Privilegios y aumentos automáticos
En reciente editorial, comentábamos favorablemente la propuesta de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en el sentido de que se despojaran, ya sea voluntariamente o por mandato legal, ciertos privilegios existentes en la administración de justicia. Sugerimos entonces, que se ampliara la iniciativa al resto del conglomerado de altos funcionarios del Estado que gozan de prerrogativas similares, cuya característica común es constituir un privilegio irritante y ajeno al resto de los ciudadanos.
La divulgación de un fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia el 30 de diciembre de 2004, bajo la ponencia del magistrado Virgilio Trujillo, arroja luces de respaldo a la propuesta planteada. Según el mismo, es inconstitucional una serie de beneficios de que gozan los diputados, tales como las franquicias telefónicas y pasaportes diplomáticos que eran extendidos a los suplentes. La base de sustento fue también la prohibición constitucional de fueros y privilegios.
Si el actual gobierno habla de equidad, aludiendo a los impuestos, y a la distribución de la riqueza, debe precisamente procurar la desmantelación de privilegios y prácticas de desigualdad que fomentan el pernicioso "juega vivo" que tanto daña a los panameños y atrasa al país. Uno de ellos es la existencia de cláusulas de aumento de sueldo automático que rigen para algunas dependencias estatales (Seguro Social, Universidad, Educación, etc.) y no para otras, sin ninguna relación con la eficiencia laboral o el costo de la vida, y que constituyen un lastre cada vez más pesado para las finanzas públicas.
Con toda razón, Roberto Brenes, presidente de la Fundación Libertad, ha propuesto el "congelamiento" (nosotros diríamos derogación) de esos aumentos automáticos que -según dice- representaría un ahorro por B/. 25 millones al año. En vez de ese sistema, debería implantarse una ley general de salarios, que consulte criterios objetivos y equitativos de remuneración según el cargo y calidad de desempeño, y no sólo por la antigüedad, desechando el actual concepto de privilegio discriminador.
(*) Director del Instituto Desarrollo y Libertad. www.aipenet.com
La divulgación de un fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia el 30 de diciembre de 2004, bajo la ponencia del magistrado Virgilio Trujillo, arroja luces de respaldo a la propuesta planteada. Según el mismo, es inconstitucional una serie de beneficios de que gozan los diputados, tales como las franquicias telefónicas y pasaportes diplomáticos que eran extendidos a los suplentes. La base de sustento fue también la prohibición constitucional de fueros y privilegios.
Si el actual gobierno habla de equidad, aludiendo a los impuestos, y a la distribución de la riqueza, debe precisamente procurar la desmantelación de privilegios y prácticas de desigualdad que fomentan el pernicioso "juega vivo" que tanto daña a los panameños y atrasa al país. Uno de ellos es la existencia de cláusulas de aumento de sueldo automático que rigen para algunas dependencias estatales (Seguro Social, Universidad, Educación, etc.) y no para otras, sin ninguna relación con la eficiencia laboral o el costo de la vida, y que constituyen un lastre cada vez más pesado para las finanzas públicas.
Con toda razón, Roberto Brenes, presidente de la Fundación Libertad, ha propuesto el "congelamiento" (nosotros diríamos derogación) de esos aumentos automáticos que -según dice- representaría un ahorro por B/. 25 millones al año. En vez de ese sistema, debería implantarse una ley general de salarios, que consulte criterios objetivos y equitativos de remuneración según el cargo y calidad de desempeño, y no sólo por la antigüedad, desechando el actual concepto de privilegio discriminador.
(*) Director del Instituto Desarrollo y Libertad. www.aipenet.com
