Privatizaciones, ajustes, medidas amargas y un año de cárcel
Las organizaciones financieras internacionales están próximas a cumplir 50 años de existencia, a través de los cuales han tenido enorme influencia en el devenir económico de las naciones. Durante los años "60 y "70 prestaron sumas millonarias a todo tipo de gobierno; en los años "80 comenzaron a exigir a las naciones realizar los ya famosos ajustes estructurales, como reducción de la planilla estatal, privatizar las empresas estatales y reformas a la Seguridad Social.
Todo lo anterior fue atendido con prontitud por unos cuantos países. Es el caso propio de Panamá. Todos recordamos que fue Ardito Barletta, como presidente de la República, quien en 1985 intentó introducir los primeros ajustes estructurales, y no lo pudo hacer porque las organizaciones sindicales, entre ellos FENASEP, se le vino encima, excusa que fue aprovechada por los militares para derrocarlo.
Con la instauración de un régimen de carácter democrático en 1990, las Instituciones Financieras Internacionales encuentran las puertas abiertas para ir dando paso a su desmesurado interés de querer imponer a cualquier costo la misma medicina recetada a otras naciones, razón por la cual lograron que el expresidente Endara privatizara empresas como Cemento Bayano, Cítricos de Chiriquí, Air Panamá y otras empresas gubernamentales que no tenían ninguna incidencia social, y cuando se intenta privatizar el INTEL, salta una repulsa popular y el gobierno decide suspenden cualquier otro ajuste programado. Ya para el año 1993 y antes de las elecciones del "94, los diversos candidatos presidenciales en su plan de gobierno, unos más que otros, planteaban embarcar el país en una aventura neoliberal, marcado por la aceptación de los ajustes que nos querían imponer el F.M.I. y el B.I.D.
Con la llegada en septiembre de 1994 de Ernesto Pérez Balladares a la presidencia de la República, se logra imponer las privatizaciones de un gran porcentaje de empresas estatales, siendo las más importantes y de incidencia social los servicios de telecomunicaciones y electricidad, empresas de estricto carácter social y que a la vez, a nuestro modo de entender, son de seguridad nacional, de allí nuestra oposición a estos procesos privatizadores.
Hoy en día el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no están satisfechos con lo ya obtenido, acaban de hacer una de sus mejores jugadas, lograron que el actual gobierno signatara una carta de intenciones, que como su nombre lo dice, es una especie de compromiso que adquiere el gobierno y que se obliga así mismo a cumplir. Estos compromisos son: Dar en concesión administrativa el IDAAN, cerrar el Banco Hipotecario Nacional, privatizar ATLAPA, el Aeropuerto de Tocumen, achicar o privatizar el Bando de Desarrollo Agropecuario, hacerle ajustes a la Caja de Seguro Social y mejorar la tributación, ya sea en lo concerniente a transferirles el I.T.B.M. (5%) a otros sectores comerciales de la economía, acompañada también de una reforma tributaria nacional y finalmente congelar las posiciones vacantes y los salarios en el sector público.
Con el actual panorama nacional es de fácil comprensión el afán del ministro Spadafora en aumentar la pena a los manifestantes que obstruyan las vías públicas (sindicatos) de 10 días a un año, porque las protestas van a venir y no necesariamente tienen que ser enfocadas en contra del gobierno; estas protestas tienen que ser dirigidas en contra de las organizaciones financieras internacionales que ya tienen más de 20 años imponiéndole ajustes estructurales a los países, a pesar que la pobreza sigue avanzando, y unos cuantos son los que se hacen cada vez más millonarios. Cómo no preocuparnos si cada privatización estatal es más desempleo, cómo no preocuparnos si Lombana promueve la privatización de la CSS, cómo no preocuparnos si el costo de la vida sube y sube cada día sin parar y los salarios están congelados.
