Proceso disciplinario
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, a instancias del rector Gustavo García de Paredes, ha iniciado un proceso disciplinario en mi contra. Causal: el disentir y criticar las medidas adoptadas por ese órgano de gobierno, propuestas e impulsadas por el propio rector. Los resultados del proceso electoral universitario de hace un año -mayo de 2003-, llevaron una vez más a la rectoría de la Universidad a Gustavo García de Paredes. El torneo electoral volvió a alejarse de lo que el común espectador esperaría de un ejemplo universitario que sirviese de paradigma o al menos de orientación para mejorar las elecciones nacionales.
Clientelismo, intimidación, el voto en función de cargos y prebendas, y demás vicios que sufrimos los panameños en las elecciones nacionales cada cinco años, constituyeron nuevamente lo característico. A ello se agregó el agravante nefasto de la intervención del Contralor General de la República y del Ministro de Economía y Finanzas a favor del candidato triunfador.
Sin tomar posición a favor o en contra de los aspirantes, mantuve una vertical oposición a la intervención de esos sectores del gobierno nacional en una decisión que compete exclusivamente a docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Panamá (UP). En nuestra labor orientadora y en el derecho universal que nos cabe a expresar libremente lo que pensamos, asumimos la obligación de recordar al votante lo que habían significado las dos administraciones anteriores de García de Paredes y lo nefasto para la educación nacional de su corto paso por el Ministerio de Educación, del que fue expulsado por la confluencia casi unánime de los gremios de educadores en septiembre de 1979.
Y no nos equivocamos. Los primeros actos de su desempeño en la Rectoría están matizados por la persecución de todo aquel que le adversó, o bien participó de la administración precedente y no se apartó de ella en el momento en que él, Gustavo García de Paredes formalizó su aspiración -desde mayo del 2000- de retornar a la Rectoría de la UP en octubre de 2003. Persecución que se ha extendido a quien "ose" criticar o tan sólo discrepar de las medidas que él hace aprobar al Consejo Académico. Y decimos hace aprobar porque no es otra la realidad en la que se combinan los decanos y otros miembros de su grupo y por intimidación, otros que no lo son.
En una burda manifestación de hacerse del botín político, se han dado no sólo los cambios directivos sino barrerías completas hasta de profesores investigadores en institutos -en especial, el ICASE-, sin importar los nexos y acuerdos internacionales. Por otro lado, se adoptan medidas contra la excelencia académica y en detrimento de la ya débil agenda de la investigación, al reducir la disponibilidad horaria para ello y suspender la condición de investigador de tiempo completo retornándolas por completo a la docencia. El argumento de justificación es de ahorros económicos, sin embargo se aumentan salarios de asesores y profesores en posiciones administrativas, a la vez que se incrementa el número de éstos. Sumado a esa mentira, la otra de aumento de matrículas para tipos específicos de estudiantes que, por la cantidad de los casos, representarían cifras insignificantes y risibles al calcularlas.
Pero esto no es el final de lo que García de Paredes nos tiene en su portafolio. Por allí ha retomado su proyecto del período 1997- 2000 de los profesores de tiempo completo de dedicación exclusiva, con los visos de inconstitucionalidad y de implementar en la Universidad, la institución de la esclavitud al menos abolida formalmente en el contexto de las relaciones y los Derechos Humanos.
Esta no es la primera ni será la última intentona de deshacerse de Miguel Antonio Bernal a la que recurrirá Gustavo García de Paredes. Ya en la década del 90 quiso hacerlo. Para ello se inventó un extemporáneo Reglamento de Etica. Había que expulsar a Bernal y a Ardila, como si con ello se taparía o cesarían los señalamientos críticos a los desafueros de su gestión al frente de ese centro superior de enseñanza.
"Si logro expulsar o sancionar a Bernal nadie osará ni siquiera en pensar en estar en desacuerdo con lo que haga o deje de hacer". Así es como piensa el rector de marras. Es esa la mentalidad de un obcecado que ha hecho de la intimidación y la persecución las herramientas de un modelo de dirección arcaico y extraño a lo que es y debe ser una rectoría universitaria. Y es que en donde hay maldad y nada de creatividad, la autocracia se convierte en el arma de los enanos encaramados en trono de lo más grande de las organizaciones creadas por la humanidad.
