¿Por qué urge el Sistema Acusatorio?
El Estado moderno tiene la obligación de ser, en todo momento, garante de la convivencia y del respeto de los derechos fundamentales. Con mucha preocupación y tristeza vemos cómo, sin consulta ciudadana alguna, el Órgano Ejecutivo ha decidido –con absurdo desparpajo- posponer la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio.
Aducen los integrantes del mismo que: ”Los nuevos términos consagrados... son los adecuados para completar las tareas pendientes que demanda la administración de justicia en aras de garantizar la efectiva aplicación de la ley.” Y así se pospondrá la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, al 2 de septiembre de 2011 como fecha de inicio para la aplicación específicamente en el Segundo Distrito judicial (que comprende los circuitos judiciales de Coclé y Veraguas) y, así, sucesivamente hasta el 2014, cuando tendrá aplicación en el primer distrito judicial de Panamá. En otras palabras: orden y seguridad, antes que libertad y garantías!
Resulta increíble que toda la labor de educación iniciada para la urgente y necesaria transición hacia un sistema penal acusatorio que nos permita abandonar, de una vez por todas, el sistema penal inquisitivo -que ha servido de sostén a la corrupción, desorganización, ineficiencias e ineficacias, que no permite satisfacer el derecho ciudadano a una justicia pronta, sin el excesivo y nefasto formalismo de la actual- sea tirada por la borda con justificaciones que desbordan de demagogia, populismo y desprecio por el garantismo constitucional. ¿A dónde nos quieren llevar con esta medida?
Se hace necesario recalcarle a la sociedad cuán importante es el nuevo sistema penal acusatorio con su oralidad, en el cual la práctica de prueba y la emisión de la sentencia deben hacerse en el mismo acto de la audiencia, dejando atrás los trámites lentos y ritualistas; que el juez no puede seguir basándose solo en el expediente y que deberá tener un mayor contacto con el imputado y la víctima; que se tendrán que eliminar los privilegios pues se hace obligatoria la igualdad de las partes, que no podrán atiborrarse las cárceles de presos sin condena, por caprichos de fiscales y personeros; que la presencia de un juez de garantías obligará a un mayor respeto de los Derechos Humanos y a impedir tanta impunidad que nos ahoga.
Con el nuevo sistema penal acusatorio, que acabaría con los recursos dilatorios y pondría límites a la duración de los procesos para poner fin la mora judicial, la aplicación de las penas estaría subordinada al respeto de los Derechos Humanos, instrumento esencial de la convivencia social pues ellos deben ser el piso y el techo, el fundamento y el límite del poder punitivo.
