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Propaganda electoral


Al igual que otros años, la campaña electoral ha causado que nos inunden de propaganda sobre los candidatos a puestos de elección popular. Por doquier encontramos propaganda de los casi 10,000 candidatos que aspiran a los diferentes puestos que serán renovados el próximo 1ro. de septiembre de 1999. Esta actividad promocional, justo precio que pagamos gustosos por la democracia, -papeletas en vez de balas-, está sin embargo, sujeta a regulación.
El artículo 174 del Código Electoral prohíbe la fijación de propaganda en edificios y monumentos públicos, coliseos deportivos públicos, sitios de interés histórico y cultural, hospitales, colegios, iglesias y templos; en tendidos eléctricos y telefónicos (salvo los postes); en señales de tránsito, en las carreteras, calles o caminos; en sitios que de cualquier manera afecten la visibilidad mínima o pongan en peligro el tránsito vehicular; y en los edificios, muros o casas de propiedad particular sin la autorización de los ocupantes.
La misma norma, así como reglamentos de la Autoridad Nacional del Ambiente, prohíbe fijar en los árboles anuncios utilizando clavos, alambres de púas, pegamentos y demás medios que puedan dañarlos. Las personas que violen estas prohibiciones, podrán ser sancionadas con multas de B/.50 hasta B/.1,000.
A pesar de las prohibiciones y la posible sanción a sus infracciones, los promotores de los candidatos a presidente, legislador, representante de corregimiento y alcalde están violando esta norma en forma reiterada y, salvo por contadas excepciones, no han sufrido mayores consecuencias legales.
En la Autopista Arraiján - La Chorrera, los puentes lucen los colores de todos los partidos; lo mismo ocurre en los pasos elevados en San Miguelito. Por su parte, los municipios mantienen silencio, imputando al Tribunal Electoral la competencia en esta materia. Y lo peor es que el que gane y asuma el cargo, tendrá que limpiar todo, lo suyo y lo ajeno, con cargo a las menguadas arcas municipales y por ende la ciudadanía en general.
Por eso, la iniciativa reciente del fiscal electoral para proteger el patrimonio histórico de los embates de la propaganda política, es un primer paso para erradicar el abuso y poner algo de orden a lo que hoy luce como una anarquía. Por su parte, el electorado debe comunicar a esos candidatos su disconformidad con la "decoración" impuesta en lugares prohibidos.


101 años de Panamá América

 
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