Lo que pretende es callar el desacuerdo, violar el sagrado derecho de las libertades, de las garantías. Ello lo combatiré en todos los terrenos asistidos por las normas fundamentales vigentes; las declaraciones y convenios de Derechos Humanos; la ley universitaria y demás normas vigentes. Lo combatiré en los tribunales nacionales, así como en todas las organizaciones y asociaciones internacionales. Y en especial, entiéndase bien, en la Universidad de Panamá.
Clientelismo, intimidación, el voto en función de cargos y prebendas, y demás vicios que sufrimos los panameños en las elecciones nacionales cada cinco años, constituyeron nuevamente lo característico. A ello se agregó el agravante nefasto de la intervención del Contralor General de la República y del Ministro de Economía y Finanzas a favor del candidato triunfador.
Sin tomar posición a favor o en contra de los aspirantes, mantuve una vertical oposición a la intervención de esos sectores del gobierno nacional en una decisión que compete exclusivamente a docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Panamá (UP). En nuestra labor orientadora y en el derecho universal que nos cabe a expresar libremente lo que pensamos, asumimos la obligación de recordar al votante lo que habían significado las dos administraciones anteriores de García de Paredes y lo nefasto para la educación nacional de su corto paso por el Ministerio de Educación, del que fue expulsado por la confluencia casi unánime de los gremios de educadores en septiembre de 1979.
Y no nos equivocamos. Los primeros actos de su desempeño en la Rectoría están matizados por la persecución de todo aquel que le adversó, o bien participó de la administración precedente y no se apartó de ella en el momento en que él, Gustavo García de Paredes formalizó su aspiración -desde mayo del 2000- de retornar a la Rectoría de la UP en octubre de 2003. Persecución que se ha extendido a quien "ose" criticar o tan sólo discrepar de las medidas que él hace aprobar al Consejo Académico. Y decimos hace aprobar porque no es otra la realidad en la que se combinan los decanos y otros miembros de su grupo y por intimidación, otros que no lo son.
En una burda manifestación de hacerse del botín político, se han dado no sólo los cambios directivos sino barrerías completas hasta de profesores investigadores en institutos -en especial, el ICASE-, sin importar los nexos y acuerdos internacionales. Por otro lado, se adoptan medidas contra la excelencia académica y en detrimento de la ya débil agenda de la investigación, al reducir la disponibilidad horaria para ello y suspender la condición de investigador de tiempo completo retornándolas por completo a la docencia. El argumento de justificación es de ahorros económicos, sin embargo se aumentan salarios de asesores y profesores en posiciones administrativas, a la vez que se incrementa el número de éstos. Sumado a esa mentira, la otra de aumento de matrículas para tipos específicos de estudiantes que, por la cantidad de los casos, representarían cifras insignificantes y risibles al calcularlas.
Pero esto no es el final de lo que García de Paredes nos tiene en su portafolio. Por allí ha retomado su proyecto del período 1997- 2000 de los profesores de tiempo completo de dedicación exclusiva, con los visos de inconstitucionalidad y de implementar en la Universidad, la institución de la esclavitud al menos abolida formalmente en el contexto de las relaciones y los Derechos Humanos.
Esta no es la primera ni será la última intentona de deshacerse de Miguel Antonio Bernal a la que recurrirá Gustavo García de Paredes. Ya en la década del 90 quiso hacerlo. Para ello se inventó un extemporáneo Reglamento de Etica. Había que expulsar a Bernal y a Ardila, como si con ello se taparía o cesarían los señalamientos críticos a los desafueros de su gestión al frente de ese centro superior de enseñanza.
"Si logro expulsar o sancionar a Bernal nadie osará ni siquiera en pensar en estar en desacuerdo con lo que haga o deje de hacer". Así es como piensa el rector de marras. Es esa la mentalidad de un obcecado que ha hecho de la intimidación y la persecución las herramientas de un modelo de dirección arcaico y extraño a lo que es y debe ser una rectoría universitaria. Y es que en donde hay maldad y nada de creatividad, la autocracia se convierte en el arma de los enanos encaramados en trono de lo más grande de las organizaciones creadas por la humanidad.
Lo que pretende es callar el desacuerdo, violar el sagrado derecho de las libertades, de las garantías. Ello lo combatiré en todos los terrenos asistidos por las normas fundamentales vigentes; las declaraciones y convenios de Derechos Humanos; la ley universitaria y demás normas vigentes. Lo combatiré en los tribunales nacionales, así como en todas las organizaciones y asociaciones internacionales. Y en especial, entiéndase bien, en la Universidad de Panamá.
