Posición timorata
La posición asumida por el Presidente de la República en el caso del cierre de la estación de televisión privada más antigua de Venezuela, Radio Caracas Televisión, la calificamos sin circunloquio como equivocada y, además, timorata. Con el banal pretexto de no intervenir en asuntos internos de otro país, el mandatario panameño ha obviado pronunciarse enérgicamente sobre la violación de un principio fundamental de la democracia, la libertad de expresión e información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado del 25 de mayo pasado, abordó el tema con profunda preocupación y dio muestras de lo que puede expresarse cuando se tiene el coraje y la voluntad de hacerlo en defensa de la libre expresión, sin incurrir en una pretendida intromisión en los asuntos internos de un Estado.
La Comisión reconoció que el Estado venezolano tiene la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, establecer previamente términos de duración de las concesiones y decidir sobre su renovación a la finalización de los plazos respectivos. Tal potestad, sin embargo -advirtió la CIDH- debe ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el derecho a expresar ideas y pensamientos de toda índole por una diversidad de medios de comunicación sin que se adopten restricciones directas o indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por las razones anteriores, la CIDH consideró que en los concursos o en la adjudicación directa de licencias de uso del espectro radioeléctrico los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación. La Comisión hizo un llamado al Estado venezolano para que proteja, dentro de los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos, tanto la expresión favorable a sus políticas y objetivos como la crítica divergente. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
Toda una lección de lectura indispensable para nuestro presidente, el contenido del comunicado de la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado del 25 de mayo pasado, abordó el tema con profunda preocupación y dio muestras de lo que puede expresarse cuando se tiene el coraje y la voluntad de hacerlo en defensa de la libre expresión, sin incurrir en una pretendida intromisión en los asuntos internos de un Estado.
La Comisión reconoció que el Estado venezolano tiene la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, establecer previamente términos de duración de las concesiones y decidir sobre su renovación a la finalización de los plazos respectivos. Tal potestad, sin embargo -advirtió la CIDH- debe ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el derecho a expresar ideas y pensamientos de toda índole por una diversidad de medios de comunicación sin que se adopten restricciones directas o indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por las razones anteriores, la CIDH consideró que en los concursos o en la adjudicación directa de licencias de uso del espectro radioeléctrico los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación. La Comisión hizo un llamado al Estado venezolano para que proteja, dentro de los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos, tanto la expresión favorable a sus políticas y objetivos como la crítica divergente. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
Toda una lección de lectura indispensable para nuestro presidente, el contenido del comunicado de la CIDH.
