Post referéndum: ¿Y si el consentimiento resulta viciado?
EN MI ARTÍCULO de la semana pasada, terminaba preguntando: ¿Quién responderá si cuando se pase del "borrador", a los detalles y a los cálculos reales, los costos se disparan muy por encima de los 6,000 millones de dólares? Y que el proyecto se encuentra "muy en borrador", lo acaba de ratificar el principal vocero de la ACP, en declaraciones que reprodujeron los medios escritos. El asunto es de capital importancia, por cuanto fue la propia ACP la que afirmó que si el proyecto tuviera un costo superior a los 6,000 millones "no sería financieramente viable".
En un artículo anterior, publicado en el diario Panamá América, cité una información distribuida por la BBC de Londres, en la que se decía que los costos estimados superarían los 5,000 millones de libras esterlinas, o sea, unos 7,000 millones de dólares. Otras fuentes, pusieron a temblar a los "eruditos calculadores de la ACP", cuando afirmaron que el costo podría superar los 20,000 millones de dólares. Un banquero extranjero, invitado a disertar en un evento internacional, celebrado poco antes del referendo, se les salió por la tangente cuando afirmó que el costo estimado por la ACP no era realista.
Más recientemente, la calificadora de riesgos, Standard & Poors, uno de los referentes favoritos del gobierno de "la patria nueva", cuando les echa flores, acaba de decir que el costo, al incluir los intereses de los financiamientos, sería de 6,200 millones de dólares. Y, en igual sentido, opinó Fitch, otra conocida calificadora de riesgos, igualmente muy invocada, cuando le conviene, por el gobierno de turno. Pero, además, estas dos firmas coinciden en alertar sobre los efectos nocivos que para la República de Panamá, repito, para la República de Panamá, tendría el aumento de los costos del proyecto de ampliación, por cuanto, no importa lo que digan "los eruditos financieros de la ACP", todos los panameños responderemos por los nuevos endeudamientos que se contraerían.
Aún aceptando, sólo por vía de ejemplo, que la más baja de las estimaciones externas, la Standard & Poors, de 6,200 millones, que se queda corta, pues se basa en los cálculos amañados de la ACP, que dejaron por fuera muy importantes rubros, ya estaría por encima de los 6,000 millones que la propia ACP, en su proyecto "muy en borrador", considera como el tope que no se puede sobrepasar, ya que haría el proyecto financieramente inviable.
Muchos países que verdaderamente practican los principios esenciales de la democracia y el respeto a la voluntad de las mayorías, establecen en sus constituciones que de convocarse al pueblo a un referendo, éste solamente será válido si concurre a votar, como mínimo, el 50% de los votantes habilitados. Esa norma es sabia y de haber existido en nuestro ordenamiento constitucional, todo el andamiaje montado con las decenas de millones que se gastaron el gobierno, la ACP y todos los grupos y "grupejos fachadas" que promovieron el Sí, se hubiera derrumbado estrepitosamente, azotado por la fuerza arrolladora del abstencionismo.
Pero hay otro elemento que en su afán triunfalista olvidan los grupos que nos gobiernan, tanto desde el poder público como desde sus feudos financieros, y es que una buena parte del 30 por ciento del electorado que votó Sí, cuando se aclare y conozca el costo real del proyecto, con toda razón tendrá el derecho a reclamar que fue víctima de engaño y que, por tanto, su consentimiento está viciado.
Cuando se compruebe, como se comprobará, que el proyecto costará, por lo bajo, muchísimo más de lo que estimaron "los eruditos financieros de la ACP", también quedará patente que la propuesta que pretende ejecutar la ACP es diferente a la que fue sometida al electorado el pasado 22 de octubre.
Así las cosas, corresponde volver a preguntar: ¿Qué remedio jurídico existe para reparar el daño causado, cuando se compruebe que se pretende ejecutar una propuesta que no fue la que se sometió a referendo? Y, por otra parte, ¿qué responsabilidad, aparte de la moral, le cabría a los autores del engaño?
