Principio y fundamento
Durante las últimas semanas se ha venido comentado con mucha preocupación por parte de la ciudadanía el problema del mal uso de plaguicidas en la producción y comercialización de alimentos. A pesar de esto, hasta la fecha las autoridades competentes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y Ministerio de Salud (MINSA) no han dicho nada concreto al respecto.
En virtud de lo anterior, la CLICAC reitera su compromiso de compartir el conocimiento interno que dio origen a su informe técnico, "Diagnóstico de la problemática relacionada con el análisis del proyecto integral para realizar contenido residual de plaguicidas en los alimentos", y propone un mecanismo que conduzca a la búsqueda de la verdad y permita la identificación del problema y la definición de posibles soluciones. Resulta inadmisible que ahora lo que han hecho las autoridades es negar lo que la CLICAC investigó, cuando lo medular debió ser la reflexión sobre el por qué lo hizo.
Resulta incongruente que las autoridades competentes se anticipen con una visión restringida y asuman que la CLICAC actuó por capricho o para cumplir con intereses particulares; nunca se pretendió especular ni sacar experiencias o conclusiones basadas en la ruralidad nacional. Al contrario, lo fundamental es que la CLICAC dijo presente a la realidad histórica del país, y desde allí contempló una situación que representa un riesgo para la salud de todos los panameños, problema éste que no puede ocultarse ni debe negarse.
En la búsqueda de esta verdad, ha quedado evidenciado que las autoridades no quieren admitir que en Panamá existe un descontrol en el uso de plaguicidas y una falta de monitoreos para determinar el contenido residual de los mismos en los alimentos. La CLICAC claramente lo expuso en su informe técnico y concluyó que este problema es muy serio y debe ser abordado con celeridad, seriedad y responsabilidad por parte de las autoridades competentes.
Todos los consumidores tienen el derecho universal a ser informados con la verdad acerca de los productos que están adquiriendo. Además la Ley 29 de 1996, en su artículo 31 numeral 1, señala que el "proveedor tiene la obligación de informar, clara y verazmente al consumidor, sobre las características del producto tales como naturaleza, composición, contenido, peso, origen, fecha de vencimiento, toxicidad, precauciones, precio y cualquier otra condición determinante. La información anterior deberá constar en la etiqueta y en idioma español cuando se trate de productos alimenticios que requieran advertencias o precauciones específicas de que representen peligro para la salud humana".
Frente a esta situación de toxicidad evidente como es la de los plaguicidas, la CLICAC ha sido consecuente con las leyes vigentes en el país y ha tratado infructuosamente en innumerables ocasiones de concertar reuniones con los directivos del MIDA y el MINSA para abordar esta situación. El Decreto 19 de abril de 1997, que reglamenta la Ley 47 de 1996, establece que el MIDA y el MINSA coordinarán las disposiciones relacionadas con la reglamentación del uso de plaguicidas. Por un lado, el MIDA es la autoridad responsable para vigilar la importación y aplicación de los plaguicidas; controlar los residuos en plantas y productos vegetales durante el período de producción; y supervisar y acreditar los laboratorios de servicios y análisis de residuos en plantas y alimentos. Por otra parte, el MINSA es la autoridad competente para emitir un dictamen sobre la toxicidad a seres humanos y el ambiente, con el fin de aprobar la emisión de un registro y autorización para la venta de plaguicidas para uso en la agricultura. En otros términos, el dictamen evaluativo del MINSA deberá emitirse de acuerdo a los estándares sobre toxicidad a humanos y al ambiente de los plaguicidas para uso en la agricultura contemplados en la Comisión del Codex Alimentarius.
