Problemas de la administración de la educación
Frecuentemente se afirma entre los docentes en ejercicio,y sobre todo en los educadores ya retirados, que existe mucha improvisación en el ramo educativo nacional producto, principalmente, de factores de orden político partidista. Para los educadores, que en alguna forma hemos problematizado reflexivamente a través de los años en el magisterio sobre el complejo proceso educativo, hablar de la administración de la educación es referirse a si la administración es una ciencia, es un arte, una técnica o política.
En ese sentido hay investigadores en este campo como Henry Fayol que, consideran a la administración de la cosa educativa como una ciencia, otros piensan que es una técnica y existen investigadores que manifiestan que la administración participa o está inmersa o contenida en alguna medida, dentro de estas cuatro disciplinas.
Ciertamente que esta última concepción de la administración de la educación resulta para muchos entendidos la más adecuada por cuanto los contenidos de estas materias se entrelazan entre sí como un todo, formando un conjunto de experiencias y acciones dirigidas a mantener el control de determinados factores y elementos en función del logro de un objetivo previamente establecido.
La improvisación a la que nos referimos en la administración de la educación en nuestro país radica precisamente en no comprender por desconocimiento o por factores políticos desafortunadamente, la naturaleza y el alcance académico de estas disciplinas, cuya competencia es privativa de los educadores por la formación profesional que tienen para aplicarlas en el quehacer educativo con mayor grado de seguridad que los padres de familia y la sociedad civil en general, incluyendo a la representación de los grupos cívicos.
Cuando entendamos claramente que compete solamente a los educadores por la naturaleza de la profesión, la aplicación coordinada de cada una de estas disciplinas, entonces habremos controlado con la debida eficiencia, los recursos materiales y humanos para ponerlos al servicio de los grandes fines y aspiraciones determinados por la política educacional fijada por el estado panameño.
Sin duda que la Ley 28 del primero de agosto de 1997, aprobada dentro de un ambiente de presión, referente a la selección del personal en el ramo educativo, niega el derecho que pesa sobre los educadores de escoger su propio personal sin injerencia de los padres de familia y de los clubes cívicos que no cuentan con el conocimiento de los principios y las prácticas requeridas para realizar un sistema de selección científico y el domino de los procedimientos o instrumentos necesarios para ejecutar esta tarea de carácter administrativa y pegagógica.
La proliferación de las Juntas Educativas Regionales para la selección del personal en el campo de la educación, fue el resultado de una estrategia política en contra de los principios administrativos antes expuestos, lo que ha dado margen para que otros sectores no competentes, como la representación de los clubes cívicos y los padres de familia, participen de esta selección. A estos sectores importantes de la sociedad civil se le está consagrada otras actividades de apoyo al sistema.
A nuestro modo de ver y así lo hemos comunicado a los amigos educadores, lo que se ha debido recomendar y proponer en su momento era el fortalecimiento de la Junta de Personal existente sobre la base de la enorme experiencia acumulada durante tantos años de su vigencia, en el Ministerio de Educación para así reforzar con más recursos a una institución que fue el producto de una verdadera lucha gremialista de los educadores.
El intento que se ha hecho de delegar (descentralizar) la actividad y los deberes en oficinas regionales con funciones específicas e independencia para la toma de decisiones en lo referente a la selección del personal en el ramo educativo y tal como lo estipula la Ley 28 del 1o. de agosto de 1997, es muy delicado cuando no se cuenta con los instrumentos, la capacitación y la estructura necesaria para desarrollar técnicamente tan compleja tarea.
En ese sentido hay investigadores en este campo como Henry Fayol que, consideran a la administración de la cosa educativa como una ciencia, otros piensan que es una técnica y existen investigadores que manifiestan que la administración participa o está inmersa o contenida en alguna medida, dentro de estas cuatro disciplinas.
Ciertamente que esta última concepción de la administración de la educación resulta para muchos entendidos la más adecuada por cuanto los contenidos de estas materias se entrelazan entre sí como un todo, formando un conjunto de experiencias y acciones dirigidas a mantener el control de determinados factores y elementos en función del logro de un objetivo previamente establecido.
La improvisación a la que nos referimos en la administración de la educación en nuestro país radica precisamente en no comprender por desconocimiento o por factores políticos desafortunadamente, la naturaleza y el alcance académico de estas disciplinas, cuya competencia es privativa de los educadores por la formación profesional que tienen para aplicarlas en el quehacer educativo con mayor grado de seguridad que los padres de familia y la sociedad civil en general, incluyendo a la representación de los grupos cívicos.
Cuando entendamos claramente que compete solamente a los educadores por la naturaleza de la profesión, la aplicación coordinada de cada una de estas disciplinas, entonces habremos controlado con la debida eficiencia, los recursos materiales y humanos para ponerlos al servicio de los grandes fines y aspiraciones determinados por la política educacional fijada por el estado panameño.
Sin duda que la Ley 28 del primero de agosto de 1997, aprobada dentro de un ambiente de presión, referente a la selección del personal en el ramo educativo, niega el derecho que pesa sobre los educadores de escoger su propio personal sin injerencia de los padres de familia y de los clubes cívicos que no cuentan con el conocimiento de los principios y las prácticas requeridas para realizar un sistema de selección científico y el domino de los procedimientos o instrumentos necesarios para ejecutar esta tarea de carácter administrativa y pegagógica.
La proliferación de las Juntas Educativas Regionales para la selección del personal en el campo de la educación, fue el resultado de una estrategia política en contra de los principios administrativos antes expuestos, lo que ha dado margen para que otros sectores no competentes, como la representación de los clubes cívicos y los padres de familia, participen de esta selección. A estos sectores importantes de la sociedad civil se le está consagrada otras actividades de apoyo al sistema.
A nuestro modo de ver y así lo hemos comunicado a los amigos educadores, lo que se ha debido recomendar y proponer en su momento era el fortalecimiento de la Junta de Personal existente sobre la base de la enorme experiencia acumulada durante tantos años de su vigencia, en el Ministerio de Educación para así reforzar con más recursos a una institución que fue el producto de una verdadera lucha gremialista de los educadores.
El intento que se ha hecho de delegar (descentralizar) la actividad y los deberes en oficinas regionales con funciones específicas e independencia para la toma de decisiones en lo referente a la selección del personal en el ramo educativo y tal como lo estipula la Ley 28 del 1o. de agosto de 1997, es muy delicado cuando no se cuenta con los instrumentos, la capacitación y la estructura necesaria para desarrollar técnicamente tan compleja tarea.