Cuando a tambor batiente se aprobó, contando con la complicidad y la indolencia de los diputados de "la llamada oposición" la ley que convocó al referendo, esa convocatoria tenía parámetros específicos, entre ellos, estos: 1) El proyecto tendría un costo no superior a los 5,250 millones de dólares. 2) No sería necesario aumentar la deuda pública. 3) El proyecto se financiaría con aumentos de los peajes. Cito sólo esos tres, aunque el principal engaño fue prometer que se crearían centenares de miles de empleos y que es "falso de toda falsedad".
Lo más grave de todo, es que los señores de la ACP, del gobierno de turno y de los grupos económicos que, "desinteresada y patrióticamente" los apoyaron siempre fueron conscientes de que estaban vendiendo un producto adulterado. Sin embargo, como su propósito era imponer el proyecto a como diera lugar, ahora, tratarán de ejecutarlo, sin importarles ninguna otra consideración.
Para ellos, el 30 por ciento de los electores que votó a favor del proyecto les extendió un cheque en blanco, que ellos pueden rellenar a su antojo. Pero eso no es lo que piensa el resto del país, ni siquiera, aunque no lo digan públicamente, la mayoría de los que votaron por el Sí.
Como nunca hubo un verdadero debate de la propuesta de ampliación, pues jamás se confrontaron las afirmaciones de los promotores del proyecto con las múltiples y fundadas objeciones presentadas por muchos distinguidos compatriotas, no fue posible aclarar dónde radica la verdad. Y como no creo que haya en las esferas oficiales la más mínima intención de esclarecerla, corresponde hacerles un nuevo emplazamiento, en los siguientes términos:
Primero: Señores de la ACP y del gobierno: ¿Están ustedes dispuestos a aceptar que profesionales idóneos, no vinculados a la ACP, revisen los procedimientos y los cálculos para determinar los costos reales del proyecto?
Segundo: ¿Si los costos reales, incluyendo los del financiamiento (préstamos) y todos los rubros que no fueron contemplados, exceden el tope crítico de 6,000 millones que ustedes mismos fijaron, están ustedes dispuestos a suspender la iniciación del proyecto?
Tercero: ¿Si los aumentos de los peajes son rechazados por los usuarios y, según ustedes, con ellos se financiaría la construcción del proyecto, están ustedes dispuestos a suspender la iniciación del proyecto? Después del vacío que nunca se llenó, de una discusión seria y a fondo de la propuesta de ampliación, estas interrogantes son más que legítimas. Esperamos su respuesta.
En un artículo anterior, publicado en el diario Panamá América, cité una información distribuida por la BBC de Londres, en la que se decía que los costos estimados superarían los 5,000 millones de libras esterlinas, o sea, unos 7,000 millones de dólares. Otras fuentes, pusieron a temblar a los "eruditos calculadores de la ACP", cuando afirmaron que el costo podría superar los 20,000 millones de dólares. Un banquero extranjero, invitado a disertar en un evento internacional, celebrado poco antes del referendo, se les salió por la tangente cuando afirmó que el costo estimado por la ACP no era realista.
Más recientemente, la calificadora de riesgos, Standard & Poors, uno de los referentes favoritos del gobierno de "la patria nueva", cuando les echa flores, acaba de decir que el costo, al incluir los intereses de los financiamientos, sería de 6,200 millones de dólares. Y, en igual sentido, opinó Fitch, otra conocida calificadora de riesgos, igualmente muy invocada, cuando le conviene, por el gobierno de turno. Pero, además, estas dos firmas coinciden en alertar sobre los efectos nocivos que para la República de Panamá, repito, para la República de Panamá, tendría el aumento de los costos del proyecto de ampliación, por cuanto, no importa lo que digan "los eruditos financieros de la ACP", todos los panameños responderemos por los nuevos endeudamientos que se contraerían.
Aún aceptando, sólo por vía de ejemplo, que la más baja de las estimaciones externas, la Standard & Poors, de 6,200 millones, que se queda corta, pues se basa en los cálculos amañados de la ACP, que dejaron por fuera muy importantes rubros, ya estaría por encima de los 6,000 millones que la propia ACP, en su proyecto "muy en borrador", considera como el tope que no se puede sobrepasar, ya que haría el proyecto financieramente inviable.
