Procesos amarillos
EL ejercicio forense en Chiriquí, exceptuando lo que haya que exceptuarse, está de capa caída, ahíto de mediocridad y tramoyas. Estos hechos son lamentables y parecieran darle la razón al Diccionario de Fólclor cuando sostiene que un abogado es un "ladrón con títulos académicos". Y es que hoy por hoy, reconozcámoslo con sinceridad, constituye un indiscutible anacronismo hablar de hombres de leyes porque lo que hay en nuestro medio, como norma, son hombres de tramoyas, de chicanas y otros enredos que conducen obligadamente a que los clientes siempre pierdan, aunque sus conferidos ganen los pleitos, porque los primeros ignoran que en la mayor parte de los procesos no existe un litigio real, en derecho, sino una vulgar componenda entre los apoderados de las partes.
Es obvio que una persona ajena a este gremio o que nunca haya sido víctima de un licenciado en derecho inescrupuloso no puede imaginar siquiera cómo funciona esta telaraña donde, con mil cuentos chinos, se va conduciendo, hasta que queden atrapadas, a todas aquellas personas que en algún momento se ven en la obligada necesidad de contratar los servicios de un legista. Esto no sólo le sucede a particulares incautos; hasta los mismos abogados, cuando se ponen a mirar las musarañas, quedan enredados o atrapados en estas telarañas -antijurídicas, inmorales- que, poco a poco, han venido degenerando la vida forense y convirtiendo a la administración de justicia en una burla, en una especie de caparacho entre cuyos extremos mantienen tendidos estos "cazadores tribunálicos" sus entramados de venalidad e impudicia.
Aquí, entre los mal llamados abogados, impera la ley de la selva. Porque si alguien juega limpio, los infestos -que son la mayoría- siempre buscarán cómo ensuciarlo e incluso cómo meterlo de cabeza al pantano de la impunidad abogadil, destrozarlo, ingerirlo, como si se tratara de un ejemplar de otro mundo, hasta que desaparezca todo vestigio de dignidad en el ejercicio de esta profesión. Hay muchos trucos para lograr este cometido. ¿Pero qué hecho podría ser más elocuente que un proceso amarillo para resumir cómo opera esta inmoralidad donde los abogados hacen de víctimas de sus mismos colegas? En la jerga jurídica, un proceso amarillo es un proceso falso, figurado, un fraude procesal, destinado a crear, generalmente, una insolvencia falsa, de manera que el demandado o el responsable de un crédito u obligación vencida o exigible se exima de su cumplimiento. Ejemplo: un carro colisiona a otro; el conductor que choca sabe que es responsable, pero de mala fe traspasa o vende dicho auto o cualquier otra cosa que esté a su nombre para no hacerle frente a su responsabilidad de indemnizar al afectado. Pero también sucede frecuentemente que la víctima de estos enredos resulta ser la misma persona que para "defenderse" ha contratado los servicios de un licenciado en derecho.
En Chiriquí ya no quedan casi abogados, pero sí abundan los tinterillos y licenciados en derecho quienes, al no poder volar alto, lo hacen a raíz de suelo, como feroces puercos de monte, comiéndose hasta las hojas en estado de putrefacción. Son individuos cuyo código de ética tiene una sola palabra escrita en todas sus páginas: dinero, dinero, dinero. ¿La ley? ¿El honor? ¿La ética profesional? Eso también es dinero cuando desde la cátedra estos licenciados en derecho, por una paga, buscan obligarnos a repetir estos conceptos huecos cuando todos sabemos que en la práctica tribunalicia quintal equivale a soborno y soborno a corrupción, inmoralidad e incapacidad.
Aceptemos que en algún momento sea necesario utilizar una chicana o promover un proceso figurado para defender a un cliente de una injusticia o de un abuso evidente. Pero para hacer esto se necesita inteligencia. Elegancia. Sentido de justicia. Los procesos amarillos que he conocido en esta provincia no son más que burdos atracos, maquinaciones cavernarias, donde los mismos integrantes de una firma de abogados hacen de demandantes y demandados o donde licenciados en derecho (que no abogados) hacen de títeres o testaferros de tinterillos incultos, inescrupulosos, que se han hecho tristemente célebres promoviendo esta clase de procesos, sucios, asquerosos, ruines, que son una burla para la administración de justicia y un desprestigio para los auténticos profesionales de la abogacía.
Lo que ha habido en Chiriquí es una proliferación indiscriminada, abusiva, de estos procesos amarillos, que han llegado, con más pena que gloria, hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Y a pesar de todo, la impunidad sigue su curso y no se ha sabido de algún abogado detenido o que se le haya suspendido su idoneidad por este patético y grosero abuso del derecho de litigar. Se argumentará que los afectados son los llamados a recurrir ante el Colegio de Abogados. Pero dada la magnitud perniciosa de estos casos para el ejercicio lícito de la profesión, ¿por qué este Colegio, capítulo de Chiriquí, no solicita periódicamente a los tribunales los nombres de los abogados a los que se les ha comprobado vinculación con estos fraudes procesales que han convertido en miserias las grandezas del foro chiricano?
Es indiscutible que existe una tácita impunidad abogadil. Pero ésta se tiene que acabar, sino acabará con el poco prestigio que le queda a esta profesión. Y una forma de lograrlo es haciendo introducir en el título de los Delitos contra la Administración de Justicia del Código Penal una norma específica, con una penalidad que no sea irrisoria, que le permita al juzgador remitir de oficio estos bochornos casos al Ministerio Público. Porque no es justo que cuando se detectan estos casos sea sólo el seudodemandante el condenado en costas cuando el licenciado en derecho, el artífice de la tramoya, sigue su camino en busca de una nueva víctima para poner en práctica su sapiencia retorcida, como si la institución vulnerada -la administración de justicia- fuera una mujerzuela que con fruición acepta ser violada, una y otra vez, si a cambio de ello recibe unas cuantas monedas.
