Profesionalizar la PTJ
La Policía Técnica Judicial (PTJ), desde que se constituyó como tal, mediante la Ley 16 de 9 de julio de 1991, así como sus modificaciones mediante la Ley 1 de 1995 (artículos 1 y 20) y Ley 2 de 1999, ha tratado de encontrar el grado de profesionalización con que debe contar un ente investigativo judicial, el cual juega un papel trascendental en las investigaciones de los hechos delictivos de nuestro país.
La PTJ, a través de su historia, se ha caracterizado por ser una institución con poca credibilidad, señalada por sus constantes abusos en materia procedimental penal, sobre todo en lo que respecta a la detención preventiva, corrupción de sus funcionarios, por mencionar algunas de sus deficiencias. Pero, para hacer un análisis diagnóstico sobre esta situación, debemos abarcar todas las contrariedades que se han reflejado en la ley y sus modificaciones que la reglamenta, donde el punto controversial es quién debe nombrar al director de esta entidad, pese a muchos criterios tanto jurídicos como políticos, y planteados por el exprocurador general de la nación Rogelio Cruz, como el actual José Antonio Sossa, quienes establecen que para evitar conflictos de intereses que afecten el eficiente desempeño de las investigaciones, debe existir una verdadera subordinación del agente de la PTJ al ente Fiscal. Ante esta situación, al exponerse el caso panameño en el XIV Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, el exfiscal general de la República de Costa Rica, José María Tijerino, expresó lo siguiente: "si el Ministerio Público, particularmente su jerarca, no tiene la potestad de dar directrices generales sobre la actividad de la Policía Judicial e instrucciones precisas en cuanto a casos específicos, se corre el riesgo de que la policía determine su propia política criminal y condicione a sus propios intereses o a intereses extraños el mismo ejercicio de la acción penal".
Pero pese a todos estos criterios, en su última modificación a la Ley que reglamenta la P T J, se dispuso que debe ser la Corte Suprema de Justicia quien nombre a su director, que como todos sabemos sólo es letra muerta, porque la disposición de su nombramiento está a merced del presidente de turno, ello queda evidenciado con los exdirectores Jaime Abad, Alejandro Moncada Luna y Emilio De León.
En cuanto al nombramiento del personal, no dista mucho que el de director, porque no existe reglamento alguno que establezca los escalafones de los puestos dentro la entidad, ni mucho menos criterios profesionales que sustenten dicha situación, encontrando fenómenos como el que una persona que ingrese con un título de Investigador Profesional criminológico , de Criminólogo, estudiante de derecho, abogado titulado, o un profesional con maestría, ocupará el puesto de Detective I, devengando un salario de B/. 400.00, pero lo más triste de esta situación, en mi opinión, fue cuando le cuestione a la Jefa de Recursos Humanos de la PT J, Kathia Cárdenas, por qué sucedía esto, me contesto llanamente, es que no existe una carrera judicial dentro de la entidad, y así se trabaja en la actualidad, en pocas palabras, el que desea trabajar allí que lo tome o lo deje, estas son nuestras reglas.
Ante estas situaciones, díganme conciudadanos, cómo podremos lograr la profesionalización de nuestra máxima entidad de investigación, si las actuales condiciones prácticamente incitan al funcionario a ser tentado, ante las garras de la corrupción y de la arbitrariedad, o peor aún, ni a ingresar siquiera a la institución y ello se denota por la carencia de su recurso humano. Sólo por mencionar, el Departamento de Homicidio sólo cuenta con unas 10 parejas de investigadores en la ciudad capital y con unas 10 unidades en el interior del país, para investigar unos 300 casos que se producen cada año.
Claro, existen caminos para cambiar esta situación. Primero dotarla con recursos económicos cónsonos a la labor que deben desempeñar; crear una ley que sustente y fundamente tanto la funcionalidad de la institución, como los profesionales que allí laboran, para que sean evaluados y clasificados como se merecen, porque hay que destacar que a pesar de todos los inconvenientes planteados, dentro de la Policía Técnica Judicial, existen profesionales con alto grado de profesionalismo que han contribuido notablemente a desmantelar organizaciones criminales tanto a nivel nacional como internacional.
