Por una agenda constitucional
Los humanos tenemos la manía de pensar que la realidad es tal como la concebimos y percibimos. Error peligroso, ya que suele conducirnos a determinadas prácticas que, en el plano de lo político-social, nos conducen a elaborar líneas de pensamiento equivocado. Cierto es que la clase media y en ella los intelectuales, tienen la capacidad de elaborar pensamientos políticos; pero, sus elaboraciones en el campo del conocimiento científico no siempre traducen la realidad.
Las anteriores nociones teóricas son las que nos llevan a sostener que el tema de la denominada quinta papeleta complementaria en el presente torneo electoral no se concretó, no tanto por la ausencia de voluntad política del gobierno, sino que la misma tuvo ayuna del apoyo de importantes fuerzas orgánicas de la sociedad que no se involucraron en dicha iniciativa y, todo lo contrario, tácita o explícitamente la adversaron. Los ideólogos de la quinta papeleta, entre ellos destacados colegas abogados y juristas, subestimaron que una inmensa mayoría del pueblo panameño prioriza el tema relacionado con la carencia de un empleo, la seguridad ciudadana; es decir, el enfrentamiento a la delincuencia y la lucha contra la corrupción. Los que levantaron la iniciativa de la quinta papeleta en las elecciones sobreestimaron el peso político de las firmas que recogieron proveniente de sectores de masas inorgánico, incluyendo su sector cabeza de proa que se articula a la clase media profesional.
No estamos señalando que está iniciativa no tenía apoyo popular , lo que estamos subrayando es que adolecía del suficiente poder de convocatoria de la diversidad social panameña que sirviera de presupuesto camino a un consenso nacional de cara a un nuevo texto constitucional.
En ese contexto, hay que tener mucho cuidado con las legitimidades artificiales que se construyen a través del procedimiento de la legalidad parlamentaria. No siempre resulta el método más consecuentemente democrático.
De allí que nos preocupa que fracasada la iniciativa de la quinta papeleta en el marco de las elecciones, se pretenda ahora introducirla en la Asamblea Legislativa, de manera tal que, mediante una ley, se obligue al próximo gobierno, en sus primeros años de gestión, a convocar un referéndum para que el pueblo se pronuncie si quiere o no una Constituyente.
No discutimos la necesidad de una nueva Constitución; sin embargo, no perdamos de vista que la agenda de los gobiernos no se improvisa. En el seno de la matriz de la sociedad se van generando necesidades y los pueblos se plantean tareas que tienen que ser tratadas por los gobernantes, y necesidades cuyo orden de prelación lo establece el propio pueblo.
Pretender que lo constitucional es prioritario y que la temática relacionada con la falta de trabajo, la corrupción y la delincuencia, son materia de una agenda subalterna, nos pudiera conducir a trastornos y desequilibrio en la próxima gobernabilidad democrática.
Esa iniciativa de imponerle al próximo gobierno la obligación de producir cambios constitucionales mediante los mecanismos propios de la democracia representativa, pudiera significar un juego peligroso.
Los pueblos se cansan y hacen catarsis y entran en un proceso de ebullición permanente cuando la agenda de Estado se desenfoca hacia intereses que no interpretan al pueblo panameño en sus necesidades.
Es por lo anterior que hemos venido planteando la integración de una Comisión Patriótica Constitucional que, integrada por la diversidad social panameña, consense una agenda o temática de cambios profundos a la Constitución Nacional que se presta a la elaboración de una nueva Carta Magna, y que previo debate en el pleno de la sociedad y la nación panameña sea, posteriormente, llamada a referéndum para su aprobación o rechazo.
En el fondo esa propuesta apunta a que el próximo gobierno cumpla con su agenda social, política y económica como cuestión prioritaria y por otro lado, también aborde el tema constitucional sin traumas de ninguna naturaleza.
Las anteriores nociones teóricas son las que nos llevan a sostener que el tema de la denominada quinta papeleta complementaria en el presente torneo electoral no se concretó, no tanto por la ausencia de voluntad política del gobierno, sino que la misma tuvo ayuna del apoyo de importantes fuerzas orgánicas de la sociedad que no se involucraron en dicha iniciativa y, todo lo contrario, tácita o explícitamente la adversaron. Los ideólogos de la quinta papeleta, entre ellos destacados colegas abogados y juristas, subestimaron que una inmensa mayoría del pueblo panameño prioriza el tema relacionado con la carencia de un empleo, la seguridad ciudadana; es decir, el enfrentamiento a la delincuencia y la lucha contra la corrupción. Los que levantaron la iniciativa de la quinta papeleta en las elecciones sobreestimaron el peso político de las firmas que recogieron proveniente de sectores de masas inorgánico, incluyendo su sector cabeza de proa que se articula a la clase media profesional.
No estamos señalando que está iniciativa no tenía apoyo popular , lo que estamos subrayando es que adolecía del suficiente poder de convocatoria de la diversidad social panameña que sirviera de presupuesto camino a un consenso nacional de cara a un nuevo texto constitucional.
En ese contexto, hay que tener mucho cuidado con las legitimidades artificiales que se construyen a través del procedimiento de la legalidad parlamentaria. No siempre resulta el método más consecuentemente democrático.
De allí que nos preocupa que fracasada la iniciativa de la quinta papeleta en el marco de las elecciones, se pretenda ahora introducirla en la Asamblea Legislativa, de manera tal que, mediante una ley, se obligue al próximo gobierno, en sus primeros años de gestión, a convocar un referéndum para que el pueblo se pronuncie si quiere o no una Constituyente.
No discutimos la necesidad de una nueva Constitución; sin embargo, no perdamos de vista que la agenda de los gobiernos no se improvisa. En el seno de la matriz de la sociedad se van generando necesidades y los pueblos se plantean tareas que tienen que ser tratadas por los gobernantes, y necesidades cuyo orden de prelación lo establece el propio pueblo.
Pretender que lo constitucional es prioritario y que la temática relacionada con la falta de trabajo, la corrupción y la delincuencia, son materia de una agenda subalterna, nos pudiera conducir a trastornos y desequilibrio en la próxima gobernabilidad democrática.
Esa iniciativa de imponerle al próximo gobierno la obligación de producir cambios constitucionales mediante los mecanismos propios de la democracia representativa, pudiera significar un juego peligroso.
Los pueblos se cansan y hacen catarsis y entran en un proceso de ebullición permanente cuando la agenda de Estado se desenfoca hacia intereses que no interpretan al pueblo panameño en sus necesidades.
Es por lo anterior que hemos venido planteando la integración de una Comisión Patriótica Constitucional que, integrada por la diversidad social panameña, consense una agenda o temática de cambios profundos a la Constitución Nacional que se presta a la elaboración de una nueva Carta Magna, y que previo debate en el pleno de la sociedad y la nación panameña sea, posteriormente, llamada a referéndum para su aprobación o rechazo.
En el fondo esa propuesta apunta a que el próximo gobierno cumpla con su agenda social, política y económica como cuestión prioritaria y por otro lado, también aborde el tema constitucional sin traumas de ninguna naturaleza.