Todo esto nos lleva a meditar sobre qué es lo que trató de insinuar el titular del MIDA cuando el pasado 18 de mayo declaró ante los medios de comunicación que "el gramoxone se aplica únicamente al follaje del cultivo cercano a la cosecha pero que no entra en contacto con el tubérculo porque crece bajo la tierra". Gramoxone, para los que no saben, es un plaguicida altamente tóxico, no se le conoce antídoto, es supuestamente de uso restringido en Panamá aunque desde hace años está prohibido en la mayoría de los países desarrollados porque su uso se ha vinculado a un alto índice de enfermedades incurables. Nos preocupa, entonces, que el MIDA, institución llamada a proteger el patrimonio agrícola nacional, se refiera al gramoxone como un producto seguro cuando en realidad debiera asumirlo con una actitud más responsable. Quisiéramos saber si los panameños se sienten felices consumiendo vegetales y frutas "al que el follaje del cultivo cercano se le roció gramoxone". Nos parece que, de acuerdo a la Ley 29, lo mínimo que debiera hacerse es informar al consumidor sobre esta situación en la etiqueta del producto, y ya veríamos si alguien lo consume.
La verdad es que el MIDA y el MINSA tienen mucha responsabilidad por el incumplimiento de la ley que los faculta a realizar los análisis de contenido residual en los alimentos. Cualquier explicación para justificar esta desidia es irrelevante e innecesaria. Los funcionarios de una institución seria reconocen con humildad cuando se equivocan y procuran enmendar sus errores buscando caminos que los ayuden a cumplir las leyes que los facultan. Como dice Verdú, "si algo enseña la historia es que, por regla general, cuando los políticos en el poder obstaculizan que se diga la verdad, lo hacen para enmascarar y mentir sobre el presente y para extender, aprovecharse y abusar del poder en todos los tiempos del verbo, desde el pretérito indefinido hasta el futuro perfecto". Entiéndase entonces que, aunque no quieran admitirlo, la verdad es que ni el MIDA ni el MINSA pueden garantizar en estos momentos que los productos nacionales e importados están libres de plaguicidas tóxicos.
Y precisamente por eso, la CLICAC no claudicará y seguirá denunciando esta situación, no solamente porque así lo establece la Ley 29 sino porque es lo justo y lo correcto. Y mientras existan funcionarios irresponsables, y agentes económicos que no cumplan con sus obligaciones de informar verazmente al consumidor, a la CLICAC no le quedará otro camino que mantenerse vigilante en el mercado.
Sabemos que el carácter técnico e independiente de la CLICAC ha sido fundamental para abordar un tema tan sensitivo como lo es la seguridad alimentaria. Tal vez, como señaló el titular del MIDA en una ocasión, muchos no tenemos la experiencia para diferenciar el olor entre un plaguicida tóxico y la gallinaza, pero sí sabemos reconocer perfectamente el olor a la irresponsabilidad que han mostrado las autoridades competentes ante esta circunstancia. Aquí está en juego la institucionalidad del país y el respeto a las leyes, y por eso estamos dispuestos como funcionarios responsables a remendar hasta las últimas consecuencias para que en Panamá se cumplan con los preceptos que han sido creados para beneficiar a los consumidores. Por un lado, es inaceptable que funcionarios de alta jerarquía eludan sus responsabilidades y, por otro, agentes económicos estorben y se hagan los de la vista gorda para no cumplir con sus obligaciones. Nos parece que ya está bueno.
Los consumidores de este país están aprendiendo a exigir información veraz, lo que quieren simplemente es la verdad. Allí es donde radica el por qué la CLICAC inicio esta investigación que dio como resultado el informe técnico que revela la ausencia de controles por parte del MIDA y la falta de vigilancia por parte del MINSA. Como custodio de los derechos del consumidor, la CLICAC no puede mantenerse al margen de esta inacción y por lo tanto exige una actuación inmediata del Gobierno con el objetivo que a los consumidores se les diga la verdad sobre el nivel de plaguicidas en nuestros alimentos.
Este caso de los plaguicidas refleja una vez más que la CLICAC habla el idioma de la conciencia y de la verdad, y está situada en un plano al que no tienen acceso aquellos que la juzgan. Todos han de reconocer la necesidad de que las instituciones gubernamentales, siguiendo el ejemplo de la CLICAC, actúen responsablemente, consecuente con las leyes vigentes y coherente con la realidad de su gente.