(orcasa20@hotmail.com)
Mientras dormimos son tantos los panameños que intervienen de una manera u otra en la cadena de producción y protección nacional, para que podamos iniciar, sin complicaciones ,y dilación nuestra jornada ciudadana. A un año de celebrarse el Centenario de la República, aprovecho la ocasión para pedir una ovación a los héroes anónimos que hacen de Panamá cada noche una tasita de oro con su esfuerzo y dedicación.
La PTJ, a través de su historia, se ha caracterizado por ser una institución con poca credibilidad, señalada por sus constantes abusos en materia procedimental penal, sobre todo en lo que respecta a la detención preventiva, corrupción de sus funcionarios, por mencionar algunas de sus deficiencias. Pero, para hacer un análisis diagnóstico sobre esta situación, debemos abarcar todas las contrariedades que se han reflejado en la ley y sus modificaciones que la reglamenta, donde el punto controversial es quién debe nombrar al director de esta entidad, pese a muchos criterios tanto jurídicos como políticos, y planteados por el exprocurador general de la nación Rogelio Cruz, como el actual José Antonio Sossa, quienes establecen que para evitar conflictos de intereses que afecten el eficiente desempeño de las investigaciones, debe existir una verdadera subordinación del agente de la PTJ al ente Fiscal. Ante esta situación, al exponerse el caso panameño en el XIV Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, el exfiscal general de la República de Costa Rica, José María Tijerino, expresó lo siguiente: "si el Ministerio Público, particularmente su jerarca, no tiene la potestad de dar directrices generales sobre la actividad de la Policía Judicial e instrucciones precisas en cuanto a casos específicos, se corre el riesgo de que la policía determine su propia política criminal y condicione a sus propios intereses o a intereses extraños el mismo ejercicio de la acción penal".
Pero pese a todos estos criterios, en su última modificación a la Ley que reglamenta la P T J, se dispuso que debe ser la Corte Suprema de Justicia quien nombre a su director, que como todos sabemos sólo es letra muerta, porque la disposición de su nombramiento está a merced del presidente de turno, ello queda evidenciado con los exdirectores Jaime Abad, Alejandro Moncada Luna y Emilio De León.
En cuanto al nombramiento del personal, no dista mucho que el de director, porque no existe reglamento alguno que establezca los escalafones de los puestos dentro la entidad, ni mucho menos criterios profesionales que sustenten dicha situación, encontrando fenómenos como el que una persona que ingrese con un título de Investigador Profesional criminológico , de Criminólogo, estudiante de derecho, abogado titulado, o un profesional con maestría, ocupará el puesto de Detective I, devengando un salario de B/. 400.00, pero lo más triste de esta situación, en mi opinión, fue cuando le cuestione a la Jefa de Recursos Humanos de la PT J, Kathia Cárdenas, por qué sucedía esto, me contesto llanamente, es que no existe una carrera judicial dentro de la entidad, y así se trabaja en la actualidad, en pocas palabras, el que desea trabajar allí que lo tome o lo deje, estas son nuestras reglas.
Ante estas situaciones, díganme conciudadanos, cómo podremos lograr la profesionalización de nuestra máxima entidad de investigación, si las actuales condiciones prácticamente incitan al funcionario a ser tentado, ante las garras de la corrupción y de la arbitrariedad, o peor aún, ni a ingresar siquiera a la institución y ello se denota por la carencia de su recurso humano. Sólo por mencionar, el Departamento de Homicidio sólo cuenta con unas 10 parejas de investigadores en la ciudad capital y con unas 10 unidades en el interior del país, para investigar unos 300 casos que se producen cada año.
Claro, existen caminos para cambiar esta situación. Primero dotarla con recursos económicos cónsonos a la labor que deben desempeñar; crear una ley que sustente y fundamente tanto la funcionalidad de la institución, como los profesionales que allí laboran, para que sean evaluados y clasificados como se merecen, porque hay que destacar que a pesar de todos los inconvenientes planteados, dentro de la Policía Técnica Judicial, existen profesionales con alto grado de profesionalismo que han contribuido notablemente a desmantelar organizaciones criminales tanto a nivel nacional como internacional.
(orcasa20@hotmail.com)
Mientras dormimos son tantos los panameños que intervienen de una manera u otra en la cadena de producción y protección nacional, para que podamos iniciar, sin complicaciones ,y dilación nuestra jornada ciudadana. A un año de celebrarse el Centenario de la República, aprovecho la ocasión para pedir una ovación a los héroes anónimos que hacen de Panamá cada noche una tasita de oro con su esfuerzo y dedicación.
