Primera caída para el hábeas data
Cierto es que la recién estrenada institución había tenido algunos tropiezos, en su mayoría preocupante, pero ninguno había sido de tal envergadura como el revés sufrido hace cinco días en el seno de la Corte Suprema de Justicia donde, con el solo salvamento de voto de su magistrado presidente, Adán Arnulfo Arjona, se rechazó un recurso de hábeas data interpuesto por un ciudadano que pretendía tener acceso a la declaración de bienes de un legislador, la cual le había sido denegada en primera instancia por los funcionarios encargados de su custodia.
El argumento para el rechazo fue considerar la declaración de bienes como un documento restringido de carácter privado, propio de un "expediente laboral", sin que haya quedado claro el propósito de la solicitud de acceso a dicha información.
Si en vez de un breve y fallido pugilato procesal estuviéramos hablando de un combate de boxeo, deberíamos concluir que el flamante hábeas data ha sufrido, en inglés vernacular propio del rudo deporte, su primer "knock down" (caída) y que, tras la cuenta de ocho, se ha levantado tambaleante y está al borde del "knock out" (fuera de combate).
La declaración de bienes es una exigencia constitucional para todo funcionario público, la cual tiene por objeto contar con un inventario inicial y otro final de sus haberes durante el comienzo y fin de su mandato.
La idea es precisar sus bienes y disuadirle que incurra en enriquecimiento ilícito que se evidenciaría con una abismal diferencia a su favor.
Tratándose de un servidor público que maneja y administra cuantiosas sumas de dinero y haberes del Estado, la Corte debió ponderar mejor la decisión y considerar que ese funcionario, al asumir el cargo, adquirió también la obligación de rendir cuentas, de la cual la declaración inicial y final de bienes es uno de sus mecanismos constitucionales.
El solicitante actuó con sumo celo y cuidado al hacer uso del recurso y tratar por su medio de obtener la información por vía legal, antes de incurrir temerariamente a formular posibles cargos por enriquecimiento ilícito, que le hubieran acarreado graves responsabilidades penales y civiles. Lamentablemente, la Justicia incumplió su deber y quedó otra vez en deuda con la ciudadanía que, insistimos, tiene derecho a conocer no sólo cuánto ganan los funcionarios que paga con sus impuestos sino también si se enriquecen con el cargo que ejercen a costa del patrimonio de todos los panameños.
El argumento para el rechazo fue considerar la declaración de bienes como un documento restringido de carácter privado, propio de un "expediente laboral", sin que haya quedado claro el propósito de la solicitud de acceso a dicha información.
Si en vez de un breve y fallido pugilato procesal estuviéramos hablando de un combate de boxeo, deberíamos concluir que el flamante hábeas data ha sufrido, en inglés vernacular propio del rudo deporte, su primer "knock down" (caída) y que, tras la cuenta de ocho, se ha levantado tambaleante y está al borde del "knock out" (fuera de combate).
La declaración de bienes es una exigencia constitucional para todo funcionario público, la cual tiene por objeto contar con un inventario inicial y otro final de sus haberes durante el comienzo y fin de su mandato.
La idea es precisar sus bienes y disuadirle que incurra en enriquecimiento ilícito que se evidenciaría con una abismal diferencia a su favor.
Tratándose de un servidor público que maneja y administra cuantiosas sumas de dinero y haberes del Estado, la Corte debió ponderar mejor la decisión y considerar que ese funcionario, al asumir el cargo, adquirió también la obligación de rendir cuentas, de la cual la declaración inicial y final de bienes es uno de sus mecanismos constitucionales.
El solicitante actuó con sumo celo y cuidado al hacer uso del recurso y tratar por su medio de obtener la información por vía legal, antes de incurrir temerariamente a formular posibles cargos por enriquecimiento ilícito, que le hubieran acarreado graves responsabilidades penales y civiles. Lamentablemente, la Justicia incumplió su deber y quedó otra vez en deuda con la ciudadanía que, insistimos, tiene derecho a conocer no sólo cuánto ganan los funcionarios que paga con sus impuestos sino también si se enriquecen con el cargo que ejercen a costa del patrimonio de todos los panameños.
