Postulados de una política
Una política criminal no puede perder de vista:
a.El contexto y las circunstancias socioeconómicas, políticas y culturales del país en que se apliquen; b.La etapa de desarrollo con especial hincapié en los cambios en curso y probables así como las necesidades correspondientes; c.Las tradiciones y costumbres del país utilizando del modo más eficaz posible las características humanas autóctonas.
Hay, igualmente, que evaluar los costos sociales del delito y los esfuerzos para luchar contra él y generar una conciencia de la importancia de sus repercusiones económicas y sociales; hay que desarrollar medios para reunir y analizar con mayor rigor y precisión datos referentes a las tendencias delictivas y la justicia penal.
Además, mantener un examen permanente de las medidas y los programas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal de modo que sean evaluadas su eficiencia y determinar -si es necesario- las nuevas formas para mejorarlo; hay que mantener relaciones de trabajo con otros organismos que se ocupen de la planificación del desarrollo nacional para garantizar la coordinación y el intercambio de información necesarias.
Pues bien, es en el contexto de estos postulados de política criminal en lo que concierne a las propuestas de justicia penal sustantiva y adjetiva -penal y procesal- que contienen los proyectos de códigos a presentar el día 31 de mayo del año en curso al Ejecutivo, que se ha hecho toda una labor de escogencia, selección y mesura de tipos penales, de formas del juicio, que se correspondan con un sistema de justicia penal cónsono con el Estado de Derecho y que en materia del ius puniendi se mueve, básicamente, en los principios de culpabilidad, humanidad de las penas, proporcionalidad y resocialización.
La política criminal atañe a una cuestión, básicamente, de naturaleza sociológica. Las propuestas de códigos recogen los postulados contemporáneos de la política criminal internacional y a los de estricta base constitucional panameña.
En este sentido, existe un plan de reforestación en el Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Soberanía, en La Amistad, Coiba y en la provincia de Darién, para que no se pierda por completo la cobertura boscosa.
a.El contexto y las circunstancias socioeconómicas, políticas y culturales del país en que se apliquen; b.La etapa de desarrollo con especial hincapié en los cambios en curso y probables así como las necesidades correspondientes; c.Las tradiciones y costumbres del país utilizando del modo más eficaz posible las características humanas autóctonas.
Hay, igualmente, que evaluar los costos sociales del delito y los esfuerzos para luchar contra él y generar una conciencia de la importancia de sus repercusiones económicas y sociales; hay que desarrollar medios para reunir y analizar con mayor rigor y precisión datos referentes a las tendencias delictivas y la justicia penal.
Además, mantener un examen permanente de las medidas y los programas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal de modo que sean evaluadas su eficiencia y determinar -si es necesario- las nuevas formas para mejorarlo; hay que mantener relaciones de trabajo con otros organismos que se ocupen de la planificación del desarrollo nacional para garantizar la coordinación y el intercambio de información necesarias.
Pues bien, es en el contexto de estos postulados de política criminal en lo que concierne a las propuestas de justicia penal sustantiva y adjetiva -penal y procesal- que contienen los proyectos de códigos a presentar el día 31 de mayo del año en curso al Ejecutivo, que se ha hecho toda una labor de escogencia, selección y mesura de tipos penales, de formas del juicio, que se correspondan con un sistema de justicia penal cónsono con el Estado de Derecho y que en materia del ius puniendi se mueve, básicamente, en los principios de culpabilidad, humanidad de las penas, proporcionalidad y resocialización.
La política criminal atañe a una cuestión, básicamente, de naturaleza sociológica. Las propuestas de códigos recogen los postulados contemporáneos de la política criminal internacional y a los de estricta base constitucional panameña.
En este sentido, existe un plan de reforestación en el Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Soberanía, en La Amistad, Coiba y en la provincia de Darién, para que no se pierda por completo la cobertura boscosa.
ANAM trabaja en conjunto con Organizaciones No Gubernamentale, el sector público e instituciones a nivel internacional como el Banco Mundial, la FAO y fondos de origen noruego, en la reforestación del país.
La Alcaldía de Panamá invierte anualmente un presupuesto de B/. 2 millones 400 mil para el mantenimiento de las áreas verdes en los 21 corregimientos del distrito capital.
