Procurador, por vergüenza renuncie
Las temerarias e irresponsables declaraciones vertidas por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, ante la Comisión de Prevención del Delito de las Naciones Unidas celebrada en Austria, en las que califica como un retroceso el veto al proyecto de ley que permitía el inicio de investigaciones criminales por enriquecimiento ilícito sin el requisito de prueba sumaria, constituyen una cortina de humo a la evidente ineficiencia del máximo órgano de investigación criminal del país y de la manipulación política que ejerce el Sr. Procurador sobre los procesos que se ventilan en dicha instancia.
A lo largo de los ocho años y casi cinco meses de gestión con que cuenta el licenciado Sossa como Procurador General de la Nación, y a pesar de cientos de denuncias públicas de supuestos hechos de corrupción, la Procuraduría ha sido incapaz de sustentar un solo caso relevante que haya sido acreditado ante la justicia ordinaria y llegado a una condena.
Retamos al procurador a que abra a la luz pública los expedientes instruidos durante la administración del presidente Pérez Balladares y los que ha iniciado en esta administración, como son: investigación del siniestro del helicóptero HP 1430 y el caso CEMIS, en donde veremos claramente la manipulación con fines políticos.
De igual forma, le exigimos que exponga las investigaciones criminales, en donde sus fiscales, caso tras caso, resultan vencidos por las defensas, en función de investigaciones mal llevadas.
222 ...la Procuraduría General de la Nación ha sido incapaz de sustentar un solo caso relevante que haya sido acreditado ante la justicia ordinaria y llegado a una condena.
Pero esto no es siquiera tan grave como cuando, en muchos casos en donde existían pruebas y evidencias concluyentes, tanto por delitos contra la administración pública de allegados al círculo del señor procurador como por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, las investigaciones fueron incompletas e ineficientes.
Es un hecho harto conocido en el foro nacional que uno de los principales problemas que enfrenta la deficiente justicia penal en Panamá es la pobre labor que llevan a cabo fiscales y personeros, tanto por la consuetudinaria práctica del nombramiento de personal sin capacidad y por factores de índole político, como por el estado de persecución y arbitrariedades que, en materia de administración de los despachos, mantiene sometidos el Procurador a todas las instancias del Ministerio Público, desde las fiscalías superiores hasta la última personería del territorio panameño.
La verdadera aspiración del Sr. Procurador General de la Nación detrás de la norma vetada por el Ejecutivo, está lejos de mejorar la administración de justicia y lograr mayor ética pública, sino controlar la capacidad de iniciar y mantener procesos de investigación en contra de funcionarios de alto rango, pudiendo ejercer toda clase de presiones políticas en beneficio de sus intereses personales.
La incapacidad manifiesta del Procurador General de la Nación para dirigir eficientemente la institución, su irrebatible ignorancia de los temas jurídicos, los fuertes cuestionamientos sobre su integridad moral, y su evidente vinculación con sectores políticos adversos a la actual administración, anulan cualquier viso de objetividad en sus declaraciones. Por lo anterior, el único acto que puede realizar el Sr. Procurador General de la Nación por la sanidad de la justicia nacional es renunciar inmediatamente a su cargo. Así lo percibo, así lo escribo.
(delegado@sinfo.net)
A lo largo de los ocho años y casi cinco meses de gestión con que cuenta el licenciado Sossa como Procurador General de la Nación, y a pesar de cientos de denuncias públicas de supuestos hechos de corrupción, la Procuraduría ha sido incapaz de sustentar un solo caso relevante que haya sido acreditado ante la justicia ordinaria y llegado a una condena.
Retamos al procurador a que abra a la luz pública los expedientes instruidos durante la administración del presidente Pérez Balladares y los que ha iniciado en esta administración, como son: investigación del siniestro del helicóptero HP 1430 y el caso CEMIS, en donde veremos claramente la manipulación con fines políticos.
De igual forma, le exigimos que exponga las investigaciones criminales, en donde sus fiscales, caso tras caso, resultan vencidos por las defensas, en función de investigaciones mal llevadas.
222 ...la Procuraduría General de la Nación ha sido incapaz de sustentar un solo caso relevante que haya sido acreditado ante la justicia ordinaria y llegado a una condena.
Pero esto no es siquiera tan grave como cuando, en muchos casos en donde existían pruebas y evidencias concluyentes, tanto por delitos contra la administración pública de allegados al círculo del señor procurador como por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, las investigaciones fueron incompletas e ineficientes.
Es un hecho harto conocido en el foro nacional que uno de los principales problemas que enfrenta la deficiente justicia penal en Panamá es la pobre labor que llevan a cabo fiscales y personeros, tanto por la consuetudinaria práctica del nombramiento de personal sin capacidad y por factores de índole político, como por el estado de persecución y arbitrariedades que, en materia de administración de los despachos, mantiene sometidos el Procurador a todas las instancias del Ministerio Público, desde las fiscalías superiores hasta la última personería del territorio panameño.
La verdadera aspiración del Sr. Procurador General de la Nación detrás de la norma vetada por el Ejecutivo, está lejos de mejorar la administración de justicia y lograr mayor ética pública, sino controlar la capacidad de iniciar y mantener procesos de investigación en contra de funcionarios de alto rango, pudiendo ejercer toda clase de presiones políticas en beneficio de sus intereses personales.
La incapacidad manifiesta del Procurador General de la Nación para dirigir eficientemente la institución, su irrebatible ignorancia de los temas jurídicos, los fuertes cuestionamientos sobre su integridad moral, y su evidente vinculación con sectores políticos adversos a la actual administración, anulan cualquier viso de objetividad en sus declaraciones. Por lo anterior, el único acto que puede realizar el Sr. Procurador General de la Nación por la sanidad de la justicia nacional es renunciar inmediatamente a su cargo. Así lo percibo, así lo escribo.
(delegado@sinfo.net)
