Propiedad pública
Entre los elementos comunes que muestran las candidaturas oficialmente reconocidas a la presidencia de la República está su vinculación activa en favor de los procesos recientes de privatización observados en nuestro país. Estos que desembocaron en la conformación de un efectivo monopolio en el caso de la energía eléctrica (el usuario sólo puede adquirirla de un proveedor) y de una situación de oligopolio en la telefonía, han tenido, tal como se advirtió en su momento, serias consecuencias negativas sobre la población, tanto en términos de los precios como de la calidad. Se trata de una situación que se pudo evitar si en lugar de los intereses económicos particulares hubieran prevalecido los criterios objetivos desarrollados por Stiglitz y Sappington en su ya clásico trabajo de 1987 titulado “Privatization, Information and Incentives”.
Desde la perspectiva de la Estrategia Alternativa de Desarrollo que hemos presentado a la consideración de la Nación se propone, teniendo en cuenta lo anterior, devolver al sector público el conjunto de las actividades privatizadas en el campo de la energía eléctrica y de la telefonía. Las ventajas de este curso de acción se pueden agrupar en cuatro elementos:
En primer lugar, la propiedad pública significará la eliminación de los sobreprecios y las rentas de monopolio que las empresas que operan en estos dos sectores claves imponen a los usuarios. Esto no solo permitirá defender el nivel de vida de los trabajadores y evitar la expoliación de los consumidores, sino que también crearía las condiciones para que un insumo tan esencial como lo es la energía eléctrica esté disponible a un costo razonable con fines de producción.
En segundo lugar, por medio de la propiedad pública de estos dos sectores claves de la economía se logrará la captación de un importante excedente económico, el cual estaría disponible para las tareas del desarrollo económico y social. En este sentido se propone que tanto los excedentes del Canal de Panamá como el de estas empresas públicas se pongan al servicio de la equidad social, reforzando así la trayectoria que conduce hacia una profunda y real democracia. Este objetivo se consolida, además, al evitar que la concentración de poder económico en manos de los sectores dominantes se convierta, como en la actualidad, en una fuente de poder político.
En tercer lugar, la propiedad pública sobre el sector energético y de la telefonía tiene la capacidad de constituir a éstos en un importante centro de innovación y difusión tecnológica, así como de formación de recursos humanos panameños altamente capacitados tanto tecnológicamente como en términos de la gestión económica.
En cuarto lugar, la capacidad económica que lograría el sector público con el manejo de los excedentes provenientes del Canal de Panamá y de los dos sectores claves que ahora discutimos abrirían la posibilidad de una efectiva política económica contracíclica, con capacidad de contrarrestar, aunque sea de manera parcial, las fases de atonía económica por medio de la activación de la inversión pública.
Para lograr estos objetivos, resulta indispensable la organización de la población. Esta deberá asegurar la construcción de un poder popular constituido como el elemento central de la formulación democrática de las políticas públicas, así como del obligado proceso de rendición de cuentas. También resulta imprescindible una forma de administración pública en la que los incentivos se guíen hacia el bien común.
