Problemas de la Asamblea Legislativa
Muchos se han referido a los problemas de la Asamblea Legislativa, que se han venido acrecentando a lo largo de la reciente y maltrecha democracia del país, en virtud de que los "honorables padres de la patria" han usado los recursos del Estado en forma indiscriminada, debido al aumento desproporcionado de su presupuesto, que si se compara con el del año 1987, que fue el último que se aprobó por ese órgano del Estado y que rigió hasta 1989, había asignado a ésta la suma de trece millones trescientos treinta y ocho mil balboas, para un total de 67 legisladores que conformábamos el Poder Legislativo.
Lo que más aumentó los nuevos presupuestos fue lo asignado a las Partidas Circuitales. Recuerdo haber escrito que me extrañaba que no se hubiese investigado de oficio a quienes las recibieron, algunos con sumas aproximadas a los cinco millones de balboas.
En el período de 1984-1989, hubo lo que se denominó Programa Multiagencial de Proyectos Comunitarios, para los cuales a los legisladores que conformábamos la oposición nos asignaron para los cinco años, pequeñas partidas que en un sólo caso ascendió a ciento veinte mil balboas. Al resto las sumas oscilaban entre treinta y noventa mil balboas. A los que respaldaban el gobierno las sumas se apreciaban entre doscientos y cuatrocientos mil balboas. ¡Qué diferencia, a pesar que existía la dictadura!
El Presupuesto General del Estado ascendía para 1987 a la suma de mil setecientos dieciséis millones de balboas. Es conveniente sacar nuestras propias conclusiones y hacer comparaciones, porque el actual presupuesto, que rige hasta el 31 de diciembre del 2000, está muy cerca de los cuatro mil millones, (no tengo la cifra exacta), amén de que actualmente no existen las entidades que se privatizaron y establecer en qué consiste el aumento presupuestario. Vez y media más que en 1987. El pueblo debe saber si es derroche o a dónde fue a parar tamaña diferencia.
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que inició sus labores a partir de la nueva democracia, investigó y cauteló los bienes de la mayoría de los legisladores del período anterior. Según informe que me fue suministrado extraoficialmente, sólo siete de los cautelados pudimos demostrar el manejo pulcro de las referidas partidas. Sin embargo, algunos perdimos el crédito comercial, porque nuestros bienes fueron puestos fuera de comercio, y no se hizo justicia hasta el año 1996; mientras tanto teníamos las manos atadas. Parece mentira que quienes luchamos por el retorno a la democracia, no se nos hubiese hecho justicia antes del cambio de gobierno en 1994. ¡Cosas veredes Sancho!
Las promesas del Pacto M.E.T.A., que parecieran bien intencionadas están por ver. Si se quiere adecentar la Asamblea Legislativa se debe partir de la eliminación de las Partidas Circuitales, derogando la ley que las legalizó, si quieren tener credibilidad. El absurdo de la licencia a los padres cuando su esposa haya dado a luz, aparte que como se ha dicho, servirá para que la celebración se prolongue por varios días, es otra carga social, para los empresarios y el gobierno. Así se ahuyentará más la inversión foránea, que podría incrementar la creación de fuentes de trabajo y los negocios tendrán que nivelarse reduciendo personal.
He llegado a la conclusión que la Asamblea Legislativa se ha inmiscuido en decisiones del Poder Ejecutivo, lo que le está prohibido según la Constitución Nacional. Prueba fehaciente es la creación de las Partidas Circuitales para obras que deben ser incluidas por este último en el Presupuesto General del Estado. Es conveniente que se declare inconstitucional la ley que los respalda, tal como han solicitado distinguidos abogados que la combaten.
Insisto en que se debe llamar a una Asamblea Constituyente. La mandataria pasaría a la historia como una gran presidenta si se decide a hacerlo, aparte que es seguro que tendría un total respaldo popular con esta medida.
Lo que más aumentó los nuevos presupuestos fue lo asignado a las Partidas Circuitales. Recuerdo haber escrito que me extrañaba que no se hubiese investigado de oficio a quienes las recibieron, algunos con sumas aproximadas a los cinco millones de balboas.
En el período de 1984-1989, hubo lo que se denominó Programa Multiagencial de Proyectos Comunitarios, para los cuales a los legisladores que conformábamos la oposición nos asignaron para los cinco años, pequeñas partidas que en un sólo caso ascendió a ciento veinte mil balboas. Al resto las sumas oscilaban entre treinta y noventa mil balboas. A los que respaldaban el gobierno las sumas se apreciaban entre doscientos y cuatrocientos mil balboas. ¡Qué diferencia, a pesar que existía la dictadura!
El Presupuesto General del Estado ascendía para 1987 a la suma de mil setecientos dieciséis millones de balboas. Es conveniente sacar nuestras propias conclusiones y hacer comparaciones, porque el actual presupuesto, que rige hasta el 31 de diciembre del 2000, está muy cerca de los cuatro mil millones, (no tengo la cifra exacta), amén de que actualmente no existen las entidades que se privatizaron y establecer en qué consiste el aumento presupuestario. Vez y media más que en 1987. El pueblo debe saber si es derroche o a dónde fue a parar tamaña diferencia.
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que inició sus labores a partir de la nueva democracia, investigó y cauteló los bienes de la mayoría de los legisladores del período anterior. Según informe que me fue suministrado extraoficialmente, sólo siete de los cautelados pudimos demostrar el manejo pulcro de las referidas partidas. Sin embargo, algunos perdimos el crédito comercial, porque nuestros bienes fueron puestos fuera de comercio, y no se hizo justicia hasta el año 1996; mientras tanto teníamos las manos atadas. Parece mentira que quienes luchamos por el retorno a la democracia, no se nos hubiese hecho justicia antes del cambio de gobierno en 1994. ¡Cosas veredes Sancho!
Las promesas del Pacto M.E.T.A., que parecieran bien intencionadas están por ver. Si se quiere adecentar la Asamblea Legislativa se debe partir de la eliminación de las Partidas Circuitales, derogando la ley que las legalizó, si quieren tener credibilidad. El absurdo de la licencia a los padres cuando su esposa haya dado a luz, aparte que como se ha dicho, servirá para que la celebración se prolongue por varios días, es otra carga social, para los empresarios y el gobierno. Así se ahuyentará más la inversión foránea, que podría incrementar la creación de fuentes de trabajo y los negocios tendrán que nivelarse reduciendo personal.
He llegado a la conclusión que la Asamblea Legislativa se ha inmiscuido en decisiones del Poder Ejecutivo, lo que le está prohibido según la Constitución Nacional. Prueba fehaciente es la creación de las Partidas Circuitales para obras que deben ser incluidas por este último en el Presupuesto General del Estado. Es conveniente que se declare inconstitucional la ley que los respalda, tal como han solicitado distinguidos abogados que la combaten.
Insisto en que se debe llamar a una Asamblea Constituyente. La mandataria pasaría a la historia como una gran presidenta si se decide a hacerlo, aparte que es seguro que tendría un total respaldo popular con esta medida.
