Prensa y violencia en América Latina
América Latina se ha embarcado, en la última década y media, en una transformación profunda de sus formas de gobierno. Este proceso ha incluido un replanteamiento de las premisas sobre las que originalmente se asentaba la relación indiviuo-Estado. De este modo, se ha ido garantizando un respeto cada vez más amplio de las libertades esenciales de la persona humana. El rechazo de los esquemas autocráticos o dictatoriales que imperaron en nuestra región, salvo excepciones hoy abandonados, nos ha permitido a los latinoamericanos lanzarnos a la construcción de democracias pluralistas. Sin embargo, continuamos enfrentando peligros y desafíos. En Latinoamérica continúan registrándose ataques que ponen en riesgo aquellos derechos y garantías sin los cuales la democracia se torna ilusoria.
En los últimos diez años, se han producido no menos de 200 atentados contra periodistas, columnistas, editores de medios y reporteros gráficos. Los hombres y mujeres de prensa han pasado a convertirse en virtuales "blancos" humanos. Los ataques adquieren muy variadas formas, siendo el asesinato la manera más brutal de silenciar a la prensa. La organización no gubernamental "Reporteros sin Fronteras", afirma en su último informe aparecido en 1999, que América Latina es la región del mundo donde son asesinados el mayor número de periodistas. El reporte precisa además otras medidas intimidatorias o de coerción que están igualmente destinadas a amordazar el ejercicio periodístico. Alude así a las amenazas, agresiones físicas, secuestros, y salidas forzadas del país, como única forma de escapar a las "sentencias de muerte" impuestas desde la clandestinidad. Se busca privar arbitrariamente de información a la sociedad, desarticular la participación en el debate público, e impedir el libre intercambio de ideas. Vale decir, el desconocimiento de los principios elementales sobre los que se asientan las sociedades pluralistas.
"Reporteros Sin Fronteras" señala a países de la región en los cuales, y con distintos niveles de intensidad, se registran situaciones concretas de agresión a la prensa. Entre ellos menciona a Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, y México. No obstante, el caso colombiano es el que mayor atención recibe. Ello es consistente con la preocupación que dicho país genera en la comunidad internacional. En los últimos tiempos, el conflicto armado interno que envuelve a Colombia ha escalado, alcanzando niveles de inhumanidad sin precedentes. En este contexto, la sociedad colombiana ha sido víctima del desconocimiento de normas humanitarias elementales, cuya responsabilidad recae en los distintos actores armados. Por los últimos ocho años, Colombia ha ocupado el primer lugar en el mundo con relación al número de periodistas asesinados. A su vez, el total de muertes contabilizadas en la última década asciende a la increíble cifra de cincuenta periodistas. A pesar de la brutalidad de los atentados el castigo de los responsables continúa, en la mayoría de los casos, sin materializarse. Dicha circunstancia contribuye a generar una sensación de desamparo e impunidad frente a estos abusos reiterados de las libertades cívicas.
Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expidió una declaración que aborda precisamente la situación de la prensa colombiana. La misma fue emitida en oportunidad de su última asamblea, celebrada a mediados del mes de marzo en Cancún. Allí, la SIP exhortó a las autoridades de Colombia a implementar medidas efectivas e inmediatas de protección de los periodistas. Tal solicitud respondió al significativo agravamiento, en los últimos seis meses, de la situación vivida en el país. En dicho lapso, cinco periodistas fueron asesinados, catorce secuestrados y otros tres se vieron obligados a escapar al exterior, tras recibir amenazas contra sus vidas.
El exhorto de la SIP debe ser escuchado con atención y las medidas reclamadas deben ser implementadas sin demoras. No puede diferirse en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento local e internacional atribuye ineludiblemente al Estado colombiano. Resulta impostergable la creación de dispositivos que garanticen el pleno desempeño de la prensa. No obstante, la gravedad de la situación reclama esfuerzos aunados. La comunidad internacional debe acompañar este proceso. Debe asistirse a las autoridades nacionales en la búsqueda de estrategias orientadas a abordar eficazmente la problemática. La preservación del derecho a informar es esencial para la consolidación de las garantías cívicas y para el desarrollo de un régimen genuinamente democrático. En oportunidad de dirigirse al Foro organizado por el "World Press Freedom Committee" de Estados Unidos, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó: "Las civilizaciones se han enriquecido, no debilitado, por el libre flujo o intercambio de ideas. Ha sido la falta o carencia de información o de conocimiento la causa de muchos conflictos o disputas, y nunca lo opuesto". La situación crítica que atraviesa la prensa en distintos lugares de nuestro hemisferio corrobora con toda su fuerza la validez de esta afirmación.
