Privatizar al servicio de agua
Uno de cada seis habitantes del planeta no cuenta con servicio de agua potable y uno de cada tres no tiene servicios sanitarios. El año pasado representantes gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales reunidos en Johannesburgo resolvieron reducir ese déficit por la mitad para el año 2015. En Kyoto, Shika y Osaka, el mes pasado celebraron una conferencia para explorar cómo lograr esa meta. El debate se concentró en cómo procurar la inversión anual requerida para alcanzar esa meta, lo cual implica duplicar la inversión actual. Una alternativa es el sector público, otra es el sector privado y otra es una combinación de ambos.
Se puede aseverar sin temor a ser cuestionado que la situación deficitaria actual es producto de la manera como los gobiernos han atendido la demanda por este servicio público. En la actualidad, en todo el mundo más del 95% del servicio de agua potable y de tratamiento de aguas negras es prestado por el Estado. Se cobra un precio subsidiado. El servicio en sí es pésimo, ineficiente y harto en despilfarro innecesario por el mal estado de la red. Usualmente, los que más tienen reciben un servicio continuo mientras que los más necesitados lo reciben en forma intermitente, si está disponible. Estos últimos usualmente tienen que pagar a transportistas privados o viajar largas distancias para conseguir agua para tomar o cocinar. La experiencia dicta que el sector público ha sido incapaz de atender las necesidades de agua potable de la población. No puede administrarlo ni cuenta con los fondos para invertir lo necesario para instalar las redes y equipos requeridos para atender la demanda.
En el 5% restante que presta el sector privado, es cierto que los precios son superiores. Pero hay múltiples experiencias positivas en la privatización de servicios de agua. Uno es en Abidján en Costa de Marfil, Africa. En Chile poco menos del 100% de la población ya recibe agua potable. Para atender a los más necesitados, se pueden crear mecanismos de subsidio (incluyendo cupones como en Chile) que garanticen su abastecimiento. Insistir demagógica o ideológicamente en mantener este servicio en manos del sector privado es condenar a una gran parte pobre de la población a enfermedades, desnutrición y subdesarrollo. Pero quizá el país donde mayor éxito ha tenido el sector privado, del cual provienen las dos empresas más grandes prestadoras de este servicio, es Francia.
Aquí en Panamá contribuimos a tirar las estadísticas hacia peor. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) produce por día 269.6 millones de galones de agua potable en todo el país. De ese total, no se contabiliza el 43% del agua porque se pierde en escape en la red y mal uso de los usuarios. En el renglón de alcantarillados sanitarios hay una cobertura nacional de 42%. Y no en todas las áreas metropolitanas existe el servicio.
Al menos en Johannesburgo quedó claro que los gobiernos no pueden atender la problemática. Ya la gente está entendiendo que el agua, al igual que muchos otros productos de primera necesidad, no puede ser gratis. Corresponde enfrentar el problema fríamente, sin prejuicios, para analizar las alternativas y escoger una que atienda todos los intereses involucrados. Al igual que con múltiples sectores, la sola privatización no será la panacea, pero sí puede formar parte de la solución. La empresa privada, de la mano con los gobiernos y los usuarios, pueden atender esta urgente necesidad.
Se puede aseverar sin temor a ser cuestionado que la situación deficitaria actual es producto de la manera como los gobiernos han atendido la demanda por este servicio público. En la actualidad, en todo el mundo más del 95% del servicio de agua potable y de tratamiento de aguas negras es prestado por el Estado. Se cobra un precio subsidiado. El servicio en sí es pésimo, ineficiente y harto en despilfarro innecesario por el mal estado de la red. Usualmente, los que más tienen reciben un servicio continuo mientras que los más necesitados lo reciben en forma intermitente, si está disponible. Estos últimos usualmente tienen que pagar a transportistas privados o viajar largas distancias para conseguir agua para tomar o cocinar. La experiencia dicta que el sector público ha sido incapaz de atender las necesidades de agua potable de la población. No puede administrarlo ni cuenta con los fondos para invertir lo necesario para instalar las redes y equipos requeridos para atender la demanda.
En el 5% restante que presta el sector privado, es cierto que los precios son superiores. Pero hay múltiples experiencias positivas en la privatización de servicios de agua. Uno es en Abidján en Costa de Marfil, Africa. En Chile poco menos del 100% de la población ya recibe agua potable. Para atender a los más necesitados, se pueden crear mecanismos de subsidio (incluyendo cupones como en Chile) que garanticen su abastecimiento. Insistir demagógica o ideológicamente en mantener este servicio en manos del sector privado es condenar a una gran parte pobre de la población a enfermedades, desnutrición y subdesarrollo. Pero quizá el país donde mayor éxito ha tenido el sector privado, del cual provienen las dos empresas más grandes prestadoras de este servicio, es Francia.
Aquí en Panamá contribuimos a tirar las estadísticas hacia peor. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) produce por día 269.6 millones de galones de agua potable en todo el país. De ese total, no se contabiliza el 43% del agua porque se pierde en escape en la red y mal uso de los usuarios. En el renglón de alcantarillados sanitarios hay una cobertura nacional de 42%. Y no en todas las áreas metropolitanas existe el servicio.
Al menos en Johannesburgo quedó claro que los gobiernos no pueden atender la problemática. Ya la gente está entendiendo que el agua, al igual que muchos otros productos de primera necesidad, no puede ser gratis. Corresponde enfrentar el problema fríamente, sin prejuicios, para analizar las alternativas y escoger una que atienda todos los intereses involucrados. Al igual que con múltiples sectores, la sola privatización no será la panacea, pero sí puede formar parte de la solución. La empresa privada, de la mano con los gobiernos y los usuarios, pueden atender esta urgente necesidad.