El Gobierno Nacional lejos de promover una política de choque y enfrentamiento a través de carcelazos, tiene la responsabilidad de no dejar caer en las garras de las instituciones financieras al país y a sus ciudadanos y para ello, debe de haber un amplio diálogo que permita analizar a profundidad cada uno de estos ajustes que se han pactado.
Todo lo anterior fue atendido con prontitud por unos cuantos países. Es el caso propio de Panamá. Todos recordamos que fue Ardito Barletta, como presidente de la República, quien en 1985 intentó introducir los primeros ajustes estructurales, y no lo pudo hacer porque las organizaciones sindicales, entre ellos FENASEP, se le vino encima, excusa que fue aprovechada por los militares para derrocarlo.
Con la instauración de un régimen de carácter democrático en 1990, las Instituciones Financieras Internacionales encuentran las puertas abiertas para ir dando paso a su desmesurado interés de querer imponer a cualquier costo la misma medicina recetada a otras naciones, razón por la cual lograron que el expresidente Endara privatizara empresas como Cemento Bayano, Cítricos de Chiriquí, Air Panamá y otras empresas gubernamentales que no tenían ninguna incidencia social, y cuando se intenta privatizar el INTEL, salta una repulsa popular y el gobierno decide suspenden cualquier otro ajuste programado. Ya para el año 1993 y antes de las elecciones del "94, los diversos candidatos presidenciales en su plan de gobierno, unos más que otros, planteaban embarcar el país en una aventura neoliberal, marcado por la aceptación de los ajustes que nos querían imponer el F.M.I. y el B.I.D.
Con la llegada en septiembre de 1994 de Ernesto Pérez Balladares a la presidencia de la República, se logra imponer las privatizaciones de un gran porcentaje de empresas estatales, siendo las más importantes y de incidencia social los servicios de telecomunicaciones y electricidad, empresas de estricto carácter social y que a la vez, a nuestro modo de entender, son de seguridad nacional, de allí nuestra oposición a estos procesos privatizadores.
Hoy en día el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no están satisfechos con lo ya obtenido, acaban de hacer una de sus mejores jugadas, lograron que el actual gobierno signatara una carta de intenciones, que como su nombre lo dice, es una especie de compromiso que adquiere el gobierno y que se obliga así mismo a cumplir. Estos compromisos son: Dar en concesión administrativa el IDAAN, cerrar el Banco Hipotecario Nacional, privatizar ATLAPA, el Aeropuerto de Tocumen, achicar o privatizar el Bando de Desarrollo Agropecuario, hacerle ajustes a la Caja de Seguro Social y mejorar la tributación, ya sea en lo concerniente a transferirles el I.T.B.M. (5%) a otros sectores comerciales de la economía, acompañada también de una reforma tributaria nacional y finalmente congelar las posiciones vacantes y los salarios en el sector público.
Con el actual panorama nacional es de fácil comprensión el afán del ministro Spadafora en aumentar la pena a los manifestantes que obstruyan las vías públicas (sindicatos) de 10 días a un año, porque las protestas van a venir y no necesariamente tienen que ser enfocadas en contra del gobierno; estas protestas tienen que ser dirigidas en contra de las organizaciones financieras internacionales que ya tienen más de 20 años imponiéndole ajustes estructurales a los países, a pesar que la pobreza sigue avanzando, y unos cuantos son los que se hacen cada vez más millonarios. Cómo no preocuparnos si cada privatización estatal es más desempleo, cómo no preocuparnos si Lombana promueve la privatización de la CSS, cómo no preocuparnos si el costo de la vida sube y sube cada día sin parar y los salarios están congelados.
El Gobierno Nacional lejos de promover una política de choque y enfrentamiento a través de carcelazos, tiene la responsabilidad de no dejar caer en las garras de las instituciones financieras al país y a sus ciudadanos y para ello, debe de haber un amplio diálogo que permita analizar a profundidad cada uno de estos ajustes que se han pactado.
