A propósito de la reunión de la SIP
La 54 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que tuvo lugar en Punta del Este, Uruguay, reiteró el tradicional llamado a los gobiernos de la región, a que resistan su natural impulso a reprimir y amordazar a una prensa libre, fiscalizadora de sus actos y de la conducta de sus funcionarios.
Paralelamente, exhortó a las autoridades de investigación policial y criminal del continente a ser más enérgico y diligente en la dilucidación de los expedientes de asesinatos y atentados contra periodistas, la mayoría de los cuales está vinculado a prácticas delictivas de las mafias y de servidores públicos corruptos.
En el prolijo inventario de la situación de la libertad de prensa país por país, se hizo énfasis a las violaciones de dicho derecho particularmente en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, aunque no se dio suficiente énfasis al deplorable caso de Chile con sus encarcelados, su seguridad del estado, su ley antisubversión, su decomiso de libros y su ridícula censura de películas.
203 periodistas en el continente, han pagado con su vida el ejercicio de su derecho de opinar o informar en los últimos 10 años. La mayoría de sus muertes no han sido aclaradas. Tan sólo en 1997, 11 fueron asesinados, 4 secuestrados, y varias decenas agredidos y encarcelados y en los últimos doce 24 más han sido ultimados
A las tradicionales agresiones se continúan sumando en los últimos años, bajo los nuevos regímenes democráticos surgidos en la presente década, formas abiertas y sutiles de amordazamiento y represión legislativa y judicial, disfrazadas de juntas de censura, seguridad o secretos de estado, demandas por calumnia e injuria penalizadas, defensa a la moral, irrespeto a la autoridad, licenciación, colegiación o academisismo obligatorio y otras formas de control e intimidación.
Hubo también notas positivas, como la valiente decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que en reciente fallo echó por tierra la exigencia de título profesional para ejercer el periodismo, sumándose a su similar de Costa Rica, que hace un año se pronunció contra la colegiación obligaroria en el célebre caso del Tico Times. Para la SIP, la licenciatura y la colegiatura obligatorias constituyen modalidades de censura previa a la libertad de expresión, que deben ser derogadas. Obviamente, existe todo tipo de subterfugio y pretexto de los gobiernos para dilatar u obstaculizar lo inevitable, cual es el fortalecimiento de la libertad de prensa como uno de los derechos humanos más preciados y como pilar de una democracia verdadera; y bajo cuya ausencia se extinguirían en cadena todos los demás derechos fundamentales.
Paralelamente, exhortó a las autoridades de investigación policial y criminal del continente a ser más enérgico y diligente en la dilucidación de los expedientes de asesinatos y atentados contra periodistas, la mayoría de los cuales está vinculado a prácticas delictivas de las mafias y de servidores públicos corruptos.
En el prolijo inventario de la situación de la libertad de prensa país por país, se hizo énfasis a las violaciones de dicho derecho particularmente en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, aunque no se dio suficiente énfasis al deplorable caso de Chile con sus encarcelados, su seguridad del estado, su ley antisubversión, su decomiso de libros y su ridícula censura de películas.
203 periodistas en el continente, han pagado con su vida el ejercicio de su derecho de opinar o informar en los últimos 10 años. La mayoría de sus muertes no han sido aclaradas. Tan sólo en 1997, 11 fueron asesinados, 4 secuestrados, y varias decenas agredidos y encarcelados y en los últimos doce 24 más han sido ultimados
A las tradicionales agresiones se continúan sumando en los últimos años, bajo los nuevos regímenes democráticos surgidos en la presente década, formas abiertas y sutiles de amordazamiento y represión legislativa y judicial, disfrazadas de juntas de censura, seguridad o secretos de estado, demandas por calumnia e injuria penalizadas, defensa a la moral, irrespeto a la autoridad, licenciación, colegiación o academisismo obligatorio y otras formas de control e intimidación.
Hubo también notas positivas, como la valiente decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que en reciente fallo echó por tierra la exigencia de título profesional para ejercer el periodismo, sumándose a su similar de Costa Rica, que hace un año se pronunció contra la colegiación obligaroria en el célebre caso del Tico Times. Para la SIP, la licenciatura y la colegiatura obligatorias constituyen modalidades de censura previa a la libertad de expresión, que deben ser derogadas. Obviamente, existe todo tipo de subterfugio y pretexto de los gobiernos para dilatar u obstaculizar lo inevitable, cual es el fortalecimiento de la libertad de prensa como uno de los derechos humanos más preciados y como pilar de una democracia verdadera; y bajo cuya ausencia se extinguirían en cadena todos los demás derechos fundamentales.