Muchos países que verdaderamente practican los principios esenciales de la democracia y el respeto a la voluntad de las mayorías, establecen en sus constituciones que de convocarse al pueblo a un referendo, éste solamente será válido si concurre a votar, como mínimo, el 50% de los votantes habilitados. Esa norma es sabia y de haber existido en nuestro ordenamiento constitucional, todo el andamiaje montado con las decenas de millones que se gastaron el gobierno, la ACP y todos los grupos y "grupejos fachadas" que promovieron el Sí, se hubiera derrumbado estrepitosamente, azotado por la fuerza arrolladora del abstencionismo.
Pero hay otro elemento que en su afán triunfalista olvidan los grupos que nos gobiernan, tanto desde el poder público como desde sus feudos financieros, y es que una buena parte del 30 por ciento del electorado que votó Sí, cuando se aclare y conozca el costo real del proyecto, con toda razón tendrá el derecho a reclamar que fue víctima de engaño y que, por tanto, su consentimiento está viciado.
Cuando se compruebe, como se comprobará, que el proyecto costará, por lo bajo, muchísimo más de lo que estimaron "los eruditos financieros de la ACP", también quedará patente que la propuesta que pretende ejecutar la ACP es diferente a la que fue sometida al electorado el pasado 22 de octubre.
Así las cosas, corresponde volver a preguntar: ¿Qué remedio jurídico existe para reparar el daño causado, cuando se compruebe que se pretende ejecutar una propuesta que no fue la que se sometió a referendo? Y, por otra parte, ¿qué responsabilidad, aparte de la moral, le cabría a los autores del engaño?
Cuando a tambor batiente se aprobó, contando con la complicidad y la indolencia de los diputados de "la llamada oposición" la ley que convocó al referendo, esa convocatoria tenía parámetros específicos, entre ellos, estos: 1) El proyecto tendría un costo no superior a los 5,250 millones de dólares. 2) No sería necesario aumentar la deuda pública. 3) El proyecto se financiaría con aumentos de los peajes. Cito sólo esos tres, aunque el principal engaño fue prometer que se crearían centenares de miles de empleos y que es "falso de toda falsedad".
Lo más grave de todo, es que los señores de la ACP, del gobierno de turno y de los grupos económicos que, "desinteresada y patrióticamente" los apoyaron siempre fueron conscientes de que estaban vendiendo un producto adulterado. Sin embargo, como su propósito era imponer el proyecto a como diera lugar, ahora, tratarán de ejecutarlo, sin importarles ninguna otra consideración.
Para ellos, el 30 por ciento de los electores que votó a favor del proyecto les extendió un cheque en blanco, que ellos pueden rellenar a su antojo. Pero eso no es lo que piensa el resto del país, ni siquiera, aunque no lo digan públicamente, la mayoría de los que votaron por el Sí.
Como nunca hubo un verdadero debate de la propuesta de ampliación, pues jamás se confrontaron las afirmaciones de los promotores del proyecto con las múltiples y fundadas objeciones presentadas por muchos distinguidos compatriotas, no fue posible aclarar dónde radica la verdad. Y como no creo que haya en las esferas oficiales la más mínima intención de esclarecerla, corresponde hacerles un nuevo emplazamiento, en los siguientes términos:
Primero: Señores de la ACP y del gobierno: ¿Están ustedes dispuestos a aceptar que profesionales idóneos, no vinculados a la ACP, revisen los procedimientos y los cálculos para determinar los costos reales del proyecto?
Segundo: ¿Si los costos reales, incluyendo los del financiamiento (préstamos) y todos los rubros que no fueron contemplados, exceden el tope crítico de 6,000 millones que ustedes mismos fijaron, están ustedes dispuestos a suspender la iniciación del proyecto?
Tercero: ¿Si los aumentos de los peajes son rechazados por los usuarios y, según ustedes, con ellos se financiaría la construcción del proyecto, están ustedes dispuestos a suspender la iniciación del proyecto? Después del vacío que nunca se llenó, de una discusión seria y a fondo de la propuesta de ampliación, estas interrogantes son más que legítimas. Esperamos su respuesta.
