Prioridades
El Diccionario de la Lengua Española define el tema del título de este artículo como: Anterioridad de una cosa con respecto de otra en tiempo o en orden o, Anterioridad o precedencia de una cosa con respecto de otra que depende o procede de ella. En un Estado de derecho, como lo es Panamá, las disposiciones de la Carta Magna tienen precedencias sobre todas las otras que regulan el desarrollo de las obras materiales y sobre nuestro comportamiento en sociedad. Así también por razones humanitarias, los problemas urgentes ocasionados por los grandes desastres naturales o por las acciones del hombre que privan a sus semejantes de las más apremiantes necesidades, o por lo general, reciben tratos precedentes con respecto de otros.
En circunstancias normales llegar a establecer prioridades de manera razonada es el inicio de un proceso organizado, para atender primero una cosa con respecto de otras, en orden, tiempo y espacio. El estudio previo para llegar a un ordenamiento puede originarse por limitaciones de recursos monetarios y/o humanos, necesidades familiares, de un grupo cualquiera, de una empresa, de un partido político o de una comunidad local regional o nacional para satisfacer intereses u objetivos específicos. En la realización de este ejercicio, los actores están llamados a ponderar, con objetividad, la importancia relativa de cada cosa para fijar un orden de precedencia antes de iniciar las acciones para alcanzar esos objetivos.
Aquello es un proceso democrático en que las consultas con y la participación de las fuentes afectadas son de primera importancia. Ello debe ser así cuando prevalece el genuino interés de ganar la comprensión, la aceptación y el apoyo a las prioridades que se establecen. Cuando se trata de la cosa pública y el bienestar de la comunidad en las esferas económicas, social, cultural los procesos transparentes y consultados se hacen a través de los mecanismos administrativos y legales vigentes para evitar las imposiciones e improvisaciones, muchas veces viciadas, por intereses ajenos a los comunes.
En Panamá las necesiddaes en aquellas esferas son numerosas y variadas, por lo que se puede asegurar sin temor a equívocos que toda obra que se ejecuta suple una necesidad. Los entes ejecutores sin estar organizados y sin ser austeros pueden justificar por ello las necesidades de ciertas obras que no responden a una auténtica prioridad comunal en términos de orden, tiempo, espacio y la aplicación de recursos. Muchas veces esas obras constituyen ejecutorias forzadas y partidistas. Así, se obtienen soluciones parciales cortas o disminuidas a problemas que requieren de otras acciones previas, simultáneas o subsiguientes, para lograr respuestas integrales y duraderas.
Los problemas socioeconómicos y culturales de hoy están íntimamente relacionados, por lo que no se pueden enfocar separadamente. La mejor concepción de ellos requiere de estudios objetivos, bien ponderados, a través de un proceso que recomienda y fije auténticas prioridades, sin interferencias mezquinas de intereses distorsionantes, para facilitar el desarrollo equitativo, equilibrado y sostenido de la comunidad nacional. Asegurar el cumplimiento del orden de prioridad prefijado en materia de educación, salud, vivienda, servicios públicos, turismo, transporte, comunicaciones, agricultura, industria, productividad, producción, empleo, etc. es asunto que debe quedar plasmado claramente en el programapresupuesto de la nación. Es el documento que fija la política que orienta las ejecuciones coordinadas concertadas de obras y tareas en tiempo y espacio por los entes ejecutores públicos. La participación incentivada de los capitales nacionales y foráneos, de las fuerzas vivas del país y de las poblaciones afectadas, son concursos que se ubican mejor dentro de un contexto organizado para lograr la sostenibilidad de las acciones.
A título de ejemplo, es oportuno reiterar ciertos señalamientos hechos en artículos anteriores que son ilustrativos de decisiones y hechos extemporáneos que lesionaron, lesionan y por la naturaleza de algunos seguirán lesionando los intereses nacionales.
1. El país contrató los servicios de una empresa por varios millones de balboas para preparar los planes metropolitanos de Panamá y Colón con el propósito de orientar el desarrollo de esas ciudades. Mucho antes de la terminación de dichos planes, fijada para noviembre de 1997, se iniciaron y se expeditaron las ejecuciones de los corredores norte y sur a costos millonarios. Estas acciones pudieran tener el efecto de distorsionar las mejoras propuestas del Plan Metropolitano de Panamá (PMP) y supeditarlas a dichas obras. Así también, se ha dispuesto del traslado de varios centros de enseñanza media del Area Metropolitana de Panamá (AMP), sin esperar las propuestas del PMP que pudiera recomendar la organización de unidades vecinales o sectores, con vistas a promover la integración de comunidades con servicios y actividades contenidas y reducir las necesidades de transporte público a lugares distantes de las áreas residenciales.
