¿Por qué en la Asamblea?
Desde la perspectiva estrictamente jurídica, que la que se defiende al exigir mayor pureza en el Organo Judicial, corresponde a la Asamblea Nacional conocer de las denuncias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, si procede, enjuiciarlos. Hay quienes ab initio rechazan que la Asamblea cumpla con esta labor. Alegan desconfianza ciudadana. Pues las alternativas propuestas son inaceptables porque erosionan el orden constitucional y debilitan nuestra democracia o son demasiado traumáticas.
Se sugiere que el Presidente de la República exija la renuncia de todos los magistrados, al estilo que se hizo luego de la extracción de Noriega. Se sostiene que en un sistema presidencialista como el nuestro, nadie, ni siquiera los propios miembros del Organo Judicial, puede negar sus deseos. Esta posición es absolutamente inaceptable, habida cuenta que deja sin efecto la independencia que debe existir entre los órganos del Estado y que, en teoría política, comprobada a través de los siglos, es la garante del sistema democrático. El Presidente debe reconocer que la situación hoy día es muy distinta que la que prevalecía a finales de los 80. Igualmente, tiene que tomar en cuenta que su propio cargo se vería afectado en la medida en que, con ese tipo de acción, estaría propiciando que los otros órganos del Estado le pidieran a él (o cualquiera de sus sucesores) lo mismo.
Otra alternativa propuesta es convocar una Constituyente. Por supuesto que esta proposición viene de las mismas personas que vienen desde hace mucho clamando por la integración de este ente. Ellos anhelan mucho más que renovar el Órgano Judicial; esperan poder reemplazar íntegramente el orden constitucional del país. Al igual que en el pasado, consideramos que esta alternativa es demasiado traumática para el país. Existen otras avenidas, más legítimas, inclusive, sin los riesgos asociados con una Constituyente.
La Asamblea Nacional, con todas sus debilidades, es el foro correcto, legítimo constitucionalmente, para atender esta situación. En la medida en que no exista una posición partidista u orden de Palacio, los diputados bien pueden cumplir con sus responsabilidades al margen de los intereses político-partidistas. La ciudadanía, que recién eligió a esos mismos diputados, todavía mantiene expectativas positivas de su gestión. Es decir, todavía gozan de la confianza ciudadana, la cual perderán si resisten cumplir con sus deberes o si ejercen su gestión en forma irresponsable o parcializada antojadizamente.
Se sugiere que el Presidente de la República exija la renuncia de todos los magistrados, al estilo que se hizo luego de la extracción de Noriega. Se sostiene que en un sistema presidencialista como el nuestro, nadie, ni siquiera los propios miembros del Organo Judicial, puede negar sus deseos. Esta posición es absolutamente inaceptable, habida cuenta que deja sin efecto la independencia que debe existir entre los órganos del Estado y que, en teoría política, comprobada a través de los siglos, es la garante del sistema democrático. El Presidente debe reconocer que la situación hoy día es muy distinta que la que prevalecía a finales de los 80. Igualmente, tiene que tomar en cuenta que su propio cargo se vería afectado en la medida en que, con ese tipo de acción, estaría propiciando que los otros órganos del Estado le pidieran a él (o cualquiera de sus sucesores) lo mismo.
Otra alternativa propuesta es convocar una Constituyente. Por supuesto que esta proposición viene de las mismas personas que vienen desde hace mucho clamando por la integración de este ente. Ellos anhelan mucho más que renovar el Órgano Judicial; esperan poder reemplazar íntegramente el orden constitucional del país. Al igual que en el pasado, consideramos que esta alternativa es demasiado traumática para el país. Existen otras avenidas, más legítimas, inclusive, sin los riesgos asociados con una Constituyente.
La Asamblea Nacional, con todas sus debilidades, es el foro correcto, legítimo constitucionalmente, para atender esta situación. En la medida en que no exista una posición partidista u orden de Palacio, los diputados bien pueden cumplir con sus responsabilidades al margen de los intereses político-partidistas. La ciudadanía, que recién eligió a esos mismos diputados, todavía mantiene expectativas positivas de su gestión. Es decir, todavía gozan de la confianza ciudadana, la cual perderán si resisten cumplir con sus deberes o si ejercen su gestión en forma irresponsable o parcializada antojadizamente.