(samudio@cwpanama.net)
(jorgian29@hotmail.com)
Es obvio que una persona ajena a este gremio o que nunca haya sido víctima de un licenciado en derecho inescrupuloso no puede imaginar siquiera cómo funciona esta telaraña donde, con mil cuentos chinos, se va conduciendo, hasta que queden atrapadas, a todas aquellas personas que en algún momento se ven en la obligada necesidad de contratar los servicios de un legista. Esto no sólo le sucede a particulares incautos; hasta los mismos abogados, cuando se ponen a mirar las musarañas, quedan enredados o atrapados en estas telarañas -antijurídicas, inmorales- que, poco a poco, han venido degenerando la vida forense y convirtiendo a la administración de justicia en una burla, en una especie de caparacho entre cuyos extremos mantienen tendidos estos "cazadores tribunálicos" sus entramados de venalidad e impudicia.
Aquí, entre los mal llamados abogados, impera la ley de la selva. Porque si alguien juega limpio, los infestos -que son la mayoría- siempre buscarán cómo ensuciarlo e incluso cómo meterlo de cabeza al pantano de la impunidad abogadil, destrozarlo, ingerirlo, como si se tratara de un ejemplar de otro mundo, hasta que desaparezca todo vestigio de dignidad en el ejercicio de esta profesión. Hay muchos trucos para lograr este cometido. ¿Pero qué hecho podría ser más elocuente que un proceso amarillo para resumir cómo opera esta inmoralidad donde los abogados hacen de víctimas de sus mismos colegas? En la jerga jurídica, un proceso amarillo es un proceso falso, figurado, un fraude procesal, destinado a crear, generalmente, una insolvencia falsa, de manera que el demandado o el responsable de un crédito u obligación vencida o exigible se exima de su cumplimiento. Ejemplo: un carro colisiona a otro; el conductor que choca sabe que es responsable, pero de mala fe traspasa o vende dicho auto o cualquier otra cosa que esté a su nombre para no hacerle frente a su responsabilidad de indemnizar al afectado. Pero también sucede frecuentemente que la víctima de estos enredos resulta ser la misma persona que para "defenderse" ha contratado los servicios de un licenciado en derecho.
En Chiriquí ya no quedan casi abogados, pero sí abundan los tinterillos y licenciados en derecho quienes, al no poder volar alto, lo hacen a raíz de suelo, como feroces puercos de monte, comiéndose hasta las hojas en estado de putrefacción. Son individuos cuyo código de ética tiene una sola palabra escrita en todas sus páginas: dinero, dinero, dinero. ¿La ley? ¿El honor? ¿La ética profesional? Eso también es dinero cuando desde la cátedra estos licenciados en derecho, por una paga, buscan obligarnos a repetir estos conceptos huecos cuando todos sabemos que en la práctica tribunalicia quintal equivale a soborno y soborno a corrupción, inmoralidad e incapacidad.
Aceptemos que en algún momento sea necesario utilizar una chicana o promover un proceso figurado para defender a un cliente de una injusticia o de un abuso evidente. Pero para hacer esto se necesita inteligencia. Elegancia. Sentido de justicia. Los procesos amarillos que he conocido en esta provincia no son más que burdos atracos, maquinaciones cavernarias, donde los mismos integrantes de una firma de abogados hacen de demandantes y demandados o donde licenciados en derecho (que no abogados) hacen de títeres o testaferros de tinterillos incultos, inescrupulosos, que se han hecho tristemente célebres promoviendo esta clase de procesos, sucios, asquerosos, ruines, que son una burla para la administración de justicia y un desprestigio para los auténticos profesionales de la abogacía.
Lo que ha habido en Chiriquí es una proliferación indiscriminada, abusiva, de estos procesos amarillos, que han llegado, con más pena que gloria, hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Y a pesar de todo, la impunidad sigue su curso y no se ha sabido de algún abogado detenido o que se le haya suspendido su idoneidad por este patético y grosero abuso del derecho de litigar. Se argumentará que los afectados son los llamados a recurrir ante el Colegio de Abogados. Pero dada la magnitud perniciosa de estos casos para el ejercicio lícito de la profesión, ¿por qué este Colegio, capítulo de Chiriquí, no solicita periódicamente a los tribunales los nombres de los abogados a los que se les ha comprobado vinculación con estos fraudes procesales que han convertido en miserias las grandezas del foro chiricano?
Es indiscutible que existe una tácita impunidad abogadil. Pero ésta se tiene que acabar, sino acabará con el poco prestigio que le queda a esta profesión. Y una forma de lograrlo es haciendo introducir en el título de los Delitos contra la Administración de Justicia del Código Penal una norma específica, con una penalidad que no sea irrisoria, que le permita al juzgador remitir de oficio estos bochornos casos al Ministerio Público. Porque no es justo que cuando se detectan estos casos sea sólo el seudodemandante el condenado en costas cuando el licenciado en derecho, el artífice de la tramoya, sigue su camino en busca de una nueva víctima para poner en práctica su sapiencia retorcida, como si la institución vulnerada -la administración de justicia- fuera una mujerzuela que con fruición acepta ser violada, una y otra vez, si a cambio de ello recibe unas cuantas monedas.
(samudio@cwpanama.net)
(jorgian29@hotmail.com)