2. No obstante el agudo problema del tránsito vehicular en el AMP, cuyos efectos negativos son ya considerables sobre la salud y vida humana, el medio ambiente que se está llamado a proteger, la economía del área afectada por la demora en los desplazamientos, el excesivo consumo de combustible, y de accidentes, se rebajan los aranceles para estimular una mayor importación de autos, agravando aún más esos problemas.
3. A pesar de haberse terminado los planes General y el de Usos de Suelo de las Areas Revertidas (AR), se presenta un conflicto de usos del suelo en el espacio de Albrook Field requerido para el traslado del Aeropuerto Paitilla (decisión tomada), las actividades portuarias de la firma concesionaria Hutchison, para las actividades ferroviarias de la concesionaria Kansas City Railroad y para el punto de inicio del Corredor Norte en ejecución desde hace algún tiempo (El Panamá América, 8/1/98). Según estimaciones este conflicto le costará al Estado panameño alrededor de B/.40 millones.
4. Es bien sabido que las actividades del área canalera han estimulado, desde el inicio de la construcción del canal, las migraciones de población del interior del país hacia las ciudades terminales con efectos negativos para el desarrollo de ambas áreas. No obstante, ahora que las AR están bajo jurisdicción nacional, se continúa estimulando este proceso al no tomar medidas de política simultánea para frenarlo o disminuirlo. Más bien, las rebajas arancelarias de los productos agroindustriales contribuirán a acelerar aún más el proceso migratorio, que se sabe constituye uno de los problemas más perjudiciales a las economías de los países en vías de desarrollo.
5. La decisión impositiva ligera que gravó las operaciones de la Zona Libre de Colón (ZLC), que perjudicó y tuvo que ser rescindida, después de la realización de estudios, para evitar el colapso de una de las actividades que más contribuye a la economía nacional.
6. La falta de coordinación visible entre los planes General y de Usos del Suelo de las ARI con el PMP que por ser áreas contiguas pudiera contribuir a evitar futuros problemas de circulación en la primera y atenuar los efectos negativos del intenso tránsito vehicular en el AMP.
Así podríamos enumerar muchos otros desaciertos en términos prioritarios que perjudicaron, perjudican, y por el dinamismo de algunos, seguirán perjudicando los intereses nacionales representados en grandes costos (despilfarros) para la economía del país. La planificación es un proceso seguido para definir, con cierta rigurosidad, las obras, tareas y disposiciones prioritarias en un entorno dado. Ante las ejecutorias independientes y descoordinadas de los entes ejecutores, convendría preguntar ¿Cuál es o cuáles son en la práctica, no en teoría, el o los organismos rectores de la planificación del desarrollo de este país?
En circunstancias normales llegar a establecer prioridades de manera razonada es el inicio de un proceso organizado, para atender primero una cosa con respecto de otras, en orden, tiempo y espacio. El estudio previo para llegar a un ordenamiento puede originarse por limitaciones de recursos monetarios y/o humanos, necesidades familiares, de un grupo cualquiera, de una empresa, de un partido político o de una comunidad local regional o nacional para satisfacer intereses u objetivos específicos. En la realización de este ejercicio, los actores están llamados a ponderar, con objetividad, la importancia relativa de cada cosa para fijar un orden de precedencia antes de iniciar las acciones para alcanzar esos objetivos.
Aquello es un proceso democrático en que las consultas con y la participación de las fuentes afectadas son de primera importancia. Ello debe ser así cuando prevalece el genuino interés de ganar la comprensión, la aceptación y el apoyo a las prioridades que se establecen. Cuando se trata de la cosa pública y el bienestar de la comunidad en las esferas económicas, social, cultural los procesos transparentes y consultados se hacen a través de los mecanismos administrativos y legales vigentes para evitar las imposiciones e improvisaciones, muchas veces viciadas, por intereses ajenos a los comunes.
En Panamá las necesiddaes en aquellas esferas son numerosas y variadas, por lo que se puede asegurar sin temor a equívocos que toda obra que se ejecuta suple una necesidad. Los entes ejecutores sin estar organizados y sin ser austeros pueden justificar por ello las necesidades de ciertas obras que no responden a una auténtica prioridad comunal en términos de orden, tiempo, espacio y la aplicación de recursos. Muchas veces esas obras constituyen ejecutorias forzadas y partidistas. Así, se obtienen soluciones parciales cortas o disminuidas a problemas que requieren de otras acciones previas, simultáneas o subsiguientes, para lograr respuestas integrales y duraderas.