En virtud de lo anterior, la CLICAC reitera su compromiso de compartir el conocimiento interno que dio origen a su informe técnico, "Diagnóstico de la problemática relacionada con el análisis del proyecto integral para realizar contenido residual de plaguicidas en los alimentos", y propone un mecanismo que conduzca a la búsqueda de la verdad y permita la identificación del problema y la definición de posibles soluciones. Resulta inadmisible que ahora lo que han hecho las autoridades es negar lo que la CLICAC investigó, cuando lo medular debió ser la reflexión sobre el por qué lo hizo.
Resulta incongruente que las autoridades competentes se anticipen con una visión restringida y asuman que la CLICAC actuó por capricho o para cumplir con intereses particulares; nunca se pretendió especular ni sacar experiencias o conclusiones basadas en la ruralidad nacional. Al contrario, lo fundamental es que la CLICAC dijo presente a la realidad histórica del país, y desde allí contempló una situación que representa un riesgo para la salud de todos los panameños, problema éste que no puede ocultarse ni debe negarse.
En la búsqueda de esta verdad, ha quedado evidenciado que las autoridades no quieren admitir que en Panamá existe un descontrol en el uso de plaguicidas y una falta de monitoreos para determinar el contenido residual de los mismos en los alimentos. La CLICAC claramente lo expuso en su informe técnico y concluyó que este problema es muy serio y debe ser abordado con celeridad, seriedad y responsabilidad por parte de las autoridades competentes.
Todos los consumidores tienen el derecho universal a ser informados con la verdad acerca de los productos que están adquiriendo. Además la Ley 29 de 1996, en su artículo 31 numeral 1, señala que el "proveedor tiene la obligación de informar, clara y verazmente al consumidor, sobre las características del producto tales como naturaleza, composición, contenido, peso, origen, fecha de vencimiento, toxicidad, precauciones, precio y cualquier otra condición determinante. La información anterior deberá constar en la etiqueta y en idioma español cuando se trate de productos alimenticios que requieran advertencias o precauciones específicas de que representen peligro para la salud humana".
Frente a esta situación de toxicidad evidente como es la de los plaguicidas, la CLICAC ha sido consecuente con las leyes vigentes en el país y ha tratado infructuosamente en innumerables ocasiones de concertar reuniones con los directivos del MIDA y el MINSA para abordar esta situación. El Decreto 19 de abril de 1997, que reglamenta la Ley 47 de 1996, establece que el MIDA y el MINSA coordinarán las disposiciones relacionadas con la reglamentación del uso de plaguicidas. Por un lado, el MIDA es la autoridad responsable para vigilar la importación y aplicación de los plaguicidas; controlar los residuos en plantas y productos vegetales durante el período de producción; y supervisar y acreditar los laboratorios de servicios y análisis de residuos en plantas y alimentos. Por otra parte, el MINSA es la autoridad competente para emitir un dictamen sobre la toxicidad a seres humanos y el ambiente, con el fin de aprobar la emisión de un registro y autorización para la venta de plaguicidas para uso en la agricultura. En otros términos, el dictamen evaluativo del MINSA deberá emitirse de acuerdo a los estándares sobre toxicidad a humanos y al ambiente de los plaguicidas para uso en la agricultura contemplados en la Comisión del Codex Alimentarius.
