la universidad, pues la mayoría del pueblo panameño entiende que de reducirse el presupuesto de esa institución educativa, intentando por esa vía la privatización, significará sacar del juego a muchas personas, especialmente jóvenes, que quedarían sin posibilidad de cursar estudios superiores. Por otra parte, también supondría la posibilidad de jugar el papel de conciencia crítica de la nación, y de búsqueda y creación libre del conocimiento.
El gobierno actual y los partidos que lo componen tienen el deber y responsabilidad de respetar íntegramente la autonomía universitaria, y por ende, de dotar los recursos necesarios para la correcta marcha de una educación de calidad al alcance de todos y todas. Claro que la universidad requiere profundos cambios para mejorar la calidad y efectividad de la enseñanza, tiene que responder a las demandas de capital humano que el país necesita, pero también formando personalidades democráticas, investigación, cultura, reflexión y conciencia nacional; pero la manera de lograrlo no es ni con el allanamiento de las instalaciones, ni con el recorte de los recursos vitales, sino por el contrario, construir democracia y desarrollo privilegiando el consenso. La defensa integral de la autonomía universitaria es un deber de todos y todas.
