Práctica injusta y dañina
El actual gobierno ha sido heredero de muchos males de los cuales por lo mismo, no tiene culpa alguna.
No obstante, hay uno de ellos, grave, gravísimo, que requiere pronta atención. Se trata de la morosidad de los gobiernos para pagarle a sus acreedores. Hemos tenido noticia de que, en un año, cerca de 1,500 empresas tuvieron que cerrar.
La mora del Estado en pagarles, las constituyó a ellas en morosas para atender sus compromisos económicos, primordialmente bancarios; sucumbieron entonces en quiebra, causando con ella aumento del desempleo, y por ende, el de la delincuencia.
Resulta incongruente y contradictorio que el Estado tenga empeño en combatir el desempleo para lo cual su mejor aliada es la empresa privada y sea precisamente uno de sus mayores causantes.
Por otra parte, el Estado no paga intereses a sus acreedores pero sí se les cobra si ellos caen en mora con él.
El cuadro no puede ser más lamentablemente tétrico. Se hace, por tanto, imperativo que el gobierno nacional, con el concurso de sus más preclaros asesores y economistas, estudie la situación y la resuelva.
No podemos soportar que se continúe con tan nefasta práctica por la ruinosa e injusta que es. Repetimos: la presente administración heredó este mal de varias otras de sus antecesoras, pero la actual situación de estrangulamiento por la que pasa la empresa privada y, primordialmente, las pequeñas y medianas empresas, debe terminarse por lo perjudicial que es y por lo injusto que significaría sostenerla.
No obstante, hay uno de ellos, grave, gravísimo, que requiere pronta atención. Se trata de la morosidad de los gobiernos para pagarle a sus acreedores. Hemos tenido noticia de que, en un año, cerca de 1,500 empresas tuvieron que cerrar.
La mora del Estado en pagarles, las constituyó a ellas en morosas para atender sus compromisos económicos, primordialmente bancarios; sucumbieron entonces en quiebra, causando con ella aumento del desempleo, y por ende, el de la delincuencia.
Resulta incongruente y contradictorio que el Estado tenga empeño en combatir el desempleo para lo cual su mejor aliada es la empresa privada y sea precisamente uno de sus mayores causantes.
Por otra parte, el Estado no paga intereses a sus acreedores pero sí se les cobra si ellos caen en mora con él.
El cuadro no puede ser más lamentablemente tétrico. Se hace, por tanto, imperativo que el gobierno nacional, con el concurso de sus más preclaros asesores y economistas, estudie la situación y la resuelva.
No podemos soportar que se continúe con tan nefasta práctica por la ruinosa e injusta que es. Repetimos: la presente administración heredó este mal de varias otras de sus antecesoras, pero la actual situación de estrangulamiento por la que pasa la empresa privada y, primordialmente, las pequeñas y medianas empresas, debe terminarse por lo perjudicial que es y por lo injusto que significaría sostenerla.