Los problemas socioeconómicos y culturales de hoy están íntimamente relacionados, por lo que no se pueden enfocar separadamente. La mejor concepción de ellos requiere de estudios objetivos, bien ponderados, a través de un proceso que recomienda y fije auténticas prioridades, sin interferencias mezquinas de intereses distorsionantes, para facilitar el desarrollo equitativo, equilibrado y sostenido de la comunidad nacional. Asegurar el cumplimiento del orden de prioridad prefijado en materia de educación, salud, vivienda, servicios públicos, turismo, transporte, comunicaciones, agricultura, industria, productividad, producción, empleo, etc. es asunto que debe quedar plasmado claramente en el programapresupuesto de la nación. Es el documento que fija la política que orienta las ejecuciones coordinadas concertadas de obras y tareas en tiempo y espacio por los entes ejecutores públicos. La participación incentivada de los capitales nacionales y foráneos, de las fuerzas vivas del país y de las poblaciones afectadas, son concursos que se ubican mejor dentro de un contexto organizado para lograr la sostenibilidad de las acciones.
A título de ejemplo, es oportuno reiterar ciertos señalamientos hechos en artículos anteriores que son ilustrativos de decisiones y hechos extemporáneos que lesionaron, lesionan y por la naturaleza de algunos seguirán lesionando los intereses nacionales.
1. El país contrató los servicios de una empresa por varios millones de balboas para preparar los planes metropolitanos de Panamá y Colón con el propósito de orientar el desarrollo de esas ciudades. Mucho antes de la terminación de dichos planes, fijada para noviembre de 1997, se iniciaron y se expeditaron las ejecuciones de los corredores norte y sur a costos millonarios. Estas acciones pudieran tener el efecto de distorsionar las mejoras propuestas del Plan Metropolitano de Panamá (PMP) y supeditarlas a dichas obras. Así también, se ha dispuesto del traslado de varios centros de enseñanza media del Area Metropolitana de Panamá (AMP), sin esperar las propuestas del PMP que pudiera recomendar la organización de unidades vecinales o sectores, con vistas a promover la integración de comunidades con servicios y actividades contenidas y reducir las necesidades de transporte público a lugares distantes de las áreas residenciales.
2. No obstante el agudo problema del tránsito vehicular en el AMP, cuyos efectos negativos son ya considerables sobre la salud y vida humana, el medio ambiente que se está llamado a proteger, la economía del área afectada por la demora en los desplazamientos, el excesivo consumo de combustible, y de accidentes, se rebajan los aranceles para estimular una mayor importación de autos, agravando aún más esos problemas.
3. A pesar de haberse terminado los planes General y el de Usos de Suelo de las Areas Revertidas (AR), se presenta un conflicto de usos del suelo en el espacio de Albrook Field requerido para el traslado del Aeropuerto Paitilla (decisión tomada), las actividades portuarias de la firma concesionaria Hutchison, para las actividades ferroviarias de la concesionaria Kansas City Railroad y para el punto de inicio del Corredor Norte en ejecución desde hace algún tiempo (El Panamá América, 8/1/98). Según estimaciones este conflicto le costará al Estado panameño alrededor de B/.40 millones.
4. Es bien sabido que las actividades del área canalera han estimulado, desde el inicio de la construcción del canal, las migraciones de población del interior del país hacia las ciudades terminales con efectos negativos para el desarrollo de ambas áreas. No obstante, ahora que las AR están bajo jurisdicción nacional, se continúa estimulando este proceso al no tomar medidas de política simultánea para frenarlo o disminuirlo. Más bien, las rebajas arancelarias de los productos agroindustriales contribuirán a acelerar aún más el proceso migratorio, que se sabe constituye uno de los problemas más perjudiciales a las economías de los países en vías de desarrollo.
5. La decisión impositiva ligera que gravó las operaciones de la Zona Libre de Colón (ZLC), que perjudicó y tuvo que ser rescindida, después de la realización de estudios, para evitar el colapso de una de las actividades que más contribuye a la economía nacional.
6. La falta de coordinación visible entre los planes General y de Usos del Suelo de las ARI con el PMP que por ser áreas contiguas pudiera contribuir a evitar futuros problemas de circulación en la primera y atenuar los efectos negativos del intenso tránsito vehicular en el AMP.
Así podríamos enumerar muchos otros desaciertos en términos prioritarios que perjudicaron, perjudican, y por el dinamismo de algunos, seguirán perjudicando los intereses nacionales representados en grandes costos (despilfarros) para la economía del país. La planificación es un proceso seguido para definir, con cierta rigurosidad, las obras, tareas y disposiciones prioritarias en un entorno dado. Ante las ejecutorias independientes y descoordinadas de los entes ejecutores, convendría preguntar ¿Cuál es o cuáles son en la práctica, no en teoría, el o los organismos rectores de la planificación del desarrollo de este país?