Todo esto nos lleva a meditar sobre qué es lo que trató de insinuar el titular del MIDA cuando el pasado 18 de mayo declaró ante los medios de comunicación que "el gramoxone se aplica únicamente al follaje del cultivo cercano a la cosecha pero que no entra en contacto con el tubérculo porque crece bajo la tierra". Gramoxone, para los que no saben, es un plaguicida altamente tóxico, no se le conoce antídoto, es supuestamente de uso restringido en Panamá aunque desde hace años está prohibido en la mayoría de los países desarrollados porque su uso se ha vinculado a un alto índice de enfermedades incurables. Nos preocupa, entonces, que el MIDA, institución llamada a proteger el patrimonio agrícola nacional, se refiera al gramoxone como un producto seguro cuando en realidad debiera asumirlo con una actitud más responsable. Quisiéramos saber si los panameños se sienten felices consumiendo vegetales y frutas "al que el follaje del cultivo cercano se le roció gramoxone". Nos parece que, de acuerdo a la Ley 29, lo mínimo que debiera hacerse es informar al consumidor sobre esta situación en la etiqueta del producto, y ya veríamos si alguien lo consume.
La verdad es que el MIDA y el MINSA tienen mucha responsabilidad por el incumplimiento de la ley que los faculta a realizar los análisis de contenido residual en los alimentos. Cualquier explicación para justificar esta desidia es irrelevante e innecesaria. Los funcionarios de una institución seria reconocen con humildad cuando se equivocan y procuran enmendar sus errores buscando caminos que los ayuden a cumplir las leyes que los facultan. Como dice Verdú, "si algo enseña la historia es que, por regla general, cuando los políticos en el poder obstaculizan que se diga la verdad, lo hacen para enmascarar y mentir sobre el presente y para extender, aprovecharse y abusar del poder en todos los tiempos del verbo, desde el pretérito indefinido hasta el futuro perfecto". Entiéndase entonces que, aunque no quieran admitirlo, la verdad es que ni el MIDA ni el MINSA pueden garantizar en estos momentos que los productos nacionales e importados están libres de plaguicidas tóxicos.
Y precisamente por eso, la CLICAC no claudicará y seguirá denunciando esta situación, no solamente porque así lo establece la Ley 29 sino porque es lo justo y lo correcto. Y mientras existan funcionarios irresponsables, y agentes económicos que no cumplan con sus obligaciones de informar verazmente al consumidor, a la CLICAC no le quedará otro camino que mantenerse vigilante en el mercado.
Sabemos que el carácter técnico e independiente de la CLICAC ha sido fundamental para abordar un tema tan sensitivo como lo es la seguridad alimentaria. Tal vez, como señaló el titular del MIDA en una ocasión, muchos no tenemos la experiencia para diferenciar el olor entre un plaguicida tóxico y la gallinaza, pero sí sabemos reconocer perfectamente el olor a la irresponsabilidad que han mostrado las autoridades competentes ante esta circunstancia. Aquí está en juego la institucionalidad del país y el respeto a las leyes, y por eso estamos dispuestos como funcionarios responsables a remendar hasta las últimas consecuencias para que en Panamá se cumplan con los preceptos que han sido creados para beneficiar a los consumidores. Por un lado, es inaceptable que funcionarios de alta jerarquía eludan sus responsabilidades y, por otro, agentes económicos estorben y se hagan los de la vista gorda para no cumplir con sus obligaciones. Nos parece que ya está bueno.
Los consumidores de este país están aprendiendo a exigir información veraz, lo que quieren simplemente es la verdad. Allí es donde radica el por qué la CLICAC inicio esta investigación que dio como resultado el informe técnico que revela la ausencia de controles por parte del MIDA y la falta de vigilancia por parte del MINSA. Como custodio de los derechos del consumidor, la CLICAC no puede mantenerse al margen de esta inacción y por lo tanto exige una actuación inmediata del Gobierno con el objetivo que a los consumidores se les diga la verdad sobre el nivel de plaguicidas en nuestros alimentos.
Este caso de los plaguicidas refleja una vez más que la CLICAC habla el idioma de la conciencia y de la verdad, y está situada en un plano al que no tienen acceso aquellos que la juzgan. Todos han de reconocer la necesidad de que las instituciones gubernamentales, siguiendo el ejemplo de la CLICAC, actúen responsablemente, consecuente con las leyes vigentes y coherente con la realidad de su gente.