En los últimos diez años, se han producido no menos de 200 atentados contra periodistas, columnistas, editores de medios y reporteros gráficos. Los hombres y mujeres de prensa han pasado a convertirse en virtuales "blancos" humanos. Los ataques adquieren muy variadas formas, siendo el asesinato la manera más brutal de silenciar a la prensa. La organización no gubernamental "Reporteros sin Fronteras", afirma en su último informe aparecido en 1999, que América Latina es la región del mundo donde son asesinados el mayor número de periodistas. El reporte precisa además otras medidas intimidatorias o de coerción que están igualmente destinadas a amordazar el ejercicio periodístico. Alude así a las amenazas, agresiones físicas, secuestros, y salidas forzadas del país, como única forma de escapar a las "sentencias de muerte" impuestas desde la clandestinidad. Se busca privar arbitrariamente de información a la sociedad, desarticular la participación en el debate público, e impedir el libre intercambio de ideas. Vale decir, el desconocimiento de los principios elementales sobre los que se asientan las sociedades pluralistas.
"Reporteros Sin Fronteras" señala a países de la región en los cuales, y con distintos niveles de intensidad, se registran situaciones concretas de agresión a la prensa. Entre ellos menciona a Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, y México. No obstante, el caso colombiano es el que mayor atención recibe. Ello es consistente con la preocupación que dicho país genera en la comunidad internacional. En los últimos tiempos, el conflicto armado interno que envuelve a Colombia ha escalado, alcanzando niveles de inhumanidad sin precedentes. En este contexto, la sociedad colombiana ha sido víctima del desconocimiento de normas humanitarias elementales, cuya responsabilidad recae en los distintos actores armados. Por los últimos ocho años, Colombia ha ocupado el primer lugar en el mundo con relación al número de periodistas asesinados. A su vez, el total de muertes contabilizadas en la última década asciende a la increíble cifra de cincuenta periodistas. A pesar de la brutalidad de los atentados el castigo de los responsables continúa, en la mayoría de los casos, sin materializarse. Dicha circunstancia contribuye a generar una sensación de desamparo e impunidad frente a estos abusos reiterados de las libertades cívicas.
Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expidió una declaración que aborda precisamente la situación de la prensa colombiana. La misma fue emitida en oportunidad de su última asamblea, celebrada a mediados del mes de marzo en Cancún. Allí, la SIP exhortó a las autoridades de Colombia a implementar medidas efectivas e inmediatas de protección de los periodistas. Tal solicitud respondió al significativo agravamiento, en los últimos seis meses, de la situación vivida en el país. En dicho lapso, cinco periodistas fueron asesinados, catorce secuestrados y otros tres se vieron obligados a escapar al exterior, tras recibir amenazas contra sus vidas.
El exhorto de la SIP debe ser escuchado con atención y las medidas reclamadas deben ser implementadas sin demoras. No puede diferirse en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento local e internacional atribuye ineludiblemente al Estado colombiano. Resulta impostergable la creación de dispositivos que garanticen el pleno desempeño de la prensa. No obstante, la gravedad de la situación reclama esfuerzos aunados. La comunidad internacional debe acompañar este proceso. Debe asistirse a las autoridades nacionales en la búsqueda de estrategias orientadas a abordar eficazmente la problemática. La preservación del derecho a informar es esencial para la consolidación de las garantías cívicas y para el desarrollo de un régimen genuinamente democrático. En oportunidad de dirigirse al Foro organizado por el "World Press Freedom Committee" de Estados Unidos, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó: "Las civilizaciones se han enriquecido, no debilitado, por el libre flujo o intercambio de ideas. Ha sido la falta o carencia de información o de conocimiento la causa de muchos conflictos o disputas, y nunca lo opuesto". La situación crítica que atraviesa la prensa en distintos lugares de nuestro hemisferio corrobora con toda su fuerza la validez de esta afirmación.